El puerto seco de Vigo sigue inservible tras 100 millones de inversión

Los casos de despilfarro en infraestructuras y otras construcciones son infinitos en estos años del 'boom' y la locura de las distintas administraciones. Que se sepa todavía no hay nadie en la cárcel por semejantes actos delictivos contra los ciudadanos, que los han sumido en la mayor crisis/estafa de la historia del país. Cerca de Vigo en la que iba a ser la Plataforma logística del Puerto hay un descampado de más de 400 hectáreas donde antes había naturaleza. El asunto viene de hace 14 años y ha supuesto un despilfarro público de 100 millones, nada menos. Tampoco aquí parece haber culpables del grave delito y la justicia, desde su poltrona, no sabe o no se quiere enterar, lamentablemente.
"ELPAÍS* : Tras 14 años de trámite infernal, lo que iba a ser la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) es un descampado de 419 hectáreas donde antes había un monte. El puerto seco de Vigo, infraestructura vital, segundo polígono-industrial de España por extensión de entre los de su género y comunicado con el resto del mundo por una autovía fantasma sigue dormitando. La Xunta no sabe cuándo estará operativo ni tampoco cuando se acabará de pagar a los propietarios originales.

Entre expropiaciones, movimientos de tierra y accesos se han gastado ya más de 90 millones de euros, que podrán superar los 100 cuando se completen las liquidaciones.

“Yo no voy a dar fechas”, se despachó el pasado miércoles Teresa Gutiérrez, directora general del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en la Comisión de Industria del Parlamento. El instituto depende de la Xunta, una de las tres instituciones que promovieron la infraestructura junto a la Autoridad Portuaria de Vigo y la Zona Franca, que depende del Ministerio de Economía. Lejos quedan los tiempos de la campaña de Feijóo en 2009 y el inicio de legislatura, cuando el PP insistía en que el área iba a ser el destino de Mitsubishi y su fábrica de baterías de litio. Un proyecto ingente que parece haberse fundido como el reactor de Fukushima.

El proceso coqueteó con la chapuza desde el inicio. La expropiación de los terrenos contó sobre plano y mal las fincas afectadas y desdeñó que parte del terreno era suelo de especial protección forestal, como constató el Tribunal Supremo hace cuatro años. 100 de las 400 hectáreas quedaron inutilizadas para el desarrollo industrial tras esa sentencia, con el añadido de que el sector, denominado MI (multifuncional industrial), era justamente la parte que correspondía a la Zona Franca. Las tres administraciones se avinieron a deshacer la segregación y regresar a un condominio, pero llevan un año de trámites para acordarlo. “Esperemos que se haga en breve”, lanzó Gutiérrez. La Xunta asegura que se trata de un “proyecto” estratégico pero que su relanzamiento depende de Zona Franca y el puerto de Vigo.

El centenar de hectáreas que quedó inutilizado debía restituirse a los propietarios iniciales, pero estos no quieren recuperar un terreno que era monte arbolado y ahora es, como describieron sucesivamente en el Parlamento los diputados Carme Adán (BNG) y Abel Losada (PSdeG), un “horizonte lunar” o un “paisaje de catástrofe nuclear con estética 'Mad-Max”, incluida una laguna en el medio de más de 20 metros de profundidad. Los vecinos quieren una indemnización y confían en la doctrina del Supremo en casos similares, que suele acarrear un icremento del 25% sobre el justiprecio abonado.

A ello se suma el homérico asunto de los derechos mineros, que los vecinos llevan más de una década peleando por ver reconocidos. Las negociaciones con el bipartito dejaron un acuerdo para abonar 7,7 millones de euros que quedó frustrado con el cambio de Gobierno. Fueron literalmente miles los procedimientos judiciales que se suscitaron, casi tantos como fincas en el área. Todavía no se han pagado, aunque el acuerdo parece próximo, según señala Alejandro Rodríguez, portavoz de los afectados.

Mientras tanto, la vida sigue. Con el suelo sin uso, la Zona Franca se plantea comprar 120.000 metros cuadrados en Mos o Porriño para un centro logístico. Preguntada por la cuestión por la nacionalista Carme Adán, la directora del IGVS empleó el poderosos argumento de que un parque de Xestur en Mos está a 24 kilómetros del puerto y la Plisan a 33. “Estamos en los proyectos de urbanización, que empezarán por la zona sur", acertó a decir sobre el futuro. Queda pendiente del Supremo la enésima causa, esta vez porque en el modificado del proyecto inicial para reestructurar el polígono tras el recorte en superficie no se incluyó la evaluación ambiental. “Se sometió a consulta y el órgano competente estimó la no necesidad. No tengo más que decir”, despachó la directora del IGVS. Los vecinos discrepan. Otra vez.

Descampado millonario

V. H.
Según el cálculo de la plataforma vecinal, el metro cuadrado de terreno de la Plisan se valoró finalmente, tras múltiples vaivenes, en una media de 14 euros; es decir, 56 millones de euros en total, de los que se han abonado 48. La autovía AG-51, un vial de menos de cinco kilómetros que lleva un año en pie sin funcionar, costó otros 22 millones. A esto se le suman los 20 millones enterrados en el movimiento de tierras de 2007.
Los vecinos siguen negociando por los derechos mineros, calculados en 2009 en 7,7 millones, que pueden ser menos si prosperan las conversaciones con la Administración. Y hay que contar también con la prima sobre el justiprecio del 25% para las 100 hectáreas de terreno excluidas por el Supremo, también susceptibles de rebaja pactada pero que de apreciarse totalmente podrían suponer otros 3,5 millones.
Respecto a la urbanización, en 2011 se anunció una inversión de 14,7 millones. Meses después la concesionaria se rindió casi antes de empezar, víctima de la crisis. De modo que el coste total supondrá una factura que como mínimo roza los 100 millones de euros pero que podría acabar rondando los 125.


* El País - Victor Honorato - 6.6.14
Foto: Estado actual de los terrenos del puerto seco de Vigo, entre Salvaterra y O Rosal. / LALO R. VILLAR

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El juez imputa al exgerente de Urbanismo de Dénia y a dos técnicos por malversación

El urbanismo en la Marina Alta alicantina sigue lleno de irregularidades, prácticamente desde la ciudad de Alicante hay un rosario de núcleos urbanos inmersos en la corrupción urbanística. Denia es un buen ejemplo de esto, ahora un juzgado abre diligencias por falsedad documental en el supuesto sobrecoste de 259.000 euros en las obras del colector de Les Deveses, imputando al exgerente de Urbanismo y 2 técnicos. Según parece hubo una desviación de los fondos públicos hacia bolsillos privados. Lo de siempre, vamos, aunque no sería descartable que, según avanza la investigación, caigan también en la red otros peces gordos de la política.
"LASPROVINCIAS* : El caso sobre el supuesto sobrecoste de 259.000 euros en las obras del colector de Les Deveses se ha convertido en un escándalo en la ciudad de Dénia. El titular del juzgado nº1 de Dénia, que investiga el caso, citará a declarar en calidad de imputados por un presunto delito de malversación y falsedad documental, al exgerente de Urbanismo en la época del gobierno del PSPV- Bloc, Juan Frasés; al funcionario del Consistorio de Dénia, Daniel Ruiz, y al técnico de la empresa adjudicataria de los trabajos, Juan Vicente Lorenzo.

De hecho, según el TSJ, el juez como paso previo a la imputación ya ha requerido al consistorio, que está personado en la causa, para que facilite los datos para remitir la notificación a los tres implicados con el fin de que presten declaración.

Además, el juez ha acordado practicar las diligencias solicitadas por el fiscal con el fin de tratar de averiguar si hubo o no falsificación de documentos y malversación de fondos.

Sospechas

Las sospechas de que podía haber posibles irregularidades en los trabajos para realizar el colector de Les Deveses, se produjeron en 2011, cuando se adjudicó el contrato para acabar las obras y se constató con la sorpresa de que faltaban 120 metros de tubería que debería de haber instalado la empresa Ecisa, que inició los trabajos del colector en 2005.

En ese momento desde Contratación se encargó un primer informe al que siguió otro de información reservada que fue remitido a Fiscalía con el fin de que fuera conocedor de los hechos. El fiscal tras tener conocimiento de los mismos denunció los hechos al juzgado que ahora ha abierto diligencias.

El instructor del documento de información reservada, tras las pertinentes investigaciones a las que se suma un informe externo de un ingeniero de Caminos, concluyó que hubo «una desviación, a favor del contratista de partidas que se han certificado, abonado y no se han ejecutado». Esa desviación se valora en «259.940 euros».

Las obras para que los vecinos de Las Marinas tuvieran alcantarillado se iniciaron en agosto de 2005, aunque días después, la empresa adjudicataria Ecisa, indicó una serie de deficiencias y un modificado del proyecto inicial valorado en 510.005 euros, lo que suponía un incremento de más del 59% sobre la adjudicación. A raiz de esta petición, según apunta el funcionario en el informe, «siguiendo las instrucciones de mis superiores» se inician los estudios para una posible modificación de las obras, mientras seguían con la ejecución de las mismas. Además, según comenta, al no haber proyecto modificado que sirviera de soporte real a las certificaciones que se iban generando, «siguiendo instrucciones de mis superiores, se certifican partidas que no están totalmente ejecutadas».

Coste del modificado

En febrero de 2007, la Gerencia de Urbanismo remitió a la Junta de Gobierno Local (JGL) una propuesta para aprobar modificación del proyecto que ya ascendía a 1.522.919 euros, por lo que el coste total de las obras del colector era de 2,5 millones de euros.

El modificado no se aprobó, pero las obras siguieron y se emitieron certificaciones de obras de trabajos que figuran en el modificado (documento que se estaba empezando a tramitar) y no del proyecto original.

En enero de 2008, la JGL aprobó el modificado pero días después se acordó dejarlo sobre la mesa tras el informe desfavorable de los Servicios Jurídicos. Por lo que en febrero se decidió resolver el contrato de la obra e iniciar un nuevo expediente para contratar el modificado.

Ya en 2011 con la llegada del nuevo ejecutivo, se adjudicó la finalización del colector a FCC y fue cuando al ir a conectar las nuevas obras con las que ya habían sido ejecutadas, se dieron cuenta de que faltaban 120 metros de tubería.


* Las Provincias - C.Pastor - 5.6.14
Foto: Imagen del Palau de Justicia de Dénia, donde el juzgado de instrucción número uno que lleva el caso del alcantarillado de Deveses:: R. G.

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