Más de 3,4 millones de viviendas vacías en España... pero “hay que seguir construyendo”

¡Más madera! parecen seguir pidiendo los mismos causantes del 'boom inmobiliario' que fue detonante de la crisis/estafa de los años pasados. Como si no se hubiera aprendido nada de esos errores ahora vuelven a la carga con las mismas falsas promesas y probablemente idéntica corrupción. El congreso ‘Solidaridad urbana’ celebrado en Bilbao ha profundizado en la realidad de los desahucios y las necesidades de alojamiento actual, que suponen una paradoja frente a los más de 3,4 millones de inmuebles vacíos en España (otras fuentes mejor informadas llegan hasta los 5,5 millones). Hay una alarma por parte del poder central, y es que, pese a no tener necesidad, dicen que hay que seguir construyendo, quizás para seguir enriqueciéndose personalmente y camuflar su pésima gestión urbanística, industrial o agrícola.
"ELDIARIO* : En 2013 existía en Euskadi un total de 91.008 viviendas vacías, de la cuales un 8,7% correspondía al parque inmobiliario, según señalan las últimas estadísticas elaboradas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Las viviendas deshabitadas en la CAV crecieron entre 2011 y 2013, y en el total del Estado suman los 3.443.365, un hecho que choca frontalmente con la realidad de los desahucios y las necesidades de alojamiento actual.

Ambas cuestiones, vinculadas a las políticas de vivienda y un mejor aprovechamiento de los recursos, han sido discutidas esta semana en Bilbao dentro del congreso ‘Solidaridad Urbana. Derecho al Alimento y a una Vivienda Digna’, organizado por el grupo Ekiten-Thinking de la UPV, en el que se han planteado soluciones alternativas para una gestión pública que debe garantizar un bien de primera necesidad como es el derecho humano al hogar.

Para ello, el congreso ha contado con la intervención del jurista Juli Ponce de la Universidad de Barcelona quien ha incidido en que “el problema no está en la vivienda vacía, sino en que no hay vivienda asequible”. “Como estamos viendo estos años, el mercado produce externalidades y mucho sufrimiento que con una buena regulación de los desahucios y condiciones hipotecarias y una buena regulación de la actuación contra la vivienda vacía, como hacen los países de nuestro entorno, supone una vía razonable de actuar”, anunciaba. Y es que en Francia e Italia ya existen modelos fiscales que establecen medidas para la limitación del derecho a la propiedad y medidas de incentivación de la puesta del mercado en la vivienda vacía. “Porque contrariamente a lo que se piensa, aclara Ponce, el propietario no puede hacer lo que quiera con su propiedad”. “La vivienda asequible es un servicio de interés general, un servicio público”, sostenía.

En su intervención, el jurista recordaba que la vivienda está directamente vinculada con la ciudad y, por lo tanto, con el urbanismo. “En Cataluña el derecho a la vivienda se ha enmarcado dentro de un servicio de interés general”, ejemplificaba como se ha hecho también en otros países de la UE. Sin embargo, “pocas declaraciones de la vivienda como servicio de interés general, es decir público, he visto en España, creo que ninguna”, decía Ponce. Entre las medidas que actualmente están impulsándose en Tarrasa como posible solución al problema de los inmuebles vacíos, el jurista destacaba que “es posible sancionar con multas dinerarias, que en el caso del derecho a la vivienda están en 900.000 euros en Cataluña, o no dinerarias”. En este sentido, “Cataluña prevé otras sanciones que consisten en no poder inscribirse en determinados registros o no tener acceso a financiación pública”, explicaba. “Se puede expropiar y se puede llegar a perseguir penalmente como reconoce la doctrina penalista”, indicaba Ponce, quien instaba a declarar “la idea de que alguien está incumpliendo la función social de la propiedad públicamente” como un modo de desincentivo ensayado en otros países europeos.

700.000 viviendas deshabitadas en Andalucía

Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, escenificaba la situación que se vive en su comunidad autónoma, que con ocho millones de habitantes “casi como un país”, el 35% de desempleo y 700.000 viviendas deshabitadas necesita nuevas políticas que contribuyan “a un cambio radical” en este sector. Para ello, Cortés ha explicado el plan que desde su consejería intenta cambiar lo que ella ha valorado como “las dos caras de una misma moneda: la burbuja de las viviendas y la burbuja de las infraestructuras innecesarias”. “Algo que hemos vivido prácticamente desde que estamos en democracia, aunque mucho más acelerado desde hace 20 años con el asalto al territorio, que tiene que ver con la alianza del bipartidismo con el capitalismo inmobiliario español”, aseguraba. En este sentido, Cortés defendía la vivienda como un derecho humano. “No es una mercancía; para especular uno puede comprar un lingote de oro pero no una vivienda, la vivienda es un bien de primera necesidad y un derecho humano. Por eso, la política de vivienda no es sectorial, es urbana”, argumentaba.

En palabras de la consejera, ”entregar la vivienda al mercado ha hecho que la función social de la vivienda no exista o se cuestione”. En Andalucía cuentan con 108.000 personas inscritas en los registros oficiales como demandantes de viviendas, algo que frente a las 700.000 viviendas desocupadas parece sencillo resolver, pero no lo es tanto, puesto que el 60% de los demandantes cobra menos de un IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y la Junta no tiene constancia de la ubicación y situación de dichos inmuebles. “Es absolutamente increíble que un poder público que se supone que tiene que garantizar el acceso al derecho humano a la vivienda desconozca por qué no se dotó de herramientas necesarias para saber la ubicación y situación de las mismas”. Además, pese a su abultada población, en Andalucía solo existen 80.000 viviendas de parque público, “que es como si la ciudad de Granada fuera parque público”, compara Cortés que suma también a la complejidad de la situación “el drama de la infravivienda”.

Ante esta situación, la consejería de Fomento lanzó un plan para identificar las viviendas sin uso por más de seis meses y sancionar al propietario en caso de que no se pusieran en alquiler. Asimismo, las entidades financieras que se han quedado con VPO tenían la obligación de comunicarlo y ponerlas a disposición del registro de los demandantes de hogar. Sin embargo, el presidente del Gobierno, arguyendo que esto último provocaría un caos financiero, presentó un recurso ante el TC, que por el momento ha suspendido cautelarmente la ley. De modo que la Junta de Andalucía trata ahora de conseguir que no se construyan más viviendas, “salvo que esté acreditado en la orden de planes municipales”, porque según los últimos estudios, la comunidad cuenta con suelo y vivienda ya construida como para 75 años. Sin embargo, “hay una alarma por parte del poder central, señala Cortés, y es que, pese a no tener necesidad, dicen que hay que seguir construyendo”.

Críticas a la cultura de la propiedad

En la misma ponencia, la activista antidesahucios Ada Colau culpaba a los expertos de viviendas de “usar un lenguaje que el ciudadano no entiende”. “Se puede ser riguroso y compresible porque la lucha por los derechos es una lucha por definir la realidad”, reclamaba. Colau también condenaba la negación de la burbuja inmobiliaria por parte de los gobiernos que califica como una “estafa”. “Y no solo eso, indicaba la activista, nos hemos encontrado también con una recomendación a la población de que lo mejor que podía hacer era comprarse una vivienda porque era la mejor de las inversiones, la acción más segura y más prudente que podía hacer un ciudadano de este país”. Así criticaba Colau que se dijera que “la cultura de la propiedad la llevábamos en la sangre”. Una culpa también, en su opinión, de los medios de comunicación que reproducían ese mensaje. Sin embargo, “cuando nada invitaba, la ciudadanía se anticipó, denunció esa burbuja inmobiliaria y gracias a esto pudo también anticipar el estallido”, señaló Colau. “Y todo ello sin recursos, sin medios de comunicación, sin gabinetes económicos ni juristas, solo con el sentido común de la ciudadanía que hasta hoy sigue liberando la respuesta más efectiva”, sentenciaba.


* EL Diario - Laura Murillo Rubio - 1.6.2014
Foto: Benalmádena Costa, may07  - J.Rojas (El País)




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El TSJCV tumba de nuevo el PAI Mestrets de Castellón por la anulación del Plan General

El Plan Mestrets era y es importante para el futuro de Castellón, pero las chapuzas delictivas que han ido sucediéndose desde 2003 con su desarrollo han terminado por hacerlo inviable en estas condiciones. La lucha vecinal ha acabado venciendo contra el PAI. El Ayuntamiento y la Generalitat infringieron "el principio de equidistribución de beneficios y cargas", según sentencia judicial de 2008, luego revocada por otra contraria del Supremo en 2012. Ahora, finalmente, el TSJCV lo vuelve a rechazar al considerar que el Plan General municipal donde pretende integrarse está anulado también. Como se ve una serie infinita de despropósitos y corruptelas que vienen de la etapa en que A.Fabra, ahora presidente de la Comunidad Valenciana, era alcalde de Castellón, lo que da más relevancia al problema.
"RADIOCASTELLÓN* : El Tribunal Superior de Justicia valenciano tumba de nuevo el PAI Mestrets de Castellón al considerar que la actuación no puede incluirse en el Plan General de Ordenación Urbana porque está anulado. Los vecinos afectados aplauden la decisión judicial tras once años de litigio y esperan que el proceso no se dilate más.

El Ayuntamiento de Castellón anunció en 2003 uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad: el Programa de Actuación Integrada Mestrets. En él se preveía construir el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el edificio del rectorado de la VIU, el polideportivo Chencho y la Ronda de Circunvalación, además de 6.000 viviendas, la mitad de ellas, públicas. Se trataba de buena parte de los compromisos electorales del PP, algunos de los cuales, con la crisis, han quedado en el cajón.

Para llevar a cabo la actuación debían derribarse unas cuarenta viviendas y algunos de los vecinos decidieron recurrir a los tribunales. El TSJ valenciano les dio la razón al considerar que se repercutían en el PAI proyectos generales y dotaciones públicas de toda la ciudad, es decir, que las cargas urbanísticas a Els Mestrets eran excesivas. La decisión fue recurrida al Tribunal Supremo por la Generalitat, el ayuntamiento y una asociación vecinal. El alto tribunal anuló la sentencia y ordenó reiniciar el proceso de nuevo en el TSJ. De allí es de donde viene ahora la sentencia a la que ha tenido acceso Radio Castellón.

La sala de lo contencioso-administrativo estima la demanda de los vecinos afectados, por lo que anula la resolución de 2005 en la que se modificaba el Plan General de Ordenación Urbana para incluir el PAI. Y es que, según recuerda la sentencia, el PGOU de Castellón está anulado, por lo que, asegura, "sobre lo inexistente no pueden realizarse modificaciones". Ahora, la Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón podrán recurrir el fallo del juez.

La portavoz de la Asociación Mestrets-Borriolenc, Ángela Salax, ha mostrado su satisfacción por la sentencia, que llega tras una larga batalla en los tribunales. "Es tarde porque llevamos once años con peleas judiciales, estas cosas se deberían resolver antes porque por el camino siempre hay gente que enferma y que lo pasa muy mal", ha lamentado Salax. Sin embargo, el final del proceso se antoja aún largo. Y es que los tribunales aún tienen que resolver la propia aprobación del PAI, que se aborda por separado.

REACCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Ángel Mulet, ha mostrado prudencia sobre la sentencia del TSJ que invalida el PAI Mestrets, pero ha señalado que cree que no afectará al urbanismo de la ciudad. Pese a ello, Mulet ha declarado que el equipo de Gobierno local no tomará ninguna decisión hasta tener los informes de los técnicos municipales.


* Radio Castellón - 28.5.14
Foto: Castelló, protesta vecinal PAI Mestrets - levante-emv.com

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