Casi la mitad de los 5.000 millones del segundo Plan E se adjudicaron a dedo

5 años más tarde (cinco) el 'diligente' Tribunal de Cuentas encuentra un fraude en la adjudicación de multitud de obras públicas del llamado Plan E, impulsado por el gobierno de R.Zapatero. El organismo destaca que el 42% del importe total del programa, 2.100 millones de euros, fue adjudicado por las entidades locales siguiendo procedimientos con escasa o nula difusión, es decir que esas pequeñas obras fueron concedidas a dedo por los dirigentes municipales. Una grave acusación la de este siniestro organismo público para hacerla tan tarde y tan fuera de lugar, ya que si el asunto fuera prevaricador, el lugar lógico de esta acusación debería ser el de los tribunales de justicia y, de momento, esto no se ha producido. Parece que pueda haber de fondo un interés partidista, conocidos los actores que intervienen en este caso.
"ELCONFIDENCIAL* : El Tribunal de Cuentas ha encontrado graves defectos formales en el segundo Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobado en octubre de 2009 con una dotación total de 5.000 millones de euros bajo la denominación oficial de Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL). El organismo supervisor concluye en su informe de fiscalización, al que ha tenido acceso este diario, que casi la mitad del presupuesto del programa acabó adjudicándose a dedo, que la mayoría de los proyectos financiados no fueron de utilidad pública y que en uno de cada tres expedientes los fondos no sirvieron para generar ni un sólo puesto de trabajo.

El documento cuestiona con dureza la utilidad del fondo, que supuso un desembolso equivalente al 0,5% del PIB nacional. El organismo destaca que el 42% del importe total del programa, 2.100 millones de euros, fue adjudicado por las entidades locales siguiendo procedimientos con escasa o nula difusión. En la gran mayoría de esos casos, precisa el Tribunal del Cuentas, se utilizó en concreto el procedimiento negociado sin publicidad, es decir, que los empresas adjudicatarias fueron elegidas a dedo por los dirigentes de las entidades locales. A juicio del órgano supervisor, se trata de “una concentración muy elevada en un tipo de procedimiento que la propia Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público configura como excepcional frente a los procedimientos abierto y restringido, que garantizan en mayor medida los principios de publicidad y libre concurrencia”.

El Tribunal de Cuentas añade que, además de utilizar procedimientos de adjudicación opacos en casi la mitad de los procedimientos, también se ha detectado que, en el 87% de los expedientes, las entidades locales no justificaron con la diligencia exigible la selección de los criterios para la licitación de las obras o servicios.

La fiscalización también concluye que en un 56% de las adjudicaciones con cargo a la dotación del Plan E “no se acreditó o se hizo de forma inadecuada la necesidad pública de la inversión, cuestión que, además de suponer un requisito básico para la adjudicación, recogido en el artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), supone una garantía de que los fondos públicos se destinen a un fin necesario para la entidad local”. Sólo el 44% de los proyectos de la segunda fase del plan de estímulo del Ejecutivo garantizó la utilidad del gasto público.

Adjudicación sin compromiso de empleo

El Tribunal de Cuentas también pone en duda el efecto que el programa tuvo en la creación de empleo, pese a que ese era uno de los objetivos con los que fue anunciado. El informe apunta que el “27% de los proyectos fue adjudicado a empresas que no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo” y, un porcentaje aún mayor de los expedientes, el 38%, “se adjudicó a empresas que no iban a necesitar contratar a ningún trabajador nuevo”. Además, el 13% de las empresas que se comprometieron a “emplear nuevos trabajadores” incumplió esa promesa. Y por último, se ha podido constatar que el 9% de los empleados que según las firmas adjudicatarias habían sido contratados del desempleo “no constaba como inscritos en los correspondientes Servicios Públicos de Empleo”.

La fiscalización del segundo Plan E alcanza conclusiones similares a las que se desprendieron del análisis del primero, conocido oficialmente como Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y aprobado en 2008 con una dotación de 8.000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas consideró que el 70% de los proyectos financiados con cargo a ese programa no justificaron su utilidad pública y que sólo el 4% de los trabajadores que fueron contratados para obras o servicios financiados por el plan mantenían sus empleos a finales de 2011.


* El Confidencial - José María Olmo - 1.8.14
Foto: Obras Plan E - wikipedia

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Vecinos de Madrid protestan contra Ana Botella por la cesión al Opus Dei de una finca histórica

Las asociaciones de vecinos de Madrid están de nuevo en guerra contra la política urbanística privatizadora de la alcaldesa A.Botella. A pesar de las más de mil alegaciones que presentaron para que la Quinta de Torres Arias, un palacete con enormes jardines de cinco siglos de antigüedad, fuera finalmente de uso público, la alcaldesa, sin embargo, lo cedió al Opus Dei, a través de Universidad privada de Navarra. Una operación fraudulenta, especulativa y esperemos que reversible si llega a los tribunales de justicia, como parece ser su camino final. Es conocida la vinculación de A.Botella y familia con esta secta ultracatólica que actúa calladamente, pero que practica un proselitismo evidente entre las filas del conservador Partido Popular.
"POSTDIGITAL* : Una protesta vecinal convocada por la Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias ha recriminado hoy a la alcaldesa Ana Botella la intención del Ayuntamiento de Madrid de ceder esta finca pública del siglo XVI, de alto valor patrimonial, a la Universidad de Navarra, privada y vinculada a la secta ultracatólica Opus Dei. La protesta ha tenido lugar frente al Palacio de Cibeles coincidiendo en horario con la celebración del pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que se ha aprobado el Plan Especial para la Finca de Torre Arias, un espacio para el que los vecinos de San Blas llevan años reclamando un destino de sus instalaciones a equipamientos públicos que sean 100% de gestión pública, ya que la zona sufre una fuerte carencia dotacional.

El Plan ha sido aprobado en solitario por el grupo municipal del PP, “tras ignorar las más de 1.000 alegaciones presentadas por asociaciones vecinales y vecinas y vecinos a título individual”, ha informado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), y contempla la demolición de edificios de alto valor arquitectónico para la construcción de un aparcamiento.

Además de las demoliciones, el Plan regula el uso dotacional como equipamiento educativo del edificio principal, estableciendo el régimen de obras admisibles, y el PP ha asegurado que se llevará a cabo “un concurso público al que puedan acceder todos aquellos organismos educativos o culturales interesados”.

Para la Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias esto “invita a pensar que el Ayuntamiento de la capital ha diseñado un ‘traje a medida’ para la privatización parcial de la quinta vía la cesión de parte de las instalaciones a organismos como la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei, que ya ha mostrado su interés en instalar en ellas una sede para impartir cursos de postgrado”.

“No puede ser que los chavales y chavalas de Canillejas no tengan un instituto público en el barrio y el Ayuntamiento de Madrid ceda un espacio público destinado a una institución educativa de élite”, han expresado desde la plataforma, que exige la redacción y aprobación de un plan de rehabilitación integral para uso dotacional público que dé respuesta a las necesidades del distrito.

Una privatización encubierta

La Quinta Torre Arias es una hacienda de cinco siglos de antigüedad y una extensión de 13,45 hectáreas, situada en el último tramo de la calle de Alcalá. Además de la abundante vegetación y del palacete principal, cuenta con diversas construcciones catalogadas por el Ayuntamiento con diferentes niveles de protección histórico-artística, como las caballerizas, el matadero, varias fuentes y estanques y otras edificaciones anexas.

Tras la muerte en 2012 de su antigua propietaria, la condesa de Torre Arias, se hizo efectiva la cesión de la finca al Ayuntamiento de Madrid en virtud de un acuerdo firmado en 1985 entre sus propietarios y Enrique Tierno Galván, el entonces alcalde de la capital, según el cual la quinta pasaría a manos del municipio con la condición de que el espacio se empleara como parque público y para servicios a la ciudad.

La Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias cree que el Partido Popular pretende saltarse las condiciones del acuerdo, que establecía el uso público como condición para la cesión, mediante una privatización encubierta, a la vez que aparenta dar cumplimiento a las necesidades vecinales de dotaciones educativas cuya gestión estará en realidad en manos privadas y no serán accesibles para todo el mundo.


* PostDigital - 30.7.14
Foto: Madrid, Quinta de Torres Arias - dinastias

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