Alicante.- Resaca de cemento en La Vega Baja

La Vega Baja alicantina continúa siendo una comarca récord en cuanto a edificación irregular y transacción de viviendas en los últimos años. La explosión constructora ha sido de tal importancia que el territorio ha quedado irreconocible bajo una selva continua de hormigón y ladrillo. Lógicamente, en gran parte de los casos se ha realizado ilegalmente, saltándose todas las normativas urbanísticas que aconsejan un desarrollo sostenible y armónico. A ello han contribuido el ansia especulativo de promotores desalmados y unos políticos 'populares' delictivos, poniendo el cazo en cuanto veían un negocio fácil, cayera quien cayera. Hoy en día, tras la crisis/estafa, el paisaje es semejante al que acontece tras una devastadora guerra: edificios abandonados y llenos de porquería, calles desoladas y sin vida, terrenos repletos de escombros, etc... una sensación de un paisaje derruido tras un bombardeo auténtico. La muerte del urbanismo en manos de la especulación más criminal.
"ELPAÍS* : Adosados sin estrenar, bloques de pisos enteros, incluso un hotel spa de cuatro estrellas… Decenas de viviendas sin ocupar e inmuebles abandonados a su suerte son saqueados en la comarca de La Vega Baja (Alicante). “Cobre, puertas, hierro”, se lo han llevado todo, asegura Moisés Cruz, miembro de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta. La plataforma lleva un año fotografiando los restos del “afán especulativo”, cuenta Cruz. Comenzó como una pequeña iniciativa de unos ciudadanos que fotografiaban edificios vacíos para concienciar sobre cómo se había especulado con los terrenos de huerta durante el boom inmobiliario.

El trabajo va camino de convertirse en un catálogo del frenesí vivido por la construcción en el sur de la Comunidad Valenciana y del sinsentido en una comarca donde casas abandonadas y sin estrenar son desvalijadas mientras persisten los desahucios de ciudadanos.

Entrando en Almoradí, un edificio de pisos es pasto de drogadictos y grafiteros. A las puertas de Callosa de Segura, lo que era una “oportunidad única” de dúplex entre los 100.000 y los 200.000 euros no tiene ni baños. Ocurre también en Benferri, donde a bungalós acabados les entra el viento por los techos ya sin cableado. Son viviendas que han quedado en manos de bancos, en algunas hasta dejaron la grúa. Los ejemplos se multiplican en siete municipios, mientras el colectivo lamenta la pérdida de “la oportunidad de usar estas viviendas en beneficio de la gente sin casa”. Muchos no fueron ni estrenados; otros, simplemente abandonados, como el caso del Hotel Spa Villa de Catral, un cuatro estrellas cerrado en 2010 cuyas termas son hoy escombreras.

“Son edificios que parecen bombardeados en alguna guerra, productos de planes generales desmesurados”, contextualiza Cruz en una comarca cuya capital, Orihuela, tiene más de 15.000 casas ilegales.

El sentido común no ha estado presente en el urbanismo de algunos pueblos vegabajenses. En Orihuela, precisamente, la semana pasada el PP y el partido liberal CLR —con mayoría plenaria— votaron en contra de la exposición pública del plan cuando la pretensión inicial era que estuviera expuesto durante tres meses y no uno, como recomienda la ley, para que participara la mayor parte de la ciudadanía.

A principios de 2014, la Generalitat no permitió a Almoradí recalificar suelo para 11.000 viviendas en las que acoger a 50.000 habitantes más (el pueblo tiene unos 20.000). Por las mismas fechas, el Tribunal Superior anuló el plan de San Miguel de Salinas por no falta de evaluación ambiental. La idea original era edificar 40.000 viviendas para 100.000 nuevos vecinos que acudirían a vivir a este pueblo de unos 7.000 habitantes.

La comarca, líder en venta de casas

Las compras internacionales en La Vega Baja prácticamente han situado a la Costa Blanca a la cabeza de toda España en transacciones de viviendas de segunda mano. Su parque inmobiliario es probablemente el más grande de la Comunidad Valenciana, que durante los primeros seis meses de 2014 fue la autonomía donde más pisos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la reestructuración Bancaria (SAREB) se vendieron.
Según los datos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), Torrevieja y Orihuela aparecen como los lugares con más ventas de casas de la Comunidad. La Vega Baja es casi una obsesión para los británicos, que compraron unas 1.200 casas durante el primer semestre de 2014. Durante ese periodo, solo los rusos compraron más de 100 al mes en Torrevieja; los suecos, igual.
Sin exceptuar entre extranjeros y españoles, de las tres provincias, Alicante es donde más viviendas se han vendido, 16.492, por una cuantía media de 114.632 euros. Le sigue la provincia de Valencia, con 13.098 casas y una cuantía total media de 102.200 euros. En Castellón se han vendido 3.337 viviendas por una media de 93.164 euros.
Los datos corresponden a todas las escrituras de inmuebles de la Comunidad Valenciana; es decir, todas las viviendas vendidas ya fueran compradas en Madrid, Alicante o Sevilla.


* El País - RUBÉN ESQUITINO - 18.8.14
Foto: Casas en Callosa de Segura que hace meses se vendían por más de 100.000 euros - elpais

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Aragón.- Ecologistas advierten de que el reglamento de Consejos Provinciales de Urbanismo "sale sin consenso"

Las Comisiones Provinciales de Urbanismo son las teóricamente encargadas de velar por la legalidad urbanística en su territorio. Por encima solo poseen la Comisión Autónoma de Urbanismo que está regulada por la Comunidad de que se trate. Sus atribuciones, pues, son fundamentales para la Ordenación Territorial, pero solo si son manejadas correctamente y con profesionalidad. Muchas veces hemos resaltado en este blog la inoperancia de estas Comisiones debido a su excesiva politización. Aunque haya buenos profesionales del Urbanismo en ellas, la mayoría de las veces están condicionados por las decisiones políticas del partido que gobierna que, lógicamente, arrima 'el ascua a su sardina'. En este caso concreto de Aragón, vemos, una vez más, la misma situación que ha sido culpable del Urbanismo salvaje que ha asolado nuestro país en los últimos años. Parece que todavía no se aprendido nada de los errores pasados.
"EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) han advertido de que el nuevo reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo ha salido "sin consenso" y han criticado que "no incluye medidas para evitar lo ocurrido en los años de la especulación urbanística y la corrupción". Además, "no introduce medidas de transparencia y participación social reclamadas por los grupos ecologistas" y todas las alegaciones presentadas por estos grupos han sido desestimadas, según han informado en una nota de prensa.

En ella, han explicado que "nuestra pretensión ha sido únicamente hacer más transparentes los acuerdos que se toman en las Consejos Provinciales de Urbanismo pidiendo más tiempo y medios para estudiar los expedientes, más facilidades para el acceso del público en general y de los medios de comunicación".

Asimismo, solicitaban "la inclusión en los expedientes de las actas de todas las reuniones mantenidas durante la tramitación del mismo --con alcaldes, promotores, empresas, funcionarios--" ya que estas medidas "podrían ayudar a evitar la corrupción en materia urbanística y no suponen ninguna obstrucción al normal funcionamiento administrativo".

Han agregado que la experiencia de participación desde hace más de diez años en estos Consejos "nos ha permitido conocer a fondo las deficiencias de su funcionamiento", algo que han criticado "sistemáticamente en los plenos y en las reuniones mantenidas con distintos responsables de varios de los gobiernos que se han sucedido en la Diputación General de Aragón".

Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista de Aragón han recordado que según el Convenio de Aarhus, suscrito por el España, se contempla el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en materias ambientales. Este documento "tiene rango de ley y está amparado en el artículo 96 de la Constitución".

Este convenio "reconoce el papel esencial de las ONG ambientales y la obligación del Estado de reconocerles, apoyarles para que sus miembros no se vean penalizados y tengan amplio acceso a la información".

Ambas organizaciones han indicado que los Consejos Provinciales de Urbanismo de Zaragoza, Huesca y Teruel tienen entre sus competencias la aprobación definitiva y las modificaciones a los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios de Aragón, incluidas ahora las capitales de provincia.

"De ahí la importancia de sus acuerdos en materias urbanísticas y por tanto con importantes repercusiones ambientales", ha argumentado. Están formados por representantes de los distintos Departamentos del Gobierno autonómico y de municipios y comarcas, diputaciones, Administración del Estado y Confederación Hidrográfica del Ebro, un representante de organizaciones empresariales, otro de los sindicatos más representativos y uno de organizaciones de defensa ambiental.

La periodicidad de las reuniones es mensual, en horario de mañana. En unas dos horas se pueden ver más de un centenar de asuntos importantes, han sostenido desde Ecologistas en Acción y ANSAR.


* Europa Press - 15.8.14
Foto: Aragón - EP

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