Málaga.- La cúpula de Urbanismo, bajo sospecha por una reclasificación de suelo en Churriana

Las ilegalidades en el urbanismo malagueño no se acaban solo en la famosa Costa del Sol, sino que en la propia capital son moneda corriente de clanes especuladores y mafias de todo tipo que tienen gran influencia en el ayuntamiento 'popular' de la capital. Una reclasificación en el barrio de Churriana ha hecho saltar los resortes de la Guardia Civil que está investigando este importante pelotazo urbanístico. Incluso ha habido la detención de uno de los propietarios mafiosos del suelo, al que se le ha requisado un gran arsenal de armas. Otra evidencia más de cómo se actúa por estos lugares malagueños cercanos a la costa.
LAOPINIÓN* : La Guardia Civil mantiene desde hace semanas una amplia investigación centrada especialmente sobre los responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en relación con la reclasificación para urbanizable de más de 300.0000 metros cuadrados de suelo de la Sierra de Churriana, considerados por la Junta de Andalucía como suelo no urbanizable de especial protección.

Uno de los beneficiarios de dicha reclasificación es L. A. F. B., con quien el Ayuntamiento tiene firmado un convenio urbanístico sobre dichos suelos, que se encuentra en prisión después que los agentes de la Benemérita, en el transcurso de las investigaciones, le hallaran en posesión del mayor arsenal de armas localizado hasta la fecha en España, según adelantó La Opinión de Málaga en su edición del pasado sábado.

El hallazgo del arsenal de armas fue un hecho inesperado ya que desde un principio la investigación de la Guardia Civil, a través del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), se ha centrado en las posibles irregularidades de la decisión de la Gerencia de Urbanismo de reclasificar más de 300.000 metros cuadrados de suelo de la sierra de Churriana, pese a tratarse de una zona calificada de especial protección

Convenio urbanístico Pese a ello, la Guardia Civil investiga por qué con ocasión de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, los responsables de Urbanismo firmaron el 11 de octubre de 2012 un convenio urbanístico de gestión por el que reclasificaban un sector de la sierra de Churriana llamado El Albaricocal, con más de 367.890 metros cuadrados para permitir a sus propietarios la construcción de un hotel de baja densidad (tres plantas).

El convenio fue firmado por el empresario ahora detenido y en prisión L. A. F. B., en representación de un ciudadano finlandés y varias personas más. Las investigaciones del Seprona, con el apoyo del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) han llevado a la detención y encarcelamiento de L. A. F. B. tras descubrirse el gran depósito de armas que tenía ocultos en Rincón de la Victoria.

En compensación por la reclasificación los propietarios cedían al Ayuntamiento 56.957 metros cuadrados de suelo que, en este caso, sí es calificado de especial protección.

El suelo del Albaricocal, como el del resto de la sierra de Churriana, está considerado por la Junta de Andalucía como suelo no urbanizable de especial protección y así está calificado en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM). Para salvar este escollo, el Ayuntamiento acordó el convenio urbanístico con los propietarios del suelo y lo consideró de interés general. De esta forma, según estipula el convenio, se «conjuga el interés municipal de obtener los 56.900 metros de manera gratuita, con el interés de la propiedad de desarrollarlo en condiciones económicas que lo hagan viable».

Sin embargo, la calificación de la Junta como suelo no urbanizable de especial protección supone que todo el suelo del Albaricocal debía haber sido cedido gratis.

La investigación urbanística del Seprona para delimitar que la actuación de la Gerencia de Urbanismo podría suponer un delito contra la ordenación del territorio se inició el año pasado a raíz de las denuncias formuladas por varios pequeños propietarios de la sierra que remitieron a la Fiscalía sus sospechas de que se estaba actuando sobre suelos considerados como zona verde protegida.

La Fiscalía de Medio Ambiente puso las denuncias en manos del Seprona, que desde entonces viene investigando. En una primera actuación el Seprona detuvo a una docena de personas. Entre ellos había dos empleados del servicio de Inspección Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, que fueron expedientados por el Ayuntamiento de Málaga, y un agente del Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local de Málaga, que fue apartado del servicio. En los últimos días han sido detenidas varias personas y la titular del juzgado de instrucción 12 ha enviado a prisión al menos a una de ellas, L. A. F. B. como responsable del arsenal de armas encontrado.


* La Opinión - 23.7.14
Foto: Vista aérea de la zona del Albaricocal, en Churriana, que fue reclasificada por el Ayuntamiento de Málaga.- La Opinión

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C.Valenciana.- Diseños de ciudad que desafían la ley

A estas alturas poco se puede añadir sobre una Comunidad como la valenciana que, claramente, se ha situado en cabeza de la corrupción urbanística en España. El panorama que han dejado los especuladores del Territorio es desolador y lo peor es que es muy difícil la vuelta atrás, con lo que estos desmanes quedarán para generaciones futuras que echarán en cara a los dirigentes actuales, con toda la razón, cómo fue posible que este salvajismo, añadido de corrupción, quedaran impunes. A continuación unos ejemplos de cómo algunos tribunales y ciertas normas cuestionan proyectos como el Tram de Castellón o la remodelación del Cabanyal en Valencia por atentar contra el patrimonio.
ELPAÍS* : La reciente sentencia que ha ratificado la anulación del paso del Tram (un proyecto de transporte público en plataforma reservada que prevé conectar la Universidad Jaume I con el Grau) por medio del parque Ribalta de Castellón por vulnerar la ley de patrimonio cultural valenciano hizo estallar a la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig. "Todos los proyectos estratégicos se han sacado gracias al esfuerzo del PP, nunca hemos encontrado la colaboración. Todo ha acabado recurrido en los tribunales, absolutamente todo", dijo exaltada durante la rueda de prensa en la que ofreció la solución del Consell y el Ayuntamiento de Castellón para esquivar la sentencia y que el Tram sí atraviese el parque declarado Bien de Interés Cultural.

La justicia ha sido implacable con el urbanismo diseñado para la ciudad de Castellón. No solo el Tram. Los tribunales han anulado los proyectos estratégicos previstos en la ciudad. El más importante, el PAI Mestrets, el gran plan para la ciudad. Hasta la fecha, varias sentencias han tumbado el proyecto que preveía levantar más de 6.000 viviendas en una zona de masets tradicionales (previo desalojo de sus vecinos y derribo de las viviendas). Este programa se hizo pensando también para construir el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava y la sede de la VIU de Frank Gehry. Varios fallos lo han anulado.

Por anular, en Castellón está abolido hasta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) redactado en el año 2000. Hasta tres veces se lo ha tenido que decir el Tribunal Supremo al Ayuntamiento. La obcecación del equipo de gobierno para sortear la anulación con modificaciones puntuales obtuvo el tirón de orejas del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia. El primero acusó de haber hecho “un simulacro” del cumplimiento del fallo. El segundo urgió al Consistorio a "dejar de persistir" en la aprobación de un plan que es nulo y que se pusiera manos a la obra para la redacción de un nuevo PGOU. En ello están.

La sentencia contra el Tram ha hecho a la oposición recordar otra, la que declaró ilegal el Auditorio de Castellón cuando ya estaba construido. Entonces, el PP retó al PSPV a pedir la ejecución del fallo que implicaba la demolición del edificio, que siguió en pie. La jugada se repite, pero en esta ocasión la oposición sí se plantea pedir la ejecución si Consell y Ayuntamiento persisten en que los trolebuses circulen por mitad del Ribalta.

"Los políticos pelean por lanzar hacia adelante proyectos en la ciudad sin atender adecuadamente algunos requerimientos judiciales", explica Jaime Prior, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Prior apunta que esta problemática es el resultado de que la denominada "voluntad política" haya suplantado progresivamente al criterio técnico profesional y científico en la praxis del diseño de las ciudades. Este punto de inflexión en la relación entre el técnico y el político, explica, ha sido clave para llegar a la situación actual en la Comunidad Valenciana, con un urbanismo frenado a golpe de sentencia judicial. La Jaume I también ha criticado en un informe la "política de hechos consumados" en la plataforma del Tram.

En Valencia hay casos parecidos como el del Cabanyal. Aprobado en 2001, el plan urbanístico diseñado por el Consistorio para este barrio sigue sin ejecutarse 13 años después. Pensado para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, a costa del derribo de 1.600 casas del barrio —la mayoría desprotegidas ad hoc—, el proyecto ha sido combatido en los tribunales por los vecinos y luego por una orden del Ministerio de Cultura de 2009, que los suspendió definitivamente porque expoliaba el patrimonio del antiguo Poble Nou de la Mar. La peculiar trama urbana en retícula del barrio marinero, heredada de las alineaciones de las antiguas barracas, era barrida por la prolongación de la avenida.

El Ayuntamiento de Valencia, su gran valedor, y la Generalitat sacaron toda su artillería legal para invalidar la orden pero al día de hoy no han podido. En estos momentos, el Gobierno local, que preside la popular Rita Barberá, tiene una modificación del plan con vistas a ejecutar la prolongación. Pero sus detractores ya advierten, con los escasos datos que tienen a mano, que continua el expolio.

La antigua Tabacalera de Valencia es otro proyecto que se consumó con serías objeciones al derribo de varias de sus naves. El Tribunal Supremo anuló hace justo un año el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que avalaba las demoliciones ordenadas por el Consistorio, y le obligó a revisar la operación.

La historia es sencilla. El Consistorio inició en 2005 una operación urbanística para desproteger las naves laterales y traseras de la antigua fábrica pese a su valor patrimonial y a los informes en contra del Consell Valencià de Cultura (CVC), el Colegio de Arquitectos o la Real Academia de Bellas Artes.

El Gobierno municipal firmó con la sociedad Guadalmedina, dueña de Tabacalera, un convenio de permuta por el que el Ayuntamiento recibía una compensación económica de 14,3 millones de euros, además del inmuelbe, hoy sede municipal. La constructora recibió a cambio los solares libres —y recalificados— de las naves derribadas, donde había previstas 320 viviendas, así como un edificio de titularidad municipal en la plaza de América.

Los socialistas calificaron la operación de pelotazo — y la denunció ante la Fiscalía por entender que pudo cometerse prevaricación. El caso no prosperó. La plataforma vecinal Salvem Tabacalera la recurrió ante el TSJ, que la avaló. Los vecinos apelaron al Tribunal Supremo y en julio de 2013 éste exigió al TSJ valenciano que consultase con expertos sobre el valor patrimonial del antiguo complejo fabril, hoy mutilado. Le pidió también que comprobase si la ciudad perdió. como denunciaron socialistas y vecinos, dinero con la valoración por debajo de mercado del suelo entregado a Guadalmedina.


* El País - LORENA ORTEGA / CRISTINA VÁZQUEZ - 20.7.14
Foto: Uno de los Tram que ya circulan por la capital de La Plana. / ÀNGEL SÁNCHEZ

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