El Ayuntamiento de Madrid gastará 21 millones en la operación de OHL en Canalejas

La polémica operación Canalejas, en el mismo centro de Madrid, supone un pelotazo de magnitudes desproporcionadas para el propietario 'concejal' de Urbanismo, Botín, junto a la constructora OHL, todo ello bendecido por el gobierno municipal 'popular' de la sin par alcaldesa Botella. El asunto llega hasta el mismo subsuelo del megacomplejo comercial y hotelero, donde hay que rehacerlo todo y para ello rescatar la concesión de lo existente, con cargo, por supuesto, a todos los ciudadanos que deberán apoquinar 21 milloncejos de sus bolsillos. Esto, de momento y que se sepa, porque seguro que la cantidad se multiplica exponencialmente en cuanto lleguen las comisiones y los 'listillos' de turno a meter mano.
"ELPAÍS* : Construir un nuevo aparcamiento que esté a la altura del complejo comercial y hotelero de lujo de OHL en Canalejas, hacer una infraestructura subterránea de transportes que permita enterrar las dársenas de autobuses y el trajín diario de carga y descarga, y peatonalizar parcialmente esa área junto a la Puerta del Sol no le saldrá gratis al Ayuntamiento de Madrid, tal y como habían mantenido hasta ahora fuentes municipales.

Las obras correrán a cargo de la empresa que se encargue luego de explotar el aparcamiento, pero la ciudad deberá rescatar con dinero público la concesión actual, lo que tendrá un coste de 20.986.056 euros, según un informe del área municipal de Hacienda al que tuvo acceso EL PAÍS.

La concesión actual del aparcamiento expira en 2027, de forma que esa cantidad constituye la indemnización que el Ayuntamiento deberá pagar a la empresa que lo explota por quitárselo 13 años antes de lo acordado.

El resto de las obras subterráneas previstas en esa zona de la calle de Alcalá tendrá un coste de 29.856.983 euros, según señala dicho informe, que será abonado íntegramente por la nueva concesionaria del aparcamiento.

El área municipal de Hacienda estima que los ingresos anuales para el Ayuntamiento provenientes del canon a pagar por la empresa que se haga con la concesión ascenderán a 2.460.325 euros, aunque fuentes del área de Urbanismo elevan esa cantidad a 2.509.532 euros. En uno y otro caso, harán falta algo más de ocho años para cubrir el abono íntegro del rescate del aparcamiento.

El Ayuntamiento había deslizado hasta ahora que la nueva concesionaria se vería libre del pago de ese canon, total o parcialmente, a cambio de hacerse cargo del coste de las obras (30 millones de euros). Sin embargo, fuentes del área municipal de Urbanismo negaron ayer esa posibilidad.

La concesión se sacará a concurso por un periodo de 40 años. Sumado el abono de las obras, el canon y los tributos correspondientes (impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto de actividades económicas, con una estimación anual de 367.015 euros), el coste total de la concesión superará los 150 millones de euros.

O lo que es lo mismo, los ingresos anuales para la empresa concesionaria deberán rozar los cuatro millones anuales para evitar entrar en pérdidas. La indemnización a la actual concesionaria por el lucro cesante durante los próximos 13 años se eleva a cerca de 1,7 millones anuales.

El Ayuntamiento confía en que la implicación de la constructora OHL para revigorizar el área de Canalejas evitará que este concurso público quede desierto, tal y como ha sucedido en otras ocasiones con aparcamientos públicos de rotación.

En cualquier caso, el Ayuntamiento carece en la actualidad de dinero suficiente como para llevar a cabo el rescate del aparcamiento. “Esa cifra [20.986.056 euros] no tiene acomodo en 2015 dentro de los estrechos márgenes del plan de ajuste”, señala el informe, firmado el pasado 2 de junio por el director general de Presupuestos, Santiago Ruedas. “No es sino hasta el ejercicio de 2017 en el que el presupuesto municipal contemplado en el plan de ajuste podría dar cabida a un gasto de la citada magnitud”, añade.

Las cuentas municipales están intervenidas desde 2012 por el Ministerio de Hacienda, que debe dar el visto bueno a cualquier cambio en su plan de ajuste.

Fuentes del área de Urbanismo han explicado que el pago del rescate se llevará a cabo a plazos: 1.069.498 al año durante 20 años.

Se empezará a abonar en 2017. Las obras, sin embargo, comenzarán tan pronto como concluyan los trámites administrativos, de forma que el Ayuntamiento tendrá cerca de dos años de carencia en el pago del rescate.

Los cálculos del área de Urbanismo, que suman el abono del canon, los tributos correspondientes y otras tasas por el uso privado de las nuevas rampas que se construirán para la instalación subterránea, elevan a 4.160.456 euros los beneficios anuales para la ciudad durante los 40 años de concesión.

Calles peatonales y una parada subterránea para los autobuses

El Gobierno municipal, que preside Ana Botella (PP), dio luz verde en marzo al plan especial urbanístico que reordenará el transporte público y privado en la zona de Canalejas, a escasos metros de la puerta del Sol, donde OHL está construyendo un complejo comercial y hotelero de lujo. El proyecto será validado hoy en la comisión de Urbanismo, y refrendado a finales de mes en el Pleno local merced a la mayoría absoluta del PP.

Con el objetivo de “recuperar espacio para el peatón, mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica”, se construirá una infraestructura subterránea que sirva de aparcamiento para vehículos privados, dársena para nueve líneas de autobuses urbanos, y espacio de carga y descarga para el complejo comercial, que estará listo previsiblemente en 2016.

El aparcamiento actual, a la altura del número 17 de la calle de Alcalá, consta de 476 plazas de rotación (cuya concesión finaliza en 2017) y 70 reservadas para residentes (hasta 2057). Inaugurado en 1964, se trata de uno de los más antiguos de la capital. Será sustituido por otro de nueva construcción con 439 plazas de rotación; el espacio para residentes se respetará. Los accesos y salidas cambiarán de lugar; también se modificará el sentido de circulación de las calles de Arlabán y Cedaceros.

La infraestructura subterránea albergará 10 dársenas de autobuses (confluyen allí nueve líneas de la EMT), cuyo acceso se realizará por una rampa doble de nueva construcción en la calle de Alcalá. La obra permitirá además hacer un acceso sin barreras arquitectónicas para la estación de metro de Sevilla.

El área de actuación suma 24.843 metros cuadrados de viario público, y afecta a la calle de Alcalá (del número 6 al 22), las calles de Sevilla, Cedaceros y Arlabán (enteras), la plaza de Canalejas y la carrera de San Jerónimo (del 22 al 34). Se ganarán a los coches 1.309 metros cuadrados de superficie peatonal.

Estas obras, que costarán 29.856.983 euros, según el Ayuntamiento, serán costeadas íntegramente por la nueva concesionaria del aparcamiento.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 16.6.14
Foto: Proyección municipal de cómo quedará el área de Canalejas - elpais

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Seis centros penitenciarios sin estrenar están cerrados por falta de dinero

El inmenso despilfarro delictivo en infraestructuras de transporte no debe ocultar otro tipo de excesos urbanísticos cometidos en estos años, con edificaciones de todo tipo: museos, polideportivos, centros de congresos o culturales, centros administrativos... y hasta penitenciarios. Así ocurre con al menos 6 de estos últimos que el Gobierno central o el catalán tienen cerrados, a pesar de estar totalmente acabados desde hace años. La disculpa es muy sencilla: falta dinero. Pero eso es muy fácil de desmontar sabiendo que se han levantado imprudentemente, con irregularidades de todo tipo y por encima de unas previsiones económicas o técnicas razonables. El resultado son miles de millones despilfarrados por las administraciones de Interior y sin que los responsables políticos hayan sido imputados todavía por su negligencia y delito público.
"ELPAÍS* : El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña tienen seis establecimientos penitenciarios terminados hace meses, algunos más de un año, y que no abren por falta de plantilla. Los recortes presupuestarios han desbaratado el mapa de prisiones que diseñó el PSOE y han dejado un goteo de obras suspendidas, otras que se alargan en el tiempo y unas cuantas, hasta seis, terminadas y cerradas.

La asfixia económica limita la capacidad del Ministerio del Interior y del Ejecutivo catalán (que tiene transferidas las competencias penitenciarias) para hacer las obras al ritmo previsto, pero el problema más grave es de recursos humanos: la tasa de reposición del 10% en el empleo público impide ampliar la plantilla y sin funcionarios no pueden abrir los nuevos centros.

Mantener cerradas las instalaciones, en las que se han invertido más de 1.100 millones de euros, no sale gratis. Más de un año lleva sin uso la cárcel de Archidona (Málaga), un recinto con 1.008 celdas, que se terminó en marzo de 2013 y a la que Instituciones Penitenciarias destinó 117 millones de euros. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios ha adjudicado el 10 de abril la vigilancia y el mantenimiento del centro a la empresa Vías y Construcciones S. A. La empresa adjudicataria recibirá hasta 3,27 millones de euros por garantizar la seguridad del complejo y velar por que, hasta que abra, funcionen todas las instalaciones, desde los ascensores a las calderas, los sistemas de comunicación y las puertas automatizadas. El contrato es prorrogable por dos años lo que lleva a pensar que Interior contempla que esta situación puede alargarse hasta 2016.

Algo parecido ocurre en el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y en las unidades de madres de Alicante y de Tenerife, que suman una inversión superior a los 21 millones de euros. Interior planea abrir el primero en las próximas semanas, pero no ha puesto fecha para las unidades destinadas a acoger a presas con hijos pequeños y cuyas obras concluyeron hace más de un año. Su mantenimiento corre a cargo de la empresa que mantiene los CIS a los que están anexas. Instituciones Penitenciarias no concreta cuánto cuesta mantenerlas cerradas pero fuentes del centro alicantino cifran en 100.000 euros el dinero invertido el año pasado.

“Las prisiones son construcciones complejas. Sin uso, se deterioran”, advierte José Ramón López, presidente de Acaip, el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario. López recuerda el caso de Zuera (Zaragoza), que, enredada en un debate político, tardó cinco años en inaugurarse y cuando fue a abrir hubo que reparar parte del equipamiento. Es lo que pretende evitar Interior en Archidona. “Dice que mientras no haya plantilla para garantizar la seguridad no abre nada. Estamos de acuerdo, pero si quisieran hay opciones, como contratar interinos”, señala López.

Los últimos datos publicados, de enero de 2013, cifran en 1.560 las plazas vacantes en Instituciones Penitenciarias entre funcionarios (954), personal laboral (514) y de organismos autónomos (92), a las que habría que sumar las bajas del último año y medio. Los sindicatos consultados (Acaip, UGT, CC OO y CSIF) estiman en cerca de 2.000 las vacantes actuales. El Gobierno ha anunciado una oferta de empleo de 90 plazas. “Esa cifra no cubre ni las vacantes de un año y llevamos cuatro sin oferta de empleo”, advierte Jesús Otín, secretario de Prisiones de UGT. Instituciones Penitenciarias ha declinado valorar la situación y concretar cuándo prevé abrir estos centros.

La falta de recursos está también detrás del retraso en la apertura de las prisiones catalanas de Puig de les Basses, en Figueres, y Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona). La primera se terminó en el verano de 2011 y el Ejecutivo de Artur Mas prevé abrirla por fin en julio; el edificio de la segunda está acabado hace más de un año, pero la Generalitat tiene problemas para financiar el saneamiento, el agua potable y los accesos y no cuenta con inaugurarla antes de 2015. Y mientras abren y no, debe pagar más un millón de euros al mes a Ferrovial Agroman, adjudicataria de Figueres, y otro tanto a la agrupación Comsa Concesiones y Emte, que ha construido la de El Catllar.

El modelo catalán se basa en que una empresa se hace cargo de la obra y la Administración abona un canon como alquiler. En una carta remitida a los funcionarios de prisiones en enero de 2013, el anterior director general de los Servicios Penitenciarios, Ramón Parés, revela que la Generalitat tendrá que estar pagando hasta 2042 una deuda de 2.258 millones de euros por la construcción de las cinco prisiones proyectadas con este sistema: Brians 2, Joves, Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric. Es decir, cada una cuesta 451,6 millones de euros, cuatro veces más que una cárcel tipo en el resto de España (unos 110 millones).

Estos proyectos se aprobaron en el Gobierno de Pasqual Maragall, cuando la previsión apuntaba a un incremento de población reclusa. Pero esta, en vez de aumentar, ha caído (10.062 a finales de 2012 y 9.660 en mayo de este año) y el ejecutivo de Artur Mas acusa a su antecesor de diseñar un mapa sobredimensionado. Esa opinión la comparte el sindicato Acaip en Cataluña. “El tripartito abusó de la fórmula de gestión de derecho de superficie hipotecando los servicios penitenciarios por más de 30 años”, señala su portavoz, Francesc López, que lamenta que CIU intente, en parte, reducir la deuda con “recortes sobre la plantilla”.

Un proyecto estrella de aquel plan fue la cárcel de preventivos de Barcelona, que debía suponer el cierre de la vieja Modelo y para la que la Generalitat reservó unos terrenos en la Zona Franca. El Ejecutivo de Mas ha acabado renunciando a él, pero ha tenido que pagarle a las empresas adjudicatarias 4,9 millones de euros.


* El País - Reyes Rincón - 22.6.14
Foto: Vista general de la prisión Puig de les Basses, en Figueres, terminada desde hace tres años/ PERE DURAN

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