Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas

Como es norma en casi todas las administraciones, después de lo que cuesta que la justicia actúe y sentencie la especulación urbanística delictiva, al final bien sean municipios o autonomías se niegan a cumplirlas bajo cualquier pretexto inaudito. Es lo que ocurre con este gran complejo urbanístico ilegal construido sobre una isla del embalse de Valdecañas en Cáceres. Años de lucha de colectivos vecinales y protectores de la Naturaleza pueden quedar en nada si la justicia, nuevamente, no toma otras medidas más drásticas. Y, lamentablemente, lo peor es la impunidad con la que actúan los corruptos en urbanismo, sabedores de la debilidad y/o complicidad de los que tienen que hacer cumplir la ley.
"ELPAÍS* : Apartamentos exclusivos de uno a tres dormitorios, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas. Así se sigue anunciando la venta de inmuebles en la página web del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una macrourbanización situada en una isla del pantano, en zona protegida por la Red Natura 2000. “Desde 195.000 euros más IVA”, añade la promoción. Aparentemente, todo sigue como siempre, pero nada es lo que se previó. El Tribunal Supremo ordenó en febrero el derribo de lo ya construido y la paralización de las siguientes fases. Decretó que es ilegal.

La Junta de Extremadura, sin embargo, se resiste a cumplir la sentencia. Asegura que la demolición costaría 34 millones de euros y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Extremadura (PP) han presentado un escrito en el juzgado para pedir que abra un “incidente de imposibilidad de ejecución” de la sentencia del Supremo que determinó que no se puede urbanizar en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, una figura europea de protección ambiental. La Junta alega, entre otras cosas, que “la devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental, pues carecía de los mismos”. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo afirma que la construcción de 185 “villas”, un hotel de 80 habitaciones, un campo de golf y una base náutica con 76 atraques, entre otros, no ha afectado a los valores medioambientales de la zona, sino todo lo contrario. Demoler el complejo, asegura, sería perjudicial.

El texto alega que en el terreno nunca se había asentado ninguna especie de fauna o flora relevante o protegida: ni pagaza piconegra, ni gansos, ni grullas. La construcción del complejo, en cambio, tuvo un efecto “altamente positivo”, razona la Junta, porque se talaron 6.772 eucaliptos que se sustituyeron con arbolado autóctono: encinas, pinos piñoneros, fresnos, plátanos... De ejecutarse la sentencia, habría que “proceder a la tala” de casi 8.000 árboles y 100.000 matorrales plantados durante la construcción y que ayudaron a “mejorar notablemente la calidad paisajística de la zona”.

En lo que respecta a las aves, el escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) señala que la desaparición del complejo supondría la pérdida de la vigilancia existente. Y dado que este servicio “ha eliminado el furtivismo” y ha permitido que, gracias a “las condiciones de tranquilidad y sosiego”, la población de gansos, grullas y pagazas piconegras haya aumentado en el entorno de la isla, en la ZEPA (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas, si se retira puede producirse un “recrudecimiento de esas prácticas” y “la eliminación de la tranquilidad que ha provocado el fuerte incremento en la población”. La Junta alega también que ejecutar la sentencia supone “la desaparición” de dos depuradoras, con lo que se volvería “a la situación anterior, de vertidos de aguas sin depurar”.

José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, califica de “peregrinos” los argumentos de la Junta y asegura que ejecutar la sentencia del Supremo no significa que haya que “demoler depuradoras, que la Directiva de Aguas obliga a construir, ni mucho menos arrancar árboles”. Se trata únicamente de “revertir la urbanización de lo que era un espacio natural”, algo que la ley obliga a hacer con una estricta evaluación ambiental. Trillo recuerda que se ha llegado a la situación actual por culpa de la desidia de la Administración, puesto que las organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción y Adenex) llevan años pidiendo la suspensión cautelar de las obras del complejo.

El Gobierno de Extremadura aprobó, en 2007, el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, con el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro años después, en marzo de 2011, les dio la razón al declarar la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico, un lugar en el que, según publicó el diario ecónomico Expansión, tienen casas directivos de empresas como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero pasado y declaró la nulidad del PIR. El TSJE dio un plazo a la Junta de Extremadura, que es la que debe demoler el complejo, para ejecutar voluntariamente la sentencia. En lugar de hacerlo, ahora pide al TSJE que le exima. A estas alturas, la primera fase de Isla de Valdecañas ya está acabada. El coste de que entre la piqueta ahora, si entra, es de 34 millones de euros, según argumenta el Gobierno de Extremadura en su escrito, que también alega otras “razones socioeconómicas” para dejar las cosas como están: los puestos de trabajo creados, los intereses de los que han comprado propiedades allí y los perjuicios económicos para los dos municipios afectados (Berrocalejo y El Gordo) en licencias urbanísticas e impuestos como el IBI.

El segundo hotel, sin subvención

Al mayor complejo de turismo y ocio de Extremadura, Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, a unos 160 kilómetros de Madrid, se le acumulan las dificultades. No solo está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo; la acuciante situación económica del proyecto llevó a su promotora a presentar preconcurso de acreedores en febrero pasado, poco después de conocerse el fallo. De los dos hoteles que estaba previsto levantar en la isla, uno ha perdido la subvención de 1,5 millones de euros que había obtenido de los fondos europeos FEDER. El Ministerio de Hacienda se la retiró hace unos días. Las obras llevaban meses paralizadas por falta de financiación.

La empresa Valdecañas Medical SPA S. L. tenía previsto construir allí un hotel de cinco estrellas. Sería el segundo; ya hay otro de cuatro estrellas. El Boletín Oficial publicó el 2 de mayo pasado una orden que declara el incumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a los fondos: no se realizaron las inversiones de 15 millones de euros previstas, no se crearon y mantuvieron 33 puestos de trabajo, etcétera Es decir, al no haber hotel, tampoco hay ayudas.

Los dos pueblos cercanos a la urbanización, El Gordo y Berrocalejo, aseguran que la demolición del complejo de ocio tendría un perjuicio económico para ellos. Tal y como reseña el escrito de la Junta de Extremadura en el que pide al juzgado que le exima de ejecutar la sentencia, El Gordo ha obtenido en concepto de licencias urbanísticas 1,6 millones de euros y por el canon compensatorio de aprovechamiento urbanístico, 2,9 millones. Berrocalejo ha percibido 145.000 euros y 1,2 millones de euros, respectivamente.


* El País - ELENA G. SEVILLANO - 18.5.14
Foto: Valdecañas (Cáceres), urbanizacion - ecologistasenaccion.org



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El 'pelotazo' urbanístico de De Miguel y Riera en Zambrana iba a generar 65 millones

En la localidad alavesa de Zambrana se iba a perpetrar uno de los mayores pelotazos urbanísticos del País Vasco. Ya se ha hablado en este blog en varias ocasiones de este delito protagonizado por la Diputación del PNV en Álava, y es que la recalificación ilegal de 120 hectáreas de terrenos para un polígono industrial no es un asunto menor. Hay ya más 20 imputados en esta trama mafiosa en la que el nº2 del PNV alavés, De Miguel, y el empresario catalán Riera, llevaban las riendas de lo que iba a suponer una plusvalía de 65 millones. Hay que esperar una vez más la celeridad de la justicia, porque el tiempo sigue pasando a favor de los delincuentes político-empresariales.
"ELMUNDO* : La recalificación de 120 hectáreas que desde distintas responsabilidades públicas y en especial desde el área de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) de la Diputación impulsó el ex número dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, en la pequeña localidad de Zambrana iba a generar una plusvalía de 65 millones a los promotores catalanes (Construcciones Riera) interesados en los terrenos y que pagaron indirectamente 180.000 euros a una empresa "pantalla" del político, Kataia Consulting, entre otros pagos a personas y sociedades de su entorno.

Esos datos los aportó ayer ante el juez de Vitoria que investiga el caso, Roberto Ramos, el ex administrador de Riera, Francesc Fernández, imputado en la causa.

Fernández, que forma parte de una larga lista de más de 20 imputados, declaró ayer durante más de dos horas ante el juez Ramos. El empresario señaló que Riera vio en la recalificación una oportunidad de negocio fuera de Cataluña y que se planteaba "instalar una planta de generación de energía de ciclo combinado porque pasa la tubería de gas del País Vasco y porque tiene el río [Ebro] que lo posibilita". "La previsión de facturación por el polígono de Zambrana era de 65 millones de euros", aseguró Fernández, según consta en la declaración judicial, a la que ha tenido acceso ELMUNDO del País Vasco.

Por ello, el empresario catalán señaló ante el juez que era perfectamente "razonable" que acordara pagar unos "honorarios" de tres millones de euros a Josu Arruti, amigo de De Miguel e intermediario de Riera en el País Vasco. Arruti, a través de la empresa Sidepur, fue contratado para distintas labores de asesoramiento en torno al plan de Zambrana. Esos informes y trabajos no consta que se hicieran -Fernández repitió que Arruti los hizo «perfectamente» y prometió "un CD" con documentos para demostrarlo; el aludido alega que perdió todo en una inundación-, por lo que los responsables de la investigación sospechan que se tratase de una comisión ilegal a cambio del impulso del proyecto en distintas instancias. Esta hipótesis viene reforzada por el hecho de que el primer pago de Riera a Sidepur (150.000 euros) acabara desviado a Kataia Consulting, una empresa sin apenas actividad controlada por De Miguel pero a nombre de su esposa, Ainhoa Bilbao, y con su hermana, Aintzane de Miguel, como contable. A ese dinero se sumaron otros 30.000 euros posteriormente hasta sumar 180.000 euros.

En teoría, también Kataia Consulting realizó informes para el proyecto de Zambrana, aunque tampoco existen esos documentos y Fernández declarara ayer que "en ninguno de los trabajos que ha presentado el señor Arruti aparecían los membretes de Kataia Consulting".

La sociedad u otras afines han sido vinculadas por la Policía al cobro de otras supuestas comisiones tras adjudicaciones de contratos y una empresaria, Ainhoa Alberdi, llegó a denunciar con grabaciones en la mano que De Miguel y otro dirigente del PNV, Aitor Tellería, la habían extorsionado para que les pagara una comisión de 100.000 euros supuestamente pactada por su socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, quien con una asesoría se había llevado un contrato del parque tecnológico de Miñano en el que medió también De Miguel.

Fernández aseguró ayer en varias ocasiones que conoció la existencia de la empresa de De Miguel «a través de los medios de comunicación» ya que Riera tenía en Sidepur su único interlocutor en el País Vasco y éste se encargaba de las subcontrataciones. Sin embargo, en un contrato de préstamo entre su empresa y De Miguel, Arruti y otras personas también figuraba como beneficiaria la asesoría Kataia Consulting.

Lógicamente, en el ejercicio de su derecho a la defensa, Fernández negó que haya un pago de comisiones. Recordó, de hecho, que «ahorró» dinero a Riera al renegociar los «honorarios» de Arruti desde los 3 millones hasta alrededor de 1 millón de euros, según explicó. Insistió, además, en que desconocía que su empresa, indirectamente, estuviera pagando a De Miguel, que, admitió, era su interlocutor en la Diputación para testar el desarrollo de la recalificación. "No tenía ni idea de que [esta empresa] tuviera relación con Alfredo de Miguel", señaló el empresario catalán después de señalar que "conoce" al influyente ex dirigente del PNV por haber "coincidido cuatro o cinco veces en su despacho oficial de la Diputación" -reuniones "en las que también estaba el señor Arruti»- para «conocer la disposición de la Administración pública con el proyecto de Zambrana".

El sustituto de Fernández al frente de Riera, Nicolás Guerrero, declaró recientemente en esta misma causa que el político dio el "visto bueno" a la operación después de que la constructora catalana le hubiera pagado esos 180.000 euros. Es precisamente Guerrero uno de los pilares de la acusación del juez Ramos y del fiscal Izaguirre, ya que remarcó que sus predecesores en Riera habían "vaciado la caja" de la filial creada para el proyecto en Zambrana (Riera Urbanizer) al haber pagado a los intermediarios "por nada", por una supuesta labor de asesoramiento de la que no hay constancia documental.

Es más, este empresario ha llevado a juicio en Barcelona a Fernández y a Plàcid Casas -administrador de Riera Urbanizer y que declaró también ayer como imputado en Vitoria-, a los que acusa de «apropiación indebida» con el respaldo de la Fiscalía. Está previsto que la vista se celebren en breve.


* El Mundo - IKER RIOJA ANDUEZA - 16.5.14
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos

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