El último gerente de Urbanismo de Sanxenxo se suma a la lista de imputados por el juzgado

Lo de Sanxenxo (Pontevedra) es el culebrón sin fin de la delincuencia urbanística. En esta ciudad costera turística parece que se resumen bastante bien toda la suerte de tropelías urbanísticas realizadas en Galicia (y otros lugares). A pesar de haber desaparecido ya la Gerencia de Urbanismo, la rapidez y eficacia acostumbrada judicial imputa ahora al exgerente por varios asuntos delictivos pendientes. Para ello el juez los ha dividido en cinco piezas distintas, que ya veremos cuando llegan a su conclusión, si es que lo hacen alguna vez.
"FAROVIGO* : Avanza la investigación judicial abierta por el titular del juzgado nº2 de Cambados en torno a supuestas irregularidades en el seno de la desaparecida Xerencia de Urbanismo de Sanxenxo. El magistrado acaba de ordenar la práctica de nuevas diligencias de investigación así como la división del único procedimiento abierto hasta ahora en un total de cinco piezas separadas, una por cada operación urbanística que está bajo sospecha. Además, ayer trascendió que hay que sumar dos nuevos nombres a la ya larga lista de imputados (hasta ahora eran un total de 15) en este caso. Se trata del que fue gerente de Urbanismo de Sanxenxo hasta el mes pasado en el que se consumó la desaparición de la Xerencia y se acordó su cese, Juan Lorenzo Ramírez.

Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se le imputa un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en relación a la licencia obtenida por la empresa Balboa y Chan para levantar dos bloques de viviendas en la calle Progreso de Sanxenxo. Según distintas fuentes, Ramírez sigue prestando servicios para el Concello tras su cese como gerente de Urbanismo.

También ha sido imputada por el juzgado la arquitecta de las obras llevadas a cabo por Caneleiro Inversión S. L. en Bascuas, Elena L. F., a la que se imputa un delito contra la ordenación del territorio.

Así las cosas, la causa queda ahora dividida en cinco piezas distintas. Se parte de una causa inicial, a raíz de la denuncia por la construcción de los chalés próximos al cementerio de Dorrón por la entidad Ferro-Mesego C. B., construcciones que no guardaban la distancia mínima con el camposanto. En esta misma pieza se investiga también la promoción de varios chalés también en la parroquia de Dorrón por parte de Lucasor S. L.

La pieza separada número 2 es la que investiga la tramitación del expediente urbanístico de los polémicos bloques de viviendas construidos por Balboa y Chan en la calle Progreso, uno de los cuales tiene pendiente una orden de derribo y cuya legalización acaba de ser solicitada. En esta pieza separada figura como una de las imputadas la secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, por su anterior etapa en la Xerencia de Sanxenxo. Según informó en su día el TSXG, se le imputa únicamente por un presunto delito de prevaricación. La pieza separada número 3 es la referida a la promoción que Caneleiro Inversión llevó a cabo en el lugar de Bascuas, en Montalvo. La alcaldesa, Catalina González, está imputada en relación con esta promoción así como con respecto a las otras dos anteriores (Ferro Mesego-Lucasor y Balboa y Chan) por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Nuevas declaraciones

Las piezas separadas cuarta y quinta se refieren a la construcción y reforma llevadas a cabo en la vivienda del arquitecto técnico municipal Pablo Guío del Amo, que también figura como imputado, y a la legalización de una construcción en Montalvo, número 30. El TSXG también explicó que, sin perjuicio del resultado de las nuevas diligencias de investigación que se van a llevar a cabo, de momento se mantienen las imputaciones a los diferentes imputados que ya han prestado declaración judicial. Algunos, especialmente los técnicos, se negaron a declarar a la espera de conocer más en profundidad los hechos que se les imputaban y estudiar los expedientes bajo sospecha. Es el caso del exgerente de urbanismo y arquitecto municipal, Rafael Vázquez Abal, y del arquitecto técnico Pablo Guío quienes han solicitado al juzgado volver a declarar ahora. Vázquez Abal lo hará el próximo jueves por la tarde.


+ Faro de Vigo - Carlos García - 25.6.14
Foto: Nichos del cementerio de Dorrón con los polémicos chalés investigados al fondo. // Gustavo Santos

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Valencia.- El último órdago de Barberá en El Cabanyal

El caótico urbanismo de Valencia, con su alcaldesa R.Barberá al frente, sigue su tortuoso camino en los juzgados. Es difícil hablar de algo positivo allí cuando casi todo el gobierno municipal está implicado o imputado en numerosas causas abiertas. Con el caso Nóos, ahora de actualidad otra vez, fue imputado entre otros el vicealcalde 'popular' y mano derecha de Barberá, A.Grau. Mientra ésta se resiste a abandonar una alcaldía corrupta que ha sido conocida por sus grandes fastos y despilfarros delictivos. El pretendido derribo del barrio del Cabanyal es de los temas más mediáticos y que aquí se ha tratado ampliamente. Ahora la alcaldesa de Valencia anuncia unilateralmente un acuerdo con el Gobierno para continuar con la demolición del barrio marinero, en vísperas de una sentencia del Supremo que puede paralizar definitivamente su plan. Algo contradictorio y delictivo, una vez más.
*PÚBLICO* : Se aproximaba la hora de comer, pero en las oficinas de los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia los ojos no se separaban de la retransmisión del Consejo de Ministros, en Madrid. Y no era para menos, porque instantes antes la alcaldesa Rita Barberá había anunciado un acuerdo con el Ministerio de Cultura para continuar el derribo parcial del barrio del Cabanyal, tras años de enfrentamientos que parecían haberse inclinado judicialmente a favor de los vecinos, y en contra de los intereses de la edil del PP.

Una palabra de Soraya Sáenz de Santamaría ratificando el sorprendente anuncio de Barberá habría sido demoledora para los defensores del barrio y los simpatizantes de su causa, pero esa palabra no llegó. ¿Qué anunció entonces la alcaldesa? ¿Era un avance sólido en algún sentido o se trataba de un acuerdo vacío como el anunciado meses atrás para permitir a Barberá seguir especulando con el futuro del barrio?

Tras el desconcierto mediático inicial, el silencio gubernamental, las aclaraciones de las asociaciones vecinales y los antecedentes comenzaron a decantar la balanza en este sentido. Cabe recordar que, tras casi una década y media de enfrentamientos judiciales desde la puesta en marcha de un plan para derribar parte del barrio histórico del Cabanyal y levantar sobre sus escombros una avenida bordeada de nuevas construcciones, la situación parecía también a punto de resolverse definitivamente a favor de la protección del enclave marinero. Especialmente desde que el Ministerio de Cultura de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero dictaminara, tras atender los preceptivos informes de expertos, que el plan de Barberá constituía el expolio de un Bien de Interés Cultural.

Un callejón sin salida

Tras esta decisión, el Ayuntamiento y la Generalitat recurrieron judicialmente esa orden en la Audiencia Nacional, pero esta ratificó la orden, y ambas administraciones acudieron a la última puerta abierta: la del Supremo. Si este giraba las tornas, Barberá tendría vía libre para continuar con los derribos, pero si no, habría llegado a un callejón sin salida.

Fue en circunstancias similares cuando la alcaldesa y el Consejo de Ministros anunciaron en noviembre del 2013 la retirada de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Generalitat Valenciana 2/2010 del 31 de marzo , aprobada con el fin de dejar sin efecto la orden ministerial que paralizaba el derribo del Cabanyal, a cambio de que la Generalitat Valenciana derogara esa orden. El motivo: estaban en vísperas de una resolución judicial apuntando la inconstitucionalidad de la norma de la Generalitat.

Y es en las circunstancias actuales, cuando el Supremo está a punto de señalar definitivamente si el plan de Barberá en el barrio constituye un expolio, como dictaminó en su día el Ministerio, cuando la alcaldesa ha anunciado que "modifica el plan".

Un 35% menos de 'expolio'

Sin más aviso que la filtración de la noticia a un diario afín, Barberá utilizó su habitual rueda de prensa de los viernes para dar a conocer públicamente una adaptación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal que, según definió en reiteradas ocasiones, es el resultado de un "acuerdo con el Ministerio" para "desbloquear el plan del Cabanyal".

La modificación (aún no aprobada en pleno municipal) sólo supondría el cambio de un 4% del proyecto original, y mantendría la prolongación -sobre los escombros del antiguo barrio- de una avenida de 48 metros de ancho como estaba previsto, aunque ligeros cambios en el diseño conseguirían reducir el número de inmuebles expoliados en un 35 por ciento. Del mismo modo, las nuevas construcciones al borde de la avenida -el plan siempre conllevó la construcción de nuevas viviendas- verían reducida su edificabilidad de cinco a tres alturas en la zona anexa a los inmuebles supervivientes al derribo.

Incluso se apunta que la Lonja del Pescado, un edificio centenario ubicado en primera línea del paseo marítimo y cuyo traslado piedra a piedra venía recogido en la primera versión del plan de Barberá, sobreviviría en el proyecto "modificado", aunque la alcaldesa se reservó apuntar la solución que el plan da a ese núcleo de viviendas.

"Era necesario adaptar el plan para proteger la trama histórica y se ha conseguido a través de alineación de edificios", dijo la alcaldesa, introduciendo el reconocimiento de que su antiguo proyecto no la protegía. "Me parece un acuerdo realmente importante, nosotros hemos movido alguna pieza y el Ministerio lo ha aceptado. Por tanto, desbloqueamos el tema", aseguró Barberá. No obstante, pese a todos los "acuerdos" y "desbloqueos", la alcaldesa no pudo dejar de reconocer que, aún aprobada la modificación del proyecto en el pleno, aún quedaría un obstáculo: el levantamiento de la orden ministerial.

"Barberá ha perdido"

Así pues, el anuncio de modificación sólo pretende esquivar la orden ministerial justo en vísperas de la resolución del Supremo al respecto. Y según las asociaciones vecinales, es la inminencia de esa resolución la que ha llevado a la alcaldesa a dar este paso. "Al parecer la Sala del Supremo, reunida la semana pasada para dictar sentencia sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento, podría haber marcado el desenlace final del recorrido judicial", asegura la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar. Según la asociación Salvem El Cabanyal, esta sentencia confirmará "que la Orden Ministerial es legal y que el Plan del Ayuntamiento para el Cabanyal supone expolio y es ilegal".

Desde Salvem El Cabanyal añadían este viernes que el "acuerdo" anunciado por Barberá con el Ministerio para continuar con los derribos con ligeras modificaciones es imposible. "En caso de existir ese pacto por escrito, en documento oficial, quienes lo hayan firmado podrán ser culpables de un clarísimo delito de prevaricación", aseguraban, porque a su juicio lo anunciado por la alcaldesa "vulnera la orden ministerial", y un nuevo plan que mantenga los derribos y la prolongación de la avenida deberá ser puesto en conocimiento de todos aquellos organismos que emitieron sus dictámenes para redactar la orden. "Y a la vista de lo que dijeron entonces, volverían a declarar ilegal un proyecto que mantuviera la prolongación", añadían.

Finalmente, en declaraciones a la Cadena Ser, fuentes ministeriales daban la razón a los vecinos: lo anunciado por Barberá sería a lo sumo "un principio de acuerdo", sujeto todavía a informes de los técnicos y de entidades independientes, que habría que ver "si encaja dentro de la orden ministerial que, entre otras cosas, exige la preservación del patrimonio histórico". En definitiva, la orden prevalece; el acuerdo es humo.

"Barberá quiere tiempo. Tiempo y no reconocer que ha perdido, que su plan ha sido y es ilegal, y que ha hecho y hace sufrir al barrio por su sola decisión", aseguran desde Salvem El Cabanyal. "Cada vez se hace más patente la necesidad de un cambio en esta ciudad que ponga fin a esa forma de gobernar y entender la política que la señora Barberá representa como nadie, que no conoce la transparencia y que utiliza de todo tipo de subterfugios, para salirse con la suya", concluyen.


* Público - Juan E. Tur - 23.6.14
Foto: La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante la rueda de prensa en la que informó del presunto acuerdo entre el consistorio y el Gobierno para desbloquear las obras del plan del Cabanyal. EFE

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