Madrid.- Nuevo PGOU, más especulación en Urbanismo

El actual gobierno 'popular' de A.Botella en Madrid pretende aprobar el nuevo Plan General municipal antes de que termine su legislatura, es decir de Mayo de 2015, y para ello está acelerando su proceso sin utilizar para nada el consenso y con la oposición declarada de todos los demás partidos políticos, asociaciones de vecinos y colectivos implicados. Las prisas suelen ser malas consejeras y más aún cuando lo que se pretende son nuevas privatizaciones de actuales dotaciones públicas para obtener beneficios que lucren a los amiguetes de turno. Así, ha sido denunciado ya el avance de este nuevo PGOU que pretende el expolio de edificios públicos, a la vez que promociona un nuevo desarrollismo imposible para la actual ciudad de Madrid. La mejor prueba del rechazo ciudadano es la creación de la Pla­taforma 'No a Este Plan Urbanístico' que se opone radicalmente a este nuevo pelotazo del PP en la capital.
"DIAGONAL* : La frenética carrera del equipo de Ana Botella para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue ocasionando muestras de rechazo de la mayoría de colectivos y asociaciones vecinales. La insistencia del Consistorio en modificar el actual planeamiento urbanístico de la capital, vigente desde 1997, para declarar urbanizable zonas que alcanzarían hasta los límites territoriales marcados por los distritos, se ha encontrado con la oposición de varios grupos, que ven la medida como un mero intento de continuar la especulación urbanística en favor de grupos de poder y grandes propietarios y en detrimento del patrimonio urbano, cultural y de zonas verdes que disfrutan los madrileños.

El Ayuntamiento desea aprobarlo antes del final de su mandato, en mayo de 2015, pero apenas tiene consenso. Entre varios cambios, prevé dar a 146 unidades urbanísticas (desde parcelas, edificios y manzanas) que ahora son dotaciones públicas (equipamientos deportivos, educativos, sanitarios o administrativos) un nuevo uso económico y lucrativo (oficinas, hoteles, comercio, etc.), según alertan diferentes asociaciones, como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que desconfía, por ejemplo, de que la situación económica permita cubrir las 200.000 nuevas viviendas que el Plan prevé construir en los siguientes años, cuando la población española se está reduciendo progresivamente.

Expolio de edificios públicos

La ofensiva del Ayuntamiento comenzó en noviembre pasado, cuando su Junta de Gobierno entregaba el Preavance del nuevo PGOU (actualmente en fase de discusión pública) y calificaba un nuevo tipo de suelo como ‘actividad económica’, que sustituía los actuales usos industrial y terciario. Entonces, el Consistorio defendía el proyecto alegando que el antiguo Plan potenció la llamada ‘burbuja inmobiliaria’ y que ahora era necesario un modelo que flexibilice la tramitación urbanística que “retrae la inversión por la dilatación de los plazos administrativos”, señalaba en su momento la concejala de Urbanismo, María Paz González. Pero a esta tesis le han salido varios críticos.

Uno de ellos es la Pla­taforma No a Este Plan Urbanístico, que nacía el pasado junio para “impedir el expolio de suelos y edificios públicos al servicio de intereses privados”. Formada por diferentes asociaciones vecinales, ecologistas, de defensa del patrimonio, sindicatos y partidos políticos, se creó para rechazar un PGOU que “camina en contra de los intereses ciudadanos”, al desregular los usos y permitir que los edificios puedan albergar cualquier tipo de actividad.

El colectivo denuncia que el Plan provocaría un crecimiento “insostenible e innecesario” del desarrollo inmobiliario y segregaría barrios ricos de pobres, al decidir los usos en parcelas por criterios de rentabilidad y, por contra, descuidar la movilidad y la intervención pública en materia de vivienda y suelo en zonas ya existentes.

Los analistas estiman que un indeterminado número de inmuebles públicos de Madrid pasaría a tener uso especulativo. El Plan contempla modificar a uso privado desde los Juzga­dos de Plaza de Castilla y las instalaciones de RTVE en Torrespaña, pasando por la Consejería de Presiden­cia de Pontejos, hasta el edificio de Registro Civil de Padrillo o el antiguo Hospital del Aire de San Cipriano, por poner sólo algunos ejemplos. Igualmente, afectará a casi medio centenar de edificios de Telefónica, como su sede en la Gran Vía. Que la estrategia va en serio lo demuestra la ‘Operación Canalejas’, iniciativa privada promovida por el Grupo Vi­llar Mir y aprobada por el Ayun­ta­miento para trans­formar esta céntrica manzana de 50.000 metros cuadrados en un hotel de lujo y un centro comercial.

Plazos cortos
El documento de Preavance presentado en noviembre por el Gobierno regional consta de 19 tomos y más de 6.000 páginas y se dio hasta el pasado 31 de enero para presentar sugerencias y alegaciones. Para la FRAVM, el plazo era “demasiado corto” para que los madrileños y organizaciones examinasen la documentación. Por ello, exige que se aplace su discusión hasta después de las elecciones. Vicente Pérez Quin­tana, responsable de Urbanis­mo y Vivienda de FRAVM, lamenta que “no se ha contado con la participación ciudadana en un tema tan serio como la modificación de su propia ciudad. Madrid corre el riesgo de quedarse sin terreno no urbanizable y zonas verdes”, al tiempo que no descarta una estrategia política: “Si el PP no gana las elecciones, dejará la patata caliente al que venga detrás. Hay que centrarse en mejorar los barrios que ya existen”, resume Pérez Quintana.

El Plan contempla que los propietarios de los inmuebles cedan al Ayuntamiento una superficie equivalente para uso dotacional, que se ubicarían en zonas periféricas más baratas. Sin embargo, la FRAVM habla de “desamortización” en detrimento de los ciudadanos. Los críticos al Plan alertan de que el cambio de uso permitirá a sus gestores ­desprenderse de inmuebles emblemáticos aprovechando el mercado inmobiliario, medida aplicada desde el inicio de la crisis por las Adminis­tracio­nes públicas para aliviar su deuda. Un dato, el Gobierno regional subastó en 2013 varios inmuebles por los que calculaba obtener 742 millones de euros, pero sólo logró 240.

Arrasar con todo

Mariano Lapuente, asesor técnico del grupo municipal de IU, exige la retirada del Preavance por “disconformidad con el contenido y por ser inoportuno al estar a menos de un año de las elecciones”. El técnico de urbanismo alerta de que el Plan amenaza con extender la ciudad urbanizable hasta aquellos límites que alcanzan el término municipal, como Rivas-Vacia­ma­drid, Getafe o la Ca­ña­da Real. “Se intenta arrasar con todo y urbanizar aquello que no esté protegido por ley”, comenta el asesor, que añade que “el Plan pasa de puntillas por diferentes puntos, entre ellos el déficit de equipamiento de los distritos periféricos o la protección del patrimonio”. Por su parte, desde Ciuda­danía y Patrimonio se asegura que la intención del Ayun­tamiento es “tener carta blanca para regular cualquier proyecto inmobiliario. Muchos usos públicos se mudarán a terciarios con el peligro de privatización, como el mercado de la Cebada, el Palacio de la Música o el Teatro Albéniz, estos últimos propiedad de la banca”.

Varios expertos se preguntan por qué se lanza ahora este PGOU, especialmente cuando quedan todavía pendientes desarrollos en el sureste de Madrid, donde se prevén más de 300.000 viviendas para casi 1,3 millones de habitantes. Muchos aseguran que el Preavance es una simple manta de seguridad para salvar el vacío legal de desarrollos ya iniciados con el PGOU de 1997, como el de Valde­bebas, y para que se eviten futuros recursos judiciales en contra. Los expertos coinciden en que los grupos de poder y determinadas entidades financieras adquirieron en su momento muchos terrenos no urbanizables, que ahora quieren proteger con una cobertura jurídica.

Parte de la Ley de Patrimonio, inconstitucional

El 24 de julio, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. La ley, aprobada unilateralmente por el PP en octubre de 2013, fue denunciada por desproteger el patrimonio y por supeditarlo a intereses económicos. Tres días después de su aprobación, diez de sus artículos fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional a través de 57 senadores del PSOE y del Grupo Mixto. Uno de los artículos declarados inconstitucionales podría afectar directamente a la ‘Operación Canalejas’, por la que se pretende construir un hotel de lujo, un párking y un centro comercial en una manzana que incluía varios bienes de interés cultural.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, afirmó poco antes de la aprobación de la ley que “la única manera de conservar el amplísimo patrimonio histórico que tenemos es dando la posibilidad de que tenga aprovechamiento económico” y defendía aprobar la ley para “hacer compatible la preservación de nuestro patrimonio histórico con la explotación económica, comercial, turística, de ocio, etc., para hacerlo sostenible”.


* Diagonal - Ricardo Vallano - 11.8.14
Foto: La 'operación Canalejas' podría paralizarse por decisión del Tribunal Constitucional. / DAVID FERNÁNDEZ

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La 'Marbella de Extremadura' corta el acceso a las zonas públicas de una isla protegida

La corrupción urbanística llegó también a Extremadura, como no podía ser menos. El complejo turístico de lujo edificado ilegalmente en la isla del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, sigue dando que hablar. A pesar de ser anulada por el Supremo, la macro urbanización continúa en su sitio sin que el gobierno del presidente de la Junta 'popular', JA.Monago, haya movido un dedo a favor de su demolición, sino más bien poniendo nuevas pegas. Como ya se ha dicho otras veces, se trata de unos terrenos protegidos y con un decreto que consagra el acceso público de los visitantes. Pero en este lugar apartado sigue dominando el caciquismo ancestral y unos vigilantes de seguridad privados impiden el acceso a la isla, bajo excusas inadmisibles en un estado de derecho. Es decir, se practica la ley de la selva, a pesar de las decisiones judiciales contrarias. Inadmisible y delictivo.
"ELDIARIO* : Es terreno protegido, público y con un decreto que consagra el acceso de la población. Pero también es una urbanización de lujo y un campo de golf declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Sin embargo, es el complejo privado Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) el que decide –y deniega– el paso a las zonas públicas de este suelo de alto valor medioambiental. Mientras, es el Gobierno extremeño de José Antonio Monago (PP) el que defiende al complejo ante los jueces para salvarlo de su demolición.

Unos reporteros de eldiario.es acudieron a la zona. Una barrera impide la entrada. A la derecha, desde una garita, el vigilante pregunta con la mirada.

-Venimos a tomar un café al hotel.

-No se puede, necesitáis una invitación o tener una cita con alguien.

Entrar a la antigua isla de Valdecañas en el noreste de la provincia de Cáceres ya no es posible. Lo que otrora era un terreno municipal creado al antojo del embalse del mismo nombre, hoy es un exclusivo resort con la puerta cerrada para quien no tenga una propiedad o un trabajo en el interior, o al menos una invitación. Este ‘Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico, y de Servicios’ (su título oficial) busca trasladar el modelo de golf y lujo desde el litoral hasta el interior. Ya desde la fase de obras, iniciadas en 2007, ha existido una valla que impide el acceso público a dicha urbanización, a su playa fluvial, a las riberas del embalse, al hotel y a las zonas verdes, así como a los aparcamientos y viales públicos. Así lo denuncia la asociación ecologista Adenex que junto a Ecologistas en Acción ha llevado a los tribunales unas irregularidades que ya nadie niega.

El presidente de Adenex, Ismael Sánchez, envió el pasado 30 de julio tres cartas a los alcaldes de El Gordo y Berrocalejo, localidades cacereñas en cuyo término municipal se ha construido el complejo, así como a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, solicitando que se elimine la barrera para facilitar el acceso a los espacios públicos de la isla, ahora convertida en istmo.

Pero nadie se da por aludido. Mientras la empresa declina hacer declaraciones, la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo “está procediendo a su análisis para ofrecer la correspondiente respuesta”, explican desde el Ejecutivo regional.

El Decreto de la Junta de Extremadura 55/2007, que aprueba el Proyecto de Interés Regional promovido por la empresa gestora, menciona claramente itinerarios urbanos y plazas de aparcamiento “de uso público”, así como parcelas en la zona de espacios libres “que se considerarán de uso dominio público”. Dicho marco legal afirma incluso que “la zona donde se pretende realizar la playa artificial no perderá el carácter de dominio y uso público”. Nada de eso se ha cumplido.

Urbanismo segregacionista

En julio, el Ejecutivo de Extremadura patrocinó un curso sobre Gestión de recursos hídricos y aprovechamientos turísticos apoyado por la misma promotora del resort con el empresario José María Gea a la cabeza. “Socialmente, el complejo es un ejemplo de urbanismo segregacionista que ha privatizado un suelo público al que ya no se permite entrar. Es una muestra de lo que se denomina ‘ciudades de muros’, que privatizan su uso para una minoría, excluyendo el contacto con el resto de la población”, apuntan desde Adenex.

El dominio sobre el terreno llega hasta el punto de que las jornadas incluían una visita para los alumnos a Marina de Valdecañas de la que eldiario.es fue testigo e, incluso, los que disponían de una beca pudieron alojarse en algunos de los apartamentos del complejo.

“Se vendió como de máximo interés general y público, pero no hubo información. El interés es el del promotor”, apuntó en el curso Ángeles Lópex Lax, la abogada que ha llevado el caso desde Adenex y que calificó este modelo de turismo de obsoleto.

Una zona protegida

La promotora se escuda ahora en que no había protección ambiental al lanzar su proyecto: “Cuando empezamos las gestiones no había Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Apareció no sabemos cómo. De repente dijeron que allí no podíamos construir”, argumenta Gea. También que hay invertidos más de 140 millones de euros en Marina Isla de Valdecañas y criticó la falta de seguridad jurídica de la región: “Se está haciendo una interpretación bárbara de la ley”.

Que los terrenos sean una ZEPA es la clave de la ilegalidad del resort: las 133 hectáreas del complejo pertenecen a la Red Natura 2000 y por eso no se pueden hacer desarrollos urbanísticos, según han corroborado los tribunales. ¿Conocían los promotores la protección ambiental de esta parte del embalse de Valdecañas? Según los documentos a los que ha tenido acceso eldario.es, sí. En una notificación que la Junta de Extremadura envía en noviembre de 2005 a la promotora, recuerda que es una Zona Especial de Protección de Aves y que, por ley, está por tanto sujeto a la justificación de un “interés público de primer orden”.

A pesar de ello, la promotora sostiene que no tuvo constancia de ninguna declaración oficial al respecto. Y lo cierto es que, más allá de aquellos documentos internos, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente había comenzado, dos años antes, un proceso de elaboración de nuevas ZEPA que aún estaba pendiente de publicación. El clavo ardiendo de la empresa es por tanto que, mientras no exista un documento oficial, no existe zona protegida alguna. La abogada López Lax echa por tierra este argumento, “como evidencian la Directiva Aves y la Directiva HÁBITAT. Bajo esa mentira Marina admite la incompatibilidad urbanística entre este proyecto y la Red Natura 2000”.

De hecho, el Tribunal Supremo ratificó el pasado mes de febrero la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: el complejo Marina Isla de Valdecañas es ilegal. Los magistrados han ordenado desmantelar la conocida como ‘Marbella de Extremadura’ y reponer los terrenos a la situación previa a las obras pues son terrenos no urbanizables. El Ejecutivo popular extremeño, con apoyo del PSOE, que autorizó las obras mientras gobernaba, aduce ahora “imposibilidad de ejecución” de la sentencia. El tema está de nuevo en manos de los juzgados. Mientras, la barrera de acceso sigue filtrando las entradas.


* El Diario - Mª Ángeles Fernández / J. Marcos - 11.8.14
Foto: Vista de la urbanización de Valdecañas el 17 de julio de 2014 /M.A.F.

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