FACUA rechaza que el Gobierno acepte pagar a la banca 2.300 millones como rescate a autopistas de peaje

El despilfarro de las autopistas en este país ha traído consigo la quiebra de muchas de ellas, al ser proyectadas sin pies ni cabeza, con unos parámetros alejados de la realidad y con concesiones empresariales poco transparentes. El resultado lo tenemos a la vista, esas autopistas de peaje no han cumplido con las falsas expectativas creadas y, como todo negocio deficiente, han quebrado en su explotación comercial. Hasta ahí todo previsible, lo que ya no resulta tan obvio es que papá Estado deba acudir en su ayuda, rescatándolas por las pérdidas acumuladas, es más se podría decir que es una operación fraudulenta, cuando no delictiva, del Gobierno del país y de su partidista ministra de Fomento, A.Pastor. Lógicamente, Consumidores en Acción ha denunciado este grave caso, que supone un aporte público de 2.300 millones para paliar la deuda de unas empresas privadas amigas y que nunca debería estar por encima del interés de todos los ciudadanos del país que, ahora, resultan ser los sufridos pagadores de esta nueva debacle en infraestructuras.
"FACUA-Consumidores en Acción* rechaza el acuerdo entre el Gobierno, los seis principales bancos y las constructoras acreedoras de la decena de autopistas en quiebra para su nacionalización. El pacto, que implica que los ciudadanos tengan que asumir, al menos, 2.300 millones de euros de deuda, se hará efectivo previsiblemente en septiembre, cuando se vuelva a crear la Empresa Nacional de Autopistas (que ya funcionó en similares condiciones entre 1984 y 2003), empresa 100% pública cuyo objetivo será, otra vez, sanear las cuentas de estas carreteras para volver a privatizarlas cuando sean rentables. La asociación denuncia que el Gobierno vuelva a priorizar la salvaguarda de los intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, atrapados en situaciones de desempleo o trabajos precarios y con créditos hipotecarios abusivos o ante la imposibilidad de pagar servicios básicos como la luz.

De nuevo, se trata de nacionalizar las pérdidas de empresas que han tomado malas decisiones de gestión, mientras se privatizan las ganancias cuando tengan nuevamente cuentas saneadas.

El Gobierno ha aceptado emitir un bono a 30 años por la deuda de las concesionarias de las diez autopistas en quiebra que asciende a 4.600 millones de euros, tras una quita del 50%, esto es, por 2.300 millones. Los títulos rendirán a un interés fijo del 2% más una variable en función del tráfico.

FACUA muestra su total rechazo a que el Ejecutivo asuma las pérdidas de estas carreteras en quiebra porque los seis bancos más importantes (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras las hicieron sobreestimando su tráfico, que ha caído en más del 50% en los últimos años, así como por sobrecostes derivados de las expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías y debido a obras inesperadas.

La asociación recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las autopistas de peaje. La Empresa Nacional de Autopistas que se creará en septiembre será la segunda de este tipo. En 1984 se hizo una privatización similar para salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras. Una vez que se sanearon las cuentas y se actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión.

FACUA pide que no se repita la operación de nacionalización, saneamiento y privatización. Asimismo la asociación denuncia que desde la patronal de las constructoras se hable de traspasar tráfico de las carreteras libres a las de peaje cobrando por el uso de la mayor parte de las vías para que vuelvan a la rentabilidad rápidamente. FACUA demanda que no se vuelva a cargar la nefasta gestión y decisiones empresariales sobre los hombros de los ciudadanos.


* FACUA - 6.8.14
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania

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Pontevedra.- La Fiscalía critica la nula colaboración de la policía local en urbanismo

Lo que la Fiscalía critica tarde, demasiado tarde, es algo que ya conocen de sobra los seguidores de este Blog: que la policía local no colabora a la hora de perseguir los delitos urbanísticos y medioambientales. Aquí se lleva diciendo mucho tiempo, y no solo en en la provincia de Pontevedra, sino en todo el país. Los municipios son cotos privados del cacique-alcalde de turno que desde la poltrona dirige a la policía local como marionetas (y el que diga algo en contra va a la calle, claro). La vigilancia en la Ordenación del Territorio es fundamental para detener cuanto antes las obras de construcción ilegales. Pero más allá de eso, lo que suele ocurrir es que, al ser los ayuntamientos los mayores delincuentes contra el urbanismo público, son los propios policías locales los que encubren estas actuaciones delictivas. Es decir, pasan de vigilantes de la legalidad urbanística a cómplices de las irregularidades municipales, algo que debería ser frenado cuanto antes por la poco diligente justicia.
"LAVOZDEGALICIA* : La Fiscalía de Medio Ambiente ha vuelto a poner énfasis en su memoria anual en la falta de colaboración de las diferentes cuerpos de la policía local de los ayuntamientos del área de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra a la hora de perseguir delitos urbanísticos y medioambientales. La delegada de esta área del Ministerio Público, Natividad Gurriarán, señala en su informe que la colaboración de los guardias municipales podría ser muy superior porque actualmente es prácticamente nula. Y se refiere especialmente a conductas delictivas como, por ejemplo, las desobediencias a las órdenes de paralización de obras y otros delitos propios contra la ordenación del territorio, especialmente en los municipios costeros.

La fiscala se queja de que las policías de los ayuntamientos, como norma general, no informan sobre este tipo de ilegalidades cuando se producen dentro de sus territorios. Se trata de un fenómeno que se mantiene invariable desde los últimos años. «La relación de la Fiscalía con la Policía Local de los diferentes municipios siguió en 2013 en el mismo punto que en los años anteriores, sin ninguna modificación», se queja la fiscala en la memoria anual recientemente presentada.
Tampoco convence al Ministerio Público la relación con la Policía Autonómica, que critica que continúa siendo muy limitada. Este cuerpo remite a la Fiscalía atestados de incendios forestales por correo ordinario, pero desde el Ministerio Público se lamenta que no remita las denuncias en materia de urbanismo y de patrimonio histórico que dirige a la Xunta de Galicia. En algunos casos, esas denuncias se refieren a hechos que son constitutivos de delitos, por lo que «no debería de existir ningún obstáculo para que, bien la Policía Autonómica directamente, o bien los servicios correspondientes autonómicos, lo comunicaran a la Fiscalía», expresa el informe anual presentado recientemente.
Guardia Civil
La falta de colaboración que la acusación pública echa en falta en las policías locales y autonómica sí la encuentra en cambio en la Guardia Civil, cuya relación vuelve a calificar un año más como «excelente».
La fiscala valora especialmente la Unidad de Delitos Urbanísticos, «cuyo trabajo ha alcanzado una gran calidad», así como el Seprona, «cuya importante labor destacamos año tras año. Ambas unidades son imprescindibles para nosotros», concluye.
La Fiscalía reclama más medios para la Guardia Civil, dado que estima que el número de agentes dedicados a estas tareas sigue siendo insuficiente, a pesar de que el número de procedimientos ya no es tan abultado como lo fue hasta el año 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis económica. Sin embargo, señala que los delitos contra la ordenación del territorio continúan existiendo y se observa una creciente complejidad, «toda vez que son cada vez más las denuncias por prevaricación.
Una de las denuncias más alarmantes que ha investigado la Fiscalía desde el año 2012 es el enterramiento de piraleno en las inmediaciones de una empresa de la provincia. Esta sustancia está considerada, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como uno de los doce contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano. Una empresa fue denunciada por haberse desprendido de este material de manera irregular. Las investigaciones obligaron a utilizar un georradar para tratar de localizar el vertido. Al no poderse acreditar la existencia de este producto, la denuncia fue archivada. Se trata de una sustancia prohibida que puede pasar a la cadena alimenticia, que en el caso de los bebés en estado de gestación afecta directamente al desarrollo del sistema nervioso y a la capacidad intelectual.


* La Voz de Galicia - ALEJANDRO MARTÍNEZ - 11.8.14
Foto: Vigo.- Las causas del último vertido del Lagares no se aclararon. Ó. VÁZQUEZ

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