La exalcaldesa de Plasencia es condenada a 2 años y 6 meses de prisión por fraude urbanístico

El mismo fraude urbanístico que se repite día tras día en todos los municipios y administraciones del país: el fraccionamiento de una contrata de obras para así evitar el concurso público y poder adjudicarlas a los amiguetes de turno que, lógicamente, pagarán sus debidas comisiones a los altos cargos políticos. Un delito demasiado conocido como para que la justicia no haya tomado cartas en el asunto y actúe de 'motu propio' contra este sistema de corrupción urbanístico tan escandaloso. Ahora ha sucedido en Plasencia, pero lo que sale a luz es lo mínimo de la lamentable realidad actual en todo el país.
"20MINUTOS* : El Juzgado de lo Penal de Plasencia (Cáceres) ha condenado a la exalcaldesa de Plasencia y actual edil del Grupo Socialista, Elia María Blanco, a dos años y seis meses de prisión, además de a ocho años de inhabilitación por un delito continuado de fraude en adjudicaciones de obras públicas.

Según la sentencia, contra la que se puede interponer recurso de apelación en el plazo de diez días, la alcaldesa ha sido condenada, además, a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. De igual forma, la titular del juzgado ha condenado, con idénticas penas, al constructor placentino José Antonio Romero Vega. Además de Blanco y Romero, se sentaron en el banquillo, como acusados por el denominado caso Plasencia, los concejales Francisco Barbancho (PSOE) y Mónica García (PREx-CREx) y los exediles socialistas Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo. En este sentido, Barbancho y Tornero han sido condenados a nueve años y seis meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y a dos años y tres meses de cárcel, así como a siete años y seis meses de inhabilitación, por un delito continuado de fraude, cada uno.

El exconcejal Blas Raimundo será inhabilitado durante un periodo de siete años por prevaricación y ha sido condenado a un año de prisión y seis años de inhabilitación por fraude.

Por lo que respecta a los dos últimos imputados, la edil regionalista Mónica García y el exconcejal Sánchez del Mazo, la titular del Juzgado de lo Penal ha condenado a la primera a nueve años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, y a Del Mazo, a ocho años de inhabilitación por idéntico delito.
En cuanto a la responsabilidad civil de los condenados, la magistrada ha condenado a Elia Blanco, Francisco Barbancho y José Antonio Romero a que de forma conjunta y solidaria indemnicen al Ayuntamiento placentino por el exceso facturado en las obras del estacionamiento de La Isla con 42.304,28 euros. Por la misma obra también deberá responder de forma solidariamente, pero solo por la mitad (26.459,24 euros), el exedil Blas Raimundo. También ha condenado a Blanco, Barbancho, Romero y Enrique Tornero a que indemnicen de forma conjunta y solidaria al Consistorio los excesos facturados en las obras de la pista de autocross y motocross (11.697,70 euros); de la piscina climatizada (17.425,46 euros), y del mantenimiento de la Ciudad Deportiva.

El 15 de septiembre de 2011, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Plasencia dictó un auto de apertura de procedimiento penal abreviado contra los siete condenados por entender que tuvieron una actuación que podía ser constitutiva de delito.

Irregularidades en fondos públicos

La actuación judicial tiene su origen en una investigación iniciada por el Grupo Municipal Popular al comienzo de la pasada legislatura en torno a posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales, que tienen que ver con el fraccionamiento del importe de siete obras públicas para poder adjudicarlas directamente al constructor condenado y evitar así la licitación pública. Hasta el momento, ya han confirmado que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial Elia María Blanco, José Antonio Romero, Enrique Tornero y Mónica García.

Ésta última también ha anunciado que abandonará su acta de concejal en el próximo pleno que celebre el Ayuntamiento de Plasencia, una decisión que, según han indicado fuentes socialistas, también habría tomado ya la exalcaldesa y actual edil Elia Blanco, para quien el fallo es "absolutamente injusto". Por su parte Francisco Barbancho, Blas Raimundo y Pablo Sánchez han declarado, tras recoger el fallo, que deben estudiar la sentencia con sus abogados antes de pronunciarse sobre posibles recursos.


* 20 Minutos - EFE - 14.07.14
Foto: Ayuntamiento Plasencia - viajar

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El TSJ condena al ayuntamiento de Valencia por rehabilitar Tabacalera con dinero para vivienda social

Casi nada sorprende ya en el corrupto ayuntamiento valenciano, gobernado por la 'popular' R.Barberá. Otra vez más es condenado por la práctica ilegal de dedicar el dinero destinado para vivienda sociales, algo urgente y necesario, en otras obras y proyectos. En este caso en la rehabilitación del edificio de Tabacalera para sede del nuevo Ayuntamiento. Es decir, doblemente delictivo, pero sin duda, como hizo Gallardón en Madrid, más aparente en ese urbanismo falso y de cartón piedra que tanto gusta a la fallera alcaldesa DªRita. Otro ejemplo más de lo que es un despilfarro delictivo en un ayuntamiento y que debería tener mayores consecuencias judiciales que solo la reposición del dinero público escamoteado.
"LEVANTE* : El gobierno de Rita Barberá ha vuelto a recibir otro varapalo judicial por la operación de Tabacalera. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado el acuerdo plenario de mayo de 2008 del Ayuntamiento de Valencia por el que se destinaron 7,8 millones de euros procedentes de la enajenación de suelo municipal a la rehabilitación de la antigua fábrica, reconvertida en nuevo ayuntamiento.

El tribunal desestima así el recurso interpuesto por el consistorio y valida la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 4, que estimó el recurso del PSPV de la ciudad contra el citado acuerdo anulándolo.

El ayuntamiento tendrá ahora que restituir esos casi ocho millones de euros y destinarlos a la construcción de vivienda protegida en cumplimiento de la ley urbanística valenciana. El TSJ no condena en costas al consistorio al entender que la normativa ha sido objeto recientemente de una modificación que relaja la exigencia de destinar necesariamente el patrimonio municipal del suelo a hacer vivienda protegida.

En su demanda, el PSPV impugnó la decisión del gobierno del PP de destinar los ingresos por la venta de suelo a rehabilitar la Tabacalera, la plaza Redonda y el Mercado Central. De ellos, 7,8 millones de euros procedentes del PMS se destinaron al proyecto de rehabilitación de la Tabacalera en vez de a la promoción de vivienda pública.

El ayuntamiento alegó que en la ciudad está cubierta la demanda de vivienda barata y que la rehabilitación también cumplía fines de interés sociales.

El concejal socialista Vicent Sarrià aseguró ayer que la sentencia evidencia que la gestión del PP se caracteriza por «el despilfarro de los recursos públicos y las malas prácticas que mantienen el urbanismo de la ciudad bajo sospecha». El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, se sumó a esta crítica.

La operacion de la Tabacalera está además pendiente de una revisión por parte del TSJ de las valoraciones que se hicieron en la permuta y de los derribos.


* Levante - 5.7.14
Foto: Valencia, Tabacalera pelotazo - el pais



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