Madrid.- Montan un plataforma ciudadana contra el Plan de Urbanismo de Botella

Que el urbanismo de la ciudad de Madrid lleva largos años de capa caída es un hecho incuestionable, que ha coincidido con alcaldes 'populares' de bajo nivel es cierto también, y que se avecina un nuevo Plan General urbanístico continuista y depredador también es sabido. Bajo el auspicio de la inefable alcaldesa A.Botella se pretende lograr este nuevo Plan y ya ha habido numerosas voces dicrepantes, desde técnicas hasta vecinales. Así se ha presentado la Plataforma ‘No a este Plan Urbanístico’ nacida para impedir un Plan que “abre la puerta al expolio de suelos y edificios públicos” para ponerlo en manos de intereses privados, es decir: de amiguetes de negocios.
"ELBOLETÍN* : Asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, organizaciones de defensa el patrimonio, urbanistas, sindicatos y partidos políticos han creado una plataforma ciudadana denominada ‘No a este Plan Urbanístico’, que se presentará esta tarde en Madrid y cuyo objetivo es impedir que se apruebe el nuevo aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid capital en el que está trabajado el equipo de Gobierno de Ana Botella y dar a conocer a la ciudadanía lo que se pretende hacer con el municipio madrileño”.

La plataforma, que se presentará a las 19,30 horas, en el Ateneo de Madrid (Prado, 21), se movilizará para dar a conocer a los madrileños que “el Ayuntamiento de Madrid está tramitando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que desmantela la ciudad, abre la puerta al expolio de los suelos y edificios públicos para ponerlos al servicio de intereses privados y aboga por un modelo continuista de ocupación del territorio reclasificando el límite de lo posible”.

La plataforma nace por el rechazo de muchos colectivos, principalmente las asociaciones de vecinos, de que se haga un nuevo plan de urbanismo, ‘a marchas forzadas’ y pocos meses antes de las elecciones municipales y después de conocerse que numerosos edificios públicos emblemáticos de Madrid pasarán a tener un uso lucrativo privado) en virtud del nuevo plan urbanístico, tal y como adelantaba hace unos días elpais.com

Integran la Plataforma “No a este Plan Urbanístico”: Auditoría municipal y participación ciudadana Chamartín, AVV Carabanchel Alto, AVV Nudo Sur (Arganzuela), AVV Nuevo Legazpi, AAVV San Nicolás Dehesa de la Villa, AAVV Solidaridad Cuatro Caminos Tetuán, 15­M Chamberí, Chamberí se Mueve/Parque Sí en Chamberí, CCOO de Madrid, Ecologistas en Acción de Madrid, Entorno Meaques Retamares/Plataforma Salvemos Campamento, Equo, FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), GRAMA (Grupo de Acción por el Medio Ambiente), Grupo Municipal Izquierda Unida, Grupo Municipal PSM­PSOE, MCyP (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio), Plataforma Salvemos la Casa de Campo y UGT-Madrid.

La presentación de la plataforma coincidirá con la celebración del debate titulado "Por el Derecho a la Ciudad", en el que intervendrán: Raúl Cordero (CCOO de Madrid), Carmen Ochoa Bravo (Chamberí se Mueve), Vicente Pérez Quintana (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Rafael Córdoba Hernández (Ecologistas en Acción), Cristina Fernández Ramírez (arquitecta, investigadora UPM) y Amparo Berlinches (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio).


* El Boletín - EB - 11.6.14
Foto: alcaldesa Botella junto a Gallardón - elpais

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La Generalitat valenciana privatizó el control ambiental de obras de manera ilegal

El asunto de las privatizaciones también afecta a la especulación urbanística más descarada. Se ha visto en casos de contratación de asesorías privadas para firmar proyectos 'ad hoc', y de obras y servicios variados entre los que se encuentra el control medioambiental. La perversión del gobierno autonómico valenciano consistió no en privatizar, propiamente dicho, sino en traspasar esta condición legal de control ambiental de los funcionarios a otro órgano público bajo su estricto control político. La justicia ha actuado, al fin, y ha anulado todos los desarrollos urbanísticos concedidos bajo esta ilegalidad flagrante. Hay que tener en cuenta que bajo esta condición se encuentran todas las declaraciones ambientales aprobadas desde 2003 por la empresa de la Generalitat: Vaersa; de ahí la enorme importancia de esta sentencia.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha propinado un duro varapalo al control público sobre los efectos en el medio ambiente o en el entorno de los proyectos de obra civil o construcciones de casas vía desarrollo urbanístico: todas las declaraciones de impacto ambiental realizadas por Vaersa, una empresa de la Generalitat, no son adecuadas.

Esta competencia corresponde a funcionarios, tal como recuerda el sindicato CGT, que presentó la denuncia junto con Intersindical, porque son los únicos que proporcionan un “mecanismo de garantía de objetividad, imparcialidad, independencia y sometimiento al principio de legalidad en la gestión de lo público”.

La Generalitat, sin embargo, cedió a un “órgano manifiestamente incompetente”, Vaersa, la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente”, en este caso, las declaraciones de impacto ambiental.

“Existe una sistemática y absoluta similitud de contenidos, fechas y formatos, solo desvirtuada ocasionalmente, así como una redacción unitaria de tales documentos por parte de quienes, teniendo solo el cometido de emitir determinados informes técnicos, habrían asumido sin embargo la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente”, establece el tribunal.

Proyectos potencialmente ilegales

Las consecuencias prácticas de la decisión de los jueces están por ver, pero podrían ser notables. Gran parte de los proyectos avalados por Vaersa desde 2003, en plena burbuja inmobiliaria, nacen viciados y podrían ser considerados ilegales.

CGT, de hecho, ya se plantea actuar en esa línea y solicitar la revisión y eventual anulación de todas las declaraciones de impacto ambiental “en las que se ha instruido y resuelto el procedimiento administrativo de evaluación de impacto por personal de Vaersa, por concurrir una causa de nulidad de pleno derecho”.


* El Diario - Voro Maroto - 15.6.14
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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