El ladrillo pudo con Sanxenxo

Muchas veces hemos hablado en este blog del lamentable urbanismo del municipio pontevedrés de Sanxenxo; la politización del mismo, con la multitud de ilegalidades cometidas, ha hecho posible una tremenda degradación territorial en cuanto a sus condiciones de habitabilidad. Mientras crece la lista de imputados por estos delitos urbanísticos, las arcas públicas del mayor centro turístico de las Rías Baixas se hunden por el lastre de la construcción. Zona habitual de poderes fácticos mafiosos, desde el contrabando hasta el ladrillo, ha sucumbido a su propia idiosincrasia delictiva. Todo ello permitido por unas administraciones 'populares' cómplices que nunca han estado a la altura de las circunstancias, manejando, eso sí, la utilización perversa de unos electores poco comprometidos con su municipio.
"ELPAÍS* : Con 17.500 habitantes y una población flotante que alcanza picos de hasta 100.000 veraneantes cada año, Sanxenxo acusa el desplome de la construcción como ningún otro ayuntamiento gallego; un sector que fue un auténtico maná para la economía local y el gran pelotazo para los promotores inmobiliarios desde comienzos de la pasada década. Pero además de las arcas vacías por los efectos de la burbuja inmobiliaria, el mayor centro turístico de las Rías Baixas afronta varios procesos judiciales por la concesión de licencias bajo sospecha que ya cuentan con 17 imputados, entre miembros de la cúpula política y técnica de la recién desaparecida Xerencia de Urbanismo, y varias constructoras.

Indicios de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio se derivan de las denuncias presentadas por particulares que tienen sus raíces en luchas internas dentro del PP local, que acabaron en una escisión del partido antes de las últimas elecciones municipales.

Los disidentes se integraron en la formación Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), contrarios a la elección como candidata de la actual alcaldesa popular, Catalina González, que oficialmente ya anunció su retirada del próximo cartel electoral. González les acusó públicamente de promover el calvario judicial en el que está imputada junto a Encarnación Rivas, actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta y que dirigió esta área municipal durante los últimos años del gobierno del anterior regidor, Telmo Martín.

A la investigación que arrancó en 2012 se sumaron la semana pasada otros dos implicados después de que el caso haya tomado nueva forma con las diligencias divididas en cinco procedimientos distintos, tantos como el número de licencias urbanísticas que se han denunciado.

Alejado de la presión mediática que tomó el caso, el juez de Cambados, Juan Carlos Hermo, que heredó las pesquisas el pasado año, acaba de añadir a la lista de imputados a Juan Lorenzo Ramírez, último gerente de Urbanismo y actual responsable del servicio jurídico del Ayuntamiento por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el polémico expediente de la calle Progreso, por el que han pasado por el juzgado varios testigos.

En estas diligencias que se centran en los dos bloques de viviendas edificadas por la constructora Balboa y Chan, en pleno casco urbano de la ciudad, está imputada Encarnación Rivas por presunta prevaricación, delito que podría ampliarse a otro de posible cohecho en su etapa al frente de la Xerencia de Urbanismo, entre 2004 a 2006.

El juez también acaba de imputar un supuesto delito contra la ordenación del territorio a la arquitecta de las obras de unos chalés en Bascuas, Elena L.F. —la segunda pieza judicial— que promovió la constructora Caneleiro Inversión, SL, y donde también está involucrada la alcaldesa por presunta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Una tercera investigación apunta a la concesión y posterior anulación de la licencia a las empresas Ferro Mesego y Promociones Inmobiliarias Lucasor para construir unos chalés en Dorrón, polémicas obras dada su ubicación y proximidad al cementerio de la parroquia de A Torre. Los dos restantes procedimientos se refieren a la construcción y reformas realizadas en la vivienda del arquitecto técnico municipal, Pablo Guio, y a la legalización de una construcción frente a la playa de Montalvo. Guio y su antecesor en el cargo, Rafael Vázquez Abal, también exgerente municipal de Urbanismo, solicitaron comparecer de nuevo ante el juez para ampliar su declaración del pasado diciembre.

En este momento procesal nadie se atreve a afirmar que la fase de citaciones e imputaciones haya terminado. El rumbo de las diligencias está en manos del juez que ha ampliado las pesquisas sobre algunos expedientes y no ha decidido todavía en qué situación quedará cada imputado; si amplia o rebaja los delitos, incluso si finalmente libera del proceso a alguno de los implicados.

El presupuesto en caída libre

El desplome de la construcción en Sanxenxo se ha llevado por delante la Xerencia de Urbanismo que se creó en 2003 como un órgano independiente que gestionaba las licencias de obras cuando el sector ya se había convertido el principal recurso de este pequeño Ayuntamiento costero. Su volumen de recaudación llegó a superar a algunos consistorios mayores de su entorno, como el de Pontevedra.

El departamento urbanístico se cerró hace dos meses con unos resultados deficitarios derivados de la crisis y con la mayoría de sus técnicos en distintas etapas imputados por varios delitos. Atrás quedaron las épocas de las excavadoras y las grúas, cuando las promociones inmobiliarias se contaban por centenares.

Aunque Sanxenxo siempre fue un imán para las constructoras, el bum alcanzó su punto máximo de 2005 a 2007, cuando se visaron más de 400 proyectos y los ingresos superaron los seis millones de euros. Los números y la recaudación cayeron en picado a partir de 2008 para gestionar apenas medio centenar de licencias, obras menores que generaron poco más de cien mil euros para las arcas públicas.

El presupuesto del Ayuntamiento también se encuentra en caída libre. De los 114 millones de euros que gestionó en 2007 (el segundo mayor de la provincia después de Vigo) pasó a 36 en 2012 para bajar a 31 en 2013, el mismo que se ha prorrogado para este ejercicio.

Aun así, la oferta inmobiliaria de Sanxenxo sigue siendo un gran tirón para la economía local, muy superior a otros centros de veraneo, mientras amplía sus fronteras al turismo hacia zonas menos masificadas de la costa. Los alquileres, por ejemplo, son con mucho de los más elevados de la provincia y el sector servicios continúa generando mucho empleo estacional.


* El País - ELISA LOIS - 19.7.14
Foto: Vista de la playa de Silgar, en el centro de Sanxenxo. / XURXO LOBATO

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Por fin, la nueva ley de Urbanismo valenciana

La conflictiva Comunidad Valenciana, en cuanto a urbanismo salvaje y corrupto se refiere, se acaba de dotar de un nuevo instrumento de planificación urbanística que, si bien supone un avance respecto a lo que había hasta el momento, tampoco termina de expresar correctamente todos los problemas existentes en la Ordenación Territorial. Por ejemplo en cuanto a los imprescindibles informes de Evaluación Ambiental que continuarán en el limbo de las competencias municipales y/o autonómicas, con lo que puede suponer de retraso en la coordinación de numerosos Planes. Y todo esto contando con la complicidad de unas administraciones tantas veces puestas en la picota urbanística por su declarada corrupción.
"GERARDO ROGER* : Por fin, las Cortes Valencianas procedieron el pasado 17 a aprobar la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (en adelante LOTUP), texto legal que viene a sustituir el insufrible y contradictorio marasmo legislativo preexistente en la Comunitat desde mediados de la década del 2000 y que aún solo por eso, debe ser celebrada su promulgación.

Pero es que, además, debe señalarse en su haber el esfuerzo de concertación llevado a cabo no solo entre las instituciones públicas y privadas responsables o aplicadoras del urbanismo valenciano, sino también con los partidos políticos con representación parlamentaria y más en concreto, entre los dos partidos mayoritarios, lo que ha permitido la conformación de un texto en su gran medida consensuado, lo que le confiere una cierta característica de estabilidad nada desdeñable y más aún, en la procelosa época económica en que nos encontramos.

Con respecto a los aspectos normativos de carácter positivo que recoge, cabría destacar como más trascendentes, la desagregación de los planes generales en dos planes, el estructural y el pormenorizado, lo que contribuirá indudablemente a racionalizar y aclarar los ámbitos competenciales entre Ayuntamientos y Generalitat. También a la agilización de las revisiones de los mismos, así como la regulación de los procedimientos de información pública con la introducción de medidas de control público y social que permitirán acotar los eventuales procesos especulativos y de corrupción. Y finalmente, la disposición de instrumentos jurídico-urbanísticos de intervención sostenible en la ciudad consolidada, único espacio capaz de recuperar la actividad urbanística y la generación de empleo a corto y medio plazo a través de la rehabilitación y regeneración urbanas. Una parte que, por cierto, se vió mejorada en el proceso de participación pública al que se sometieron los borradores de la ley y en la tramitación parlamentaria.

Sin embargo, en mi opinión, la LOTUP aún presenta algunas carencias o deficiencias que demandan su reajuste, bien mediante sencillas modificaciones puntuales de la ley o bien mediante su desarrollo reglamentario, lo que permitirá disponer de un texto legal final solvente y adecuado a la realidad socioeconómica en la que nos encontramos inmersos.

En este sentido y entre otras, se echa en falta una regulación más precisa de los procedimientos de tramitación de las evaluaciones ambientales estratégicas que respete de forma más adecuada las competencias urbanísticas de los Ayuntamientos y de la Generalitat y que no generen retrasos impropios y conflictivos en la aprobación del planeamiento, así como a la adopción de medidas más acordes a la realidad socio-urbanística en los procesos de regularización de los núcleos urbanos generados al margen del planeamiento, o la rigidez expuesta en la regulación de los porcentajes de participación pública en las plusvalías por parte de la Administración, hurtándose la posibilidad que ofrece la legislación estatal de suelo de su adecuación a la rentabilidad económica de las actuaciones urbanizadoras.

En fin, la LOTUP, como cualquier otro instrumento legal, presenta luces y sombras y estas últimas pueden (y deben) ser subsanadas mediante los procedimientos previstos para ello pero que y en cualquier caso, su promulgación debe ser bienvenida por lo que supone de indudable mejora sobre el maremágnum legal anterior y las posibilidades que ofrece para acometer, de una vez por todas, la tan demandada y necesaria recuperación de la actividad urbanística desde la disposición de explícitos criterios de equilibrio y sostenibilidad socioeconómica y también y a ser posible, de la desactivación de la "mala reputación" del urbanismo valenciano, en muchos casos "ganada a pulso" y que tanto daño ha hecho a la imagen de la Comunitat Valenciana. Ojalá se consiga.

* Gerardo Roger Fernández, Arquitecto y Profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.

* El País - 20.7.14
Foto: Valencia, cortes valencianas - tourist

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