El Ministerio de Cultura desatiende el Patrimonio Mundial de la Unesco

No toda protección del Patrimonio histórico-artístico depende del capital invertido en él, pero una gran mayoría necesita como agua de lluvia unos recursos mínimos para su conservación y mantenimiento. Actualmente se ha reducido desde el 'popular' Ministerio de Cultura, con el incompetente ministro Wert al mando, un 76% de la inversión imprescindible en monumentos de primera línea, que están incluso en la lista del Patrimonio mundial de la Unesco. El disparate en esta cuestión es de inmensas proporciones ya que es mucho más sencilla la prevención y mantenimiento que no, luego, tener que acometer importantes obras de restauración. Esta es la verdadera 'Marca España' y todo lo que sea una reducción de las ayudas necesarias repercute negatívamente en esas obras arquitectónicas de primer orden, que son aplaudidas por todo el mundo... "Si las piedras hablaran".
"ELCONFIDENCIAL* : El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene la política de recorte sobre la conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, y así lo refleja el BOE: la inversión en esta partida que ayuda a las Administraciones locales y regionales en la preservación del legado reconocido por el organismo internacional ha caído hasta los 700.400 euros. En los últimos seis años la partida ha sido recortada un 76,6% (en 2008 se apoyaba con 3.000.0000 de euros), y desde 2012 un 65%, cuando se invirtieron 2.000.000 de euros.

Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reconocen la merma: "Naturalmente, en los últimos años ha sido necesaria hacer una disminución en los presupuestos destinados a patrimonio, pero se ha hecho disminuyendo la actividad en los aspectos menos importantes y manteniendo las necesidades básicas y las actuaciones urgentes". Es decir, se ha priorizado la urgencia sobre la prevención.

Añaden que los presupuestos destinados a la conservación son “mucho más amplios” que los recortados ahora. Efectivamente, las partidas en los Presupuestos Generales del Estado reflejan las inversiones de los departamentos que se encargan de estos asuntos y descubren la voluntad política sobre el patrimonio: si en 2010 se invirtieron 39.450.550 euros en la conservación y restauración de bienes culturales, cuatro años después se ha decidido dejarlo en 19.895.100 euros (de los cuales sólo 11 millones son inversiones reales), es decir, una dramática reducción del 49,5%.

Las rebajas se pagan

En la partida de la Protección del patrimonio histórico ocurre comprobamos la misma evolución: de los 11.529.880 a 4.874.470 euros, un 57,7% menos. Al compararlo con el resto de partidas presupuestarias bajo control de la Secretaría de Estado de Cultura, ninguna otra ha sufrido una rebaja tan acentuada y, según los especialistas de la conservación, “peligrosa”.

Jesús Serrano es Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de 2013, galardón concedido por el Ministerio por la intervención que realizó, junto con Juan Carlos Pérez, en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, es tajante al hacer balance de las ayudas a la conservación del patrimonio: “La situación es caótica. Es algo realmente lamentable. Con estas inversiones el patrimonio no está asegurado, porque sólo se invierte en caso de emergencia. Y cuando menos se invierte, más se destruye. Pero esto es muy difícil que lo entienda un político, porque son necios interesados sólo en inaugurar glorietas y polideportivos”, explica.

En la entrevista que el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, mantuvo con El Confidencial el pasado mes de abril, asegura que en 2015 el presupuesto de Cultura mejorará y con ello también la partida dedicada a patrimonio. “Creo que en estos dos años hemos sido capaces de salvaguardar la conservación de ese patrimonio y no se ve ni se ha visto amenazado”, añadió para despejar dudas.

"Con estos presupuestos no se puede asegurar el patrimonio”, habla Ana Laborde, miembro de la junta directiva del Grupo Español de Conservación, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección del patrimonio. “La consecuencia de la retirada de apoyo del Estado supone un aumento del riesgo. Como las Administraciones locales dependen mucho de los recursos del Estado han dejado de invertir. Lo más grave es que cada vez se ponen en marcha menos proyectos de conservación preventiva, con lo que todo se deteriora más y recuperarlo será más caro”, sus palabras están avaladas por más de veinte años trabajando en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE).

Sin inauguración, no hay dinero

Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura dan otra versión de los acontecimientos: “Hemos cambiado de estrategia de conservación, desarrollando aspectos como la conservación preventiva”. La intervención preventiva más conocida del momento es el estudio de las cuevas de Altamira.

Desde la cartera responsabilidad de José Ignacio Wert se indica a este periódico cuáles han sido las líneas de actuación en estos dos años, señalando la amenaza de la desaparición: “Nuestra prioridad ha sido mantener las instituciones culturales, cuya desaparición hubiera sido irreversible, y atender a las necesidades prioritarias”. En este sentido, continua la fuente del Ministerio, se ha hecho “una gran selección de las actuaciones, priorizando las necesidades más acuciantes”. Así que no queda muy claro si se invierte por urgencia o por prevención.

La presidenta de Hispania Nostra –organización que mantiene una lista roja sobre el patrimonio español en peligro– es Araceli Pereda, personalidad irremplazable en el desarrollo de la protección y conservación de los bienes de interés cultural de este país. Fue la directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y reconoce que con más dinero no se asegura la protección, porque cree en “el poder de la inteligencia”, es decir, en la eficiencia de las inversiones.

“El patrimonio forma parte de nuestra vida y es como nosotros, si te cuidas es más probable que no tengas necesidad de cuidarte. Con una buena planificación haría falta menos dinero para conseguir buenos objetivos, pero ¿tenemos un plan de priorización de las actuaciones que deje claro qué es lo más importante?”, se pregunta la experta. Y desvela con crudeza el porqué de la ausencia de las intervenciones que previenen más que curan: “No se inauguran. El mantenimiento sostenido no luce, no sale, no tiene foto. Los políticos no se dan cuenta de la importancia del patrimonio”.

Demagogia, el peor enemigo

Para Pereda la mayor amenaza del patrimonio es la demagogia, porque si algo genera empleo todo vale, incluso la destrucción. Desde el paisaje a los monumentos. “Debemos mantener los presupuestos para evitar el peligro y buscar la participación social”. De nuevo, llegamos a la frustrada Ley de Mecenazgo. Las Administraciones se retiran del apoyo a la conservación dando a entender que es el turno de las empresas, pero los mecenas parecen necesitar incentivos fiscales para concienciarse.

Precisamente, otro agujero negro en la conservación es ese, la conciencia. La sociedad debe asumir la protección de su legado. De esta manera se reduce la voracidad del mercado y la complicidad política sobre los bienes, que ya se ha podido comprobar en las destrucciones de Canalejas y próximamente –y si nada lo evita- el edificio de España, ambos en Madrid.

Uno de los objetivos de la partida mermada por el Ministerio de Cultura drásticamente es, entre otros, “apoyar aquellos proyectos que ayudan a fomentar la función social del patrimonio cultural”, así como “impulsar la difusión y conocimiento de los bienes declarados Patrimonio Mundial de España y la Convención de Patrimonio Mundial”. No parece que la conciencia esté en la hoja de ruta de la estrategia del Ministerio.

A los especialistas les preocupa el mensaje que se manda desde Cultura: el recorte sobre las ayudas al patrimonio es la única salida. “Un recorte de este tipo añade más amenaza a la situación del patrimonio español. Es una situación insostenible”, cuenta Charo Fernández, miembro del Grupo Español de Conservación.

De restauradores a albañiles

La restauradora recuerda que con la eliminación de la “baja temeraria” de los concursos públicos de restauración, las empresas sin cualificación –las constructoras recicladas– han entrado con rebajas insostenibles y sin competencia. El peligro es absoluto. Ana Laborde avisa que para frenar esta deriva se debe reforzar la supervisión de la calidad de la ejecución de los concursos. “Hay cosas que no las puede hacer un albañil”, dice.

Fuentes del IPCE denuncian que el máximo organismo de protección de este país vive un momento muy complicado porque la plantilla se ha reducido mucho. La estructura y supervivencia de la institución está en entredicho, a pesar de lo que el Ministerio asegura a este periódico: "En el IPCE se han adoptado diez medidas para afrontar esta reducción presupuestaria, como el incremento de las actuaciones de oficio, las financiaciones por otras entidades, mientras se reducen las grandes intervenciones o las publicaciones en un 20%". De la reducción de plantilla no se apunta nada.

Justo esta mañana la institución presenta la creación del Observatorio para la investigación en conservación, para promover la “transferencia de los conocimiento” y los resultados de las investigaciones entre instituciones, investigadores, empresas y sociedad. Una iniciativa que podría ayudar a perfeccionar la gestión de los recursos, cada vez más escasos.

Para especialistas como Charo Fernández, el legado histórico y artístico español debería cuidarse como se mima en otros países el desarrollo tecnológico. “La explotación y conservación del patrimonio es una fuente de ingresos, peo sobre todo una obligación”. Parece indestructible, y no lo es. “El recorte de ayudas amplia el deterioro”.

Las comunidades autónomas tampoco recogen el testigo de la conciencia política para la defensa contra la ruina. En la Comunidad de Madrid el recorte ha sido también muy sonado: de 15.270.366 euros (inversión real de 7.536.706 euros), en 2012, a 9.698.126 euros (3.359.388 euros de inversión real), en 2014.

En las inversiones se incluye la dedicación a la obra eclesiástica y al consejo evangélico por valor de 1.801.269 euros para este año. Lo más llamativo es el gasto en “Promoción cultural” de esta Administración: 36.369.650 euros esta temporada destinados a fiestas y actividades. La voluntad política queda patente en el reparto de los recursos. El lamento de Fernández resume la desesperación ante esta falta de visión política: “No tenemos otro valor. Los alemanes tienen la industria del motor y nosotros nuestro patrimonio”.


* El Confidencial - Peio H. Riaño - 5.6.14
Foto: El acueducto de Segovia, pendiente de corregir las humedades del canal de plomo. (EFE)

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Liberbank dilapidó 47 millones en una operación urbanística ruinosa en Asturias

Empiezan a conocerse con detalle los delitos urbanísticos acaecidos en los años del 'boom inmobiliario' y del salvajismo territorial. Es por todos conocido que las Cajas de Ahorro (controladas políticamente) fueron las primeras financieras y donde recayeron la mayoría de proyectos faraónicos que se hicieron fraudulentamente aquellos días de dispendio. En Asturias era Cajastur (ahora Liberbank) una de las principales actoras y pagó en 2008 un precio muy superior al valor de mercado por unos terrenos de 28 hectáreas en Llanes. El año pasado la finca, conocida como La Talá, se traspasó a SAREB, el llamado banco malo, por un valor de casi 30 millones menos de los que la entidad ahora integrada en Liberbank había pagado cinco años antes. Un negocio ruinoso y delictivo, evidentemente.
"ELCONFIDENCIAL* : La Policía sospecha que Cajastur, una de las 4 cajas de ahorros integradas en Liberbank, pagó en 2008 un precio muy superior al valor de mercado por unos terrenos de 28 hectáreas en Llanes por los que desembolsó 47,5 millones de euros pese a "la situación jurídica de los mismos", ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad costera, que preveía la construcción de viviendas y equipamientos comerciales en esa parcela, había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) antes de que se cerrase la operación de compraventa.

Tras la ruinosa operación, Cajastur transfirió el pasado año la finca, conocida como La Talá, a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, por un valor cercano a los 18 millones de euros. Es decir, casi 30 millones menos de los que la entidad ahora integrada en Liberbank había pagado cinco años antes.

Un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Asturias, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que "llama la atención" que Cajastur "adquiriera unos terrenos por ese precio teniendo en cuenta la situación jurídica de los mismos, con varias sentencias denegatorias del PGOU de Llanes y supeditadas a una decisión del Tribunal Supremo respecto de los recursos presentados, cabiendo la posibilidad de que los mismos [terrenos] finalmente no pudieran ser utilizados para la construcción de las viviendas y equipamientos proyectados", como, en efecto, así ocurrió.

El Ayuntamiento de Llanes, gobernado por el PSOE, recurrió en casación la sentencia del TSJA, pero el Tribunal Supremo tumbó definitivamente el plan urbanístico de La Talá el pasado mes de octubre. La sentencia del alto tribunal, contra la que no cabe recurso, sostiene que el plan parcial de La Talá, que preveía la construcción de más de 500 viviendas, no puede ser aprobado sin un PGOU que le dé cobertura jurídica; y el de Llanes fue anulado primero por el TSJA, en 2007, y más tarde por el propio Supremo, en 2011.

El informe de la Brigada de Delincuencia Económica fue entregado el pasado 22 de mayo al juez Ángel Sorando, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que ordenó abrir una investigación contra el actual presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y el ex director general de Cajastur, Felipe Fernández, por un presunto delito societario y otro de falsedad documental. Las diligencias judiciales se incoaron a raíz de la denuncia presentada por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que acusa a ambos directivos de haber amparado la operación urbanística de La Talá a sabiendas de que la recuperación de la inversión era inviable.

Préstamo hipotecario

La promotora Nozar Masaveu compró los terrenos en octubre de 2007 por 35 millones de euros al empresario asturiano Juan Antonio Pérez-Simón, que los había adquirido una década antes por 500 millones de pesetas (tres millones de euros). La compra de la finca se financió con un préstamo hipotecario de 28 millones formalizado con Cajastur. Apenas 11 meses más tarde, en septiembre de 2008, Cajastur pagó al grupo Nozar Masaveu, gravemente afectado por la crisis inmobiliaria, 47,5 millones de euros por una parcela sin apenas valor.

Según la denuncia formulada por la CSI, la dirección de Cajastur -encabezada entonces por Menéndez y Fernández- "quebrantó todos los controles de riesgo y su proceder incurrió, como poco, en delito societario y falsedad documental, al adquirir un bien de escaso valor para favorecer a un holding empresarial [Nozar Masaveu] que se encontraba prácticamente en quiebra". El juez Sorando envió el pasado 1 de abril una copia de la denuncia a la Policía "a fin de que practique diligencias para el esclarecimiento de los hechos".

El informe policial, que ha sido también remitido a la Fiscalía, asegura que "lo lógico habría sido la adquisición a la baja, es decir, protegiendo el importe total del crédito hipotecario suscrito con Nozar Masaveu, que ascendía, según informe de riesgos de la propia Cajastur, a la cantidad de 28 millones de euros, y no al alza, pagando más que lo que la mercantil les debía por unos terrenos sujetos a controversia jurídica, con el riesgo que ello conlleva".


* El Confidencial - José L. Lobo - 5.6.14
Foto: Llanes (Asturias), urbanización La Talá - elcomerciodigital.com

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