Valencia.- El juez procesa a tres consejeros de Camps en el ‘caso Gürtel’

Las ramificaciones del caso de corrupción urbanística 'Gurtel' son enormes. La Comunidad valenciana, con Zaplana y Camps de presidentes, es uno de los focos más importantes del país, junto al de Madrid. Ahora son procesados tres consejeros más de Camps, con lo que la cuenta de altos cargos de la Generalitat se sigue disparando. Como siempre, son acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. No obstante hay algunos nombres importantes que han quedado fuera de esta operación corrupta, con lo que parece que la justicia, de nuevo, ha actuado con demasiada benevolencia.
"ELPAÍS* : El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano J.Ceres ha procesado a tres consejeros de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a otros 18 cargos de su Administración como presuntos autores de cuatro delitos que habrían cometido al adjudicar a dedo decenas de contratos a la trama Gürtel. El magistrado ha dejado también a un paso del banquillo de los acusados a la plana mayor de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y a tres de sus subordinados.

Aunque la pieza separada de la causa que Ceres ha concluido este jueves es conocida como la de los contratos menores de la Generalitat, las empresas del grupo de Correa captaron con estas adjudicaciones más de 760.000 euros.

Los exconsejeros procesados son Alicia de Miguel, que fue titular de Bienestar Social; Manuel Cervera, exresponsable de Sanidad y exdiputado en el Congreso por Castellón, y Luis Rosado, que le sucedió al frente de la Consejería de Sanidad. A ellos y al resto de acusados el instructor les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El juez narra en un auto de 263 páginas la extraordinaria acogida que El Bigotes recibió prácticamente en todos los departamentos y entes dependientes de la Administración valenciana durante la presidencia de Camps y hasta que el exjuez Baltasar Garzón desmanteló la trama en el año 2009.

“La irregular y plural contratación administrativa” se extendió por nueve consejerías, dos agencias, una fundación y cinco sociedades públicas. En todas ellas se produjeron “una gran cantidad de contrataciones con vulneración de los principios de publicidad y libre concurrencia”, con el objetivo aparente de “beneficiar” al entramado empresarial de Correa.

El magistrado recalca la sospechosa coincidencia de que las adjudicaciones presenten “un similar modus operandi pese a tratarse de muy diversas contrataciones y muy diversos órganos de contratación”. Como si en ellas hubiera existido “cierta influencia política”. El juez señala que en aquella época Orange Market, la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, “organizaba los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana”. Y que, según declaró un antiguo empleado de esa sociedad, aquella circunstancia les “favoreció para las adjudicaciones”.

Para eliminar la competencia, el Gobierno valenciano y la red utilizaron, según el juez, un amplio repertorio de corruptelas. La primera vía para asegurar el resultado consistió en emplear “procedimientos negociados de contratación sin publicidad”, en los que bastaba con invitar a tres empresas. Una era “siempre” Orange Market; y las otras dos, empresas del mismo grupo de Correa. “No se encuentra explicación razonable de la causa de realizar invitaciones a sociedades del grupo radicadas en Madrid, que nunca habían trabajado en el respectivo órgano de contratación. Ni que ningún empleado público sepa explicar por qué se seleccionaron para ser invitadas, o quién era su interlocutor y a las que nadie conoce”.

“En muchas otras ocasiones”, prosigue el juez, el procedimiento fue incluso menos sofisticado. La Generalitat recurrió a “la técnica del fraccionamiento de la contratación”. Si un mismo acto era dividido en adjudicaciones inferiores a los 12.020,24 euros, podía concederse directamente.

De ese modo, para la organización del Congreso de Software Libre de 2005 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, por ejemplo, El Bigotes cobró exactamente 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje del mobiliario” en general. Y otros 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje” solo de la moqueta.

“La confianza en la adjudicación era tal” que los empleados de Correa solían empezar los trabajos antes del inicio del procedimiento para adjudicarlos. Los pliegos administrativos en ocasiones “se diseñaban a posteriori, en función de las ofertas” que había presentado El Bigotes. Y otras veces los cargos procesados sugerían a los miembros de la red “cambiar conceptos esenciales de las facturas”, con la presunta finalidad “de obstaculizar la detección de irregularidades”. El juez exculpó al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, al considerar que los contratos fraccionados que firmó le vinieron dados. Pero no así a sus dos antiguos jefes en la Consejería de Sanidad, Cervera y Rosado.

Los contratos que Sanidad concedió a la trama, con motivo de la organización de los Premios Salud y Sociedad, fueron divididos no solo entre diferentes empresas de la red, sino entre distintos departamentos de la consejería. Todas esas contrataciones son presuntamente “pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior a las respectivas direcciones generales que aparecen formalmente como órganos de contratación”. Los “técnicos cualificados a nivel de contratación” interrogados por el magistrado respondieron que esa “superior coordinación de las facturas y su pago se residencian primordialmente en el consejero [Cervera] y el secretario autonómico”, por entonces Rosado.

Varios testigos y algún imputado (incluido Bataller) declararon que Cervera se reunió con personal de Orange Market, y que la dispersión de las facturas partió del gabinete del consejero. El exjefe de gabinete y su antigua jefa de prensa señalaron, a su vez, “que actuaron cumpliendo las indicaciones” que les dio Cervera.

También ha sido capital para el procesamiento de Alicia de Miguel la declaración de su exjefe de gabinete. Éste “reiteradamente manifestó que fue la señora consejera quien organizó los actos, eligió a la empresa [Orange Market] y que incluso ella fue quien personalmente le presentó a Álvaro Pérez como la persona que se iba a encargar de organizar los actos de la consejería investigados”.

De Miguel, que fue miembro del Consell entre los años 2000 y 2007, tenía delegadas las competencias de contratación y, según su jefe de gabinete, le gustaba controlar todos los detalles: “La decisión sobre qué empresa hacía el acto siempre la tomaba la consejera. Daba cerrado el acto y la empresa”. En similar sebtido declararon otros subalternos de la consejera, que negaron tener “animadversión” hacia De Miguel.


* El País - IGNACIO ZAFRA - 24.7.14
Foto: Manuel Cervera, uno de los exconsejeros ahora procesados, con Rita Barberá y Francisco Camps en 2011. / CARLES FRANCESC

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Barcelona.- A 10 años del Forum de las Culturas. El Parc del Fòrum: una plaza sin gente para gente sin plaza

La Barcelona que llevó adelante proyectos como las Olimpiadas del 92 quedó atrás y desde entonces, gracias a unos alcaldes especuladores, contagiados del espíritu faraónico madrileño o valenciano, el urbanismo dio un giro espectacular a peor, con operaciones tan fraudulentas como la del Fórum de las Culturas. Se remodeló toda una gran zona con edificios absurdos y espacios públicos vacíos y sin vida. Plazas gigantescas, fuera de escala y de sentido, algo de diseño inútil y, detrás, una enorme operación especulativa con nombres y apellidos de las empresas que se repartieron el pastel y los políticos que lo hicieron posible (P.Maragall y J.Clos entre otros).
"DIAGONAL* : ¿Quién crea una plaza?, ¿los arquitectos y diseñadores en sus gabinetes y despachos?, o ¿la gente, transitándola y habitándola, en definitiva, viviéndola? Para encontrar una respuesta a tal pregunta, decidimos hacer un pequeño experimento y pasar una calorosa tarde de julio deambulando por la plaza más grande de Catalunya, del Estado español y de Europa, y la segunda en dimensiones a nivel mundial justo detrás de la de Tiananmen, en Pekín. ¿Cuál es esa plaza?, os preguntaréis. Pues ni más ni menos que una con 16 hectáreas de extensión, la del Parc del Fòrum, en Barcelona. Sin embargo, para entender el por qué de las dimensiones y la situación actual de esta plaza hay que remontarse, no solo a su más inmediato origen, sino también a la forma de entender la ciudad que tuvieron sus creadores.

Aunque se suele señalar a los Juegos Olímpicos, celebrados en Barcelona en 1992, como el punto de inflexión más importante en la transformación urbana que ha venido sufriendo Barcelona, la verdad es que habría que remontarse a años antes, incluso décadas, si quisiéramos poner fecha y hora al inicio real de dicho proceso. Ya durante el controvertido periodo de gobierno de Josep Maria de Porcioles, alcalde franquista que rigió el destino de la ciudad de 1957 a 1973, fue patente la obstinación por recuperar la idea de la “Gran Barcelona”, traducida ésta en un desarrollo urbanístico sin precedentes caracterizado, básicamente, por la proyección de la ciudad como sede de congresos y ferias internacionales. Para llevar a cabo esta idea, el régimen necesitaba espacio, es decir, suelo urbano. En este sentido, el auge que la economía franquista experimentó durante los años 60 y 70 del pasado siglo, creó las condiciones necesarias para la obtención de cuantiosas plusvalías gracias a la recalificación descontrolada de suelo. Unas recalificaciones producidas al margen de los planes generales, sistemáticamente modificados para convertir zonas industriales en residenciales y áreas rurales en edificables. A todo este proceso no fueron ajenas las clases dominantes de la capital catalana que, al calor de las recalificaciones de terrenos y con el apoyo de la dictadura, logró grandes beneficios.

Fue a partir de aquella época que grandes empresas constructoras e inmobiliarias, propias de la oligarquía franquista, consolidaron su poder político y económico. De hecho, muchas de ellas permanecen hoy en pie, como la promotora inmobiliaria Juban, de la familia Banús, el grupo DRAGADOS, la constructora ACS de Florentino Pérez y, en parte, de la familia March, o el grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de la familia Koplowitz. Los orígenes del éxito económico del Estado español de los últimos años del siglo XX y principios del XXI, basado principalmente en la especulación inmobiliaria, podemos encontrarlos ya durante el frenesí desarrollista ocurrido hace más de cinco décadas. En la Ciudad Condal destaca de sobremanera el Plan Barcelona 2000, presentado por el mismo alcalde Porcioles en 1967 con el objetivo de “regenerar y dignificar la ciudad”, “embellecer la vía pública” y acabar de una vez por toda con “el desorden de los barrios populares”. De esta forma, podríamos decir que la era porciolista es el origen de eso que conocemos como “el urbanismo de las grandes obras públicas”, un eufemismo tras el cual se esconde la colaboración pionera entre los sectores público y privado en la promoción de grandes obras que facilitaban enormes beneficios económicos. El ambicioso Plan de la Ribera, de finales de los 60, por ejemplo, es otro de los proyectos que manifestaron esta línea de actuación. A pesar de la destitución de Porcioles en el año 1973, el legado ideológico de estos planes fue recogido finalmente por el Plan General Metropolitano de 1976, origen de la planificación actual, y prueba más que evidente de que el periodo democrático ha supuesto, únicamente, la consolidación de un modelo urbanístico ya prefigurado durante la Dictadura.

Con la construcción del complejo comercial y urbanístico de Diagonal Mar en el año 2001, enfocado hacía las clases medias y altas y ciertamente aislado de los barrios circundantes, estas dinámicas alcanzaron el margen derecho del río Besòs, generando una fuerte desarticulación del tejido urbano. Barrios fuertemente estigmatizados, como la Mina, quedaron definitivamente aislados y ocultos a la sombra de imponentes estructuras hoteleras, inmobiliarias y comerciales de la zona recuperada. Es en este punto cuando llegamos al origen del actual Parc del Fòrum.

Con la puesta en marcha del Projecte Fòrum 2004, la urbanización del terreno comprendido entre la Rambla de Prim, la Gran Via, el río Besòs y el mar, se convirtió de repente en un propósito internacionalmente promocionado y reconocido. Para hacernos una idea de sus dimensiones, basta echar un ojo a la superficie objeto de intervención, ya que, conjuntamente con el área del Distrito 22@ y Diagonal Mar, el espacio transformado llegaría a sumar más de 330 hectáreas, cifra cuatro veces superior a la intervenida durante los Juegos Olímpicos. Con un presupuesto, generado mediante la consabida colaboración público/privada del Modelo Barcelona, de más de 3.200 millones de euros, la recalificación de la zona preveía un campus universitario, hoteles, una zona de negocios, pisos para niveles altos de renta, en venta libre y alquiler, un puerto turístico y, cosa digna de subrayar, un gran área de equipamientos para toda la ciudad. Es dicha gran área de equipamientos lo que hoy conocemos como Parc del Fòrum, una obra que funcionó como inmejorable justificación para llevar a término la conversión de un área históricamente muy significativa, pero hasta entonces mantenida en precario y olvidada, en una nueva centralidad consagrada al ocio y al consumo, así como a encuentros y congresos de calado internacional. Sin embargo, a día de hoy, las mismas administraciones que lo pusieron en marcha reconocen que la transformación de la zona no ha producido todavía un “tejido social dinámico”.

Quizás el motivo de la inexistencia de este tejido tiene que ver más con el hecho de que los espacios no son producidos por urbanistas y políticos, sino por la gente que lo ocupa y lo usa. A no ser, claro está, y como se ha intentado demostrar con los párrafos precedentes, que lo que haya detrás no sea más que una operación inmobiliaria de grandes dimensiones que únicamente persiga el enriquecimiento de las empresas del sector en base a la recalificación y venta del suelo urbano. Operaciones que, como ha señalado estos días la Sindicatura de Cuentas de Catalunya evidencian, además, numerosas irregularidades a través de incumplimientos de la normativa en la contratación pública, en la elección de patrocinadores, en la planificación real de necesidades, etc.

Durante el experimento, en esa tarde calorosa de julio, fuimos testigos de cómo esos espacios, señalados como emblemáticos, comprometidos, icónicos, encantadores, íntimos y placenteros por la propaganda oficial, se encontraban ocupados por skaters que aprovechan el inmenso vacío para hacer piruetas y carreras, personas sin techo ni hogar, o nómadas urbanos según el discurso oficial, que bostezaban en las pocas sombras de la plaza, y esporádicos grupos de vecinos de los populares barrios cercanos que celebraban picnics, algo que, para poder realizarse, no hubiera necesitado de una inversión tan millonaria. En definitiva, el Parc del Fòrum se convierte, estos días, en una plaza sin gente tomada por gente sin plaza.

* Observatori d’Antropologia del Confl(OACU), Jose Mansilla y Giuseppe Aricó (OACU)

* Diagonal - 23.7.14
Foto: Barcelona, Forum de las Culturas - G.Aricó

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