Carboneras.- La pugna por los terrenos acrecienta la incertidumbre sobre El Algarrobico

El hotel ilegal de El Algarrobico, situado en una playa virgen y protegida de Carboneras (Almería), continúa siendo 'el cuento de nunca acabar'. El último episodio lo ha protagonizado le inepta Junta de Andalucía, que prometió demagógicamente hacerse con los terrenos del hotel, pero que la delictiva promotora 'Azata' se niega a cederlos al precio pactado. De nuevo se avecina un nuevo proceso judicial, de los innumerables que ha habido, en esta lamentable historia del icono representativo del Urbanismo salvaje en el país. Ya han pasado 8 años (ocho) desde que se paralizara 'cautelarmente' la construcción por la justicia, tras estar prácticamente terminado el horroroso mamotreto. Demasiado errores, demasiados culpables, demasiados ineptos y un solo perjudicado: la ciudadanía del país que contempla asombrada semejante disparate permitido por las diferentes administraciones.
"ELPAÍS* : La promotora del hotel levantado en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), no se ha presentado este viernes en la notaría en la que había sido citada por la Junta para formalizar el retracto que convierte a la Administración andaluza en propietaria de los terrenos. Pese a la negativa de la constructora Azata —que podía haberse embolsado 2,3 millones, lo que le costó en 1999 hacerse con los suelos— la Consejería de Medio Ambiente ha insistido “en que solicitará la inscripción a su nombre” de esos terrenos. La pugna por los suelos acrecienta la incertidumbre sobre el futuro de esta construcción, que hasta hace poco más de cuatro meses parecía condenada a la demolición.

El retracto que este viernes ha intentado cerrar la consejería fue ejercido por la Junta en 2006. Pero Medio Ambiente se ha había resistido hasta ahora a formalizarlo y a entregar los 2,3 millones a Azata.

El paso dado ahora por la Junta está motivado por el temor a que la promotora entre en los terrenos y continúe con la construcción del hotel, que fue paralizada hace ocho años por un juzgado de Almería. Esa suspensión de las obras ha quedado en entredicho tras el cambio de rumbo que este caso ha dado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Cuando la sección tercera de la sala de lo contencioso, con sede en Granada, ha empezado a analizar la legalidad de la construcción se ha decantado por las tesis de la promotora y ha contradicho varias sentencias de otros compañeros del TSJA, el Supremo y la Audiencia Nacional.

A finales de julio, la sección tercera —con el juez Rafael Toledano a la cabeza— sentenció que la licencia de obras era válida, con lo que la suspensión de las obras quedaba levantada. Fue entonces cuando la Junta anunció que formalizaría el retracto de 2006 para quedarse con los terrenos e impedir que las obras se retomaran. Citó en una notaría de Almería a la empresa y le instó a que no ejecutara “actos que supongan transformación de la finca”.

Pero Azata no ha acudido a la cita, algo que era previsible. La empresa no está de acuerdo con el precio fijado por la Junta. Además, la promotora recuerda que ha recurrido el retracto ante el Supremo, que aún no se ha pronunciado. Pero el TSJA sí ha considerado legal ya la expropiación de los terrenos, algo a lo que se agarra la Junta para intentar inscribir los suelos a su nombre.

Lo que no está claro es cómo lo hará. El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, asegura que la Junta podría ir directamente al registro de la propiedad con la sentencia del TSJA en la que se avala el retracto. Esa misma opinión fue la que este viernes se le ha trasladado a la Junta desde la notaría de Almería, según apuntan fuentes de la Administración autónoma. Sin embargo, la consejería y los representantes de la notaria han quedado en intercambiar más información a lo largo de la semana que viene.

La Consejería de Medio Ambiente ha reiterado que “agotará todos los recursos administrativos, judiciales y gubernativos que estén en su mano para garantizar la plena disponibilidad del terreno”. Las fuentes consultadas no han detallado los pasos concretos que los servicios jurídicos van a dar tras la negativa de Azata a formalizar el retracto. La Junta sopesa si directamente se dirige al registro para inscribir como suyos los suelos. También cabría la posibilidad de que la Administración acuda al TSJA para que ejecute la sentencia que declaraba válido el retracto de 2006. "O las dos cosas", han añadido fuentes de Medio Ambiente.

En cualquier caso, Azata ha dejado claro que seguirá “argumentando contra el retracto en todas las instancias posibles”, lo que hace prever un nuevo litigio en este enmarañado y desgajado caso judicial.

El Supremo y el TSJA, hasta el cambio de jueces dentro del tribunal andaluz, habían dado claros pasos que apuntaban a la ilegalidad de la construcción. Por un lado, el Supremo ha establecido ya que la construcción invade los 100 metros de protección de la costa. Por otro, la sección primera de lo contencioso del TSJA, con sede en Granada, fijó que la construcción estaba en una zona del parque de Cabo de Gata-Níjar en la que no se puede construir. Pero en marzo, la sección tercera del mismo tribunal dijo justo lo contrario: que los suelos eran urbanizables. El Supremo tendrá que resolver esta contradicción.

El nivel de protección del terreno y la invasión de los 100 metros de costa eran los argumentos que empleó un juzgado de Almería en 2006 para suspender la licencia del hotel. Pero el TSJA anuló esta decisión en julio.

La sentencia es firme, y el Gobierno central y la Junta aún estudian si pueden recurrirla en el Supremo. Mientras, la incertidumbre ante la posibilidad de que la constructora retome las obras sobrevuela El Algarrobico. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, José Manuel Ortiz, ha afirmado que “sería una locura” que Azata reiniciara la construcción.


* El País - Manuel Planelles - 12.9.14
Foto: Hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico. / FRANCISCO BONILLA


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Victoria de La PAH de Sabadell, que ha conseguido la cesión de uno de sus bloques ocupados en el municipio para alquiler social

La que empezó siendo una plataforma semiclandestina para el gobierno y la justicia, La PAH, ha ido consiguiendo, gracias a la movilización ciudadana, éxito tras éxito en la defensa de una vivienda digna, bien sea a través de los desahucios impedidos o, como ahora en Sabadell, con nuevas viviendas para alquiler social. El inmueble salvado por La PAH consta de 40 pisos que cumplen la función de realojar a un total de 146 personas, 58 de ellas menores, y se encontraba en peligro de desalojo. El éxito social es rotundo y debe servir como ejemplo para otros lugares del país que se encuentran en parecida situación de abandono institucional. El derecho a una vivienda digna recupera así todo su valor primario y fundamental.
*DIAGONAL* : La Conselleria de Territori i Sostenibilitat afirmaba el martes pasado, mediante un comunicado, la cesión de hasta 600 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) –popularmente conocida como el 'banco malo'– para dedicarlas al alquiler social, a raíz de un acuerdo entre el Govern y la Sareb firmado el mes de julio.

Esta mañana, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de Sabadell recibían la noticia de que una de estas viviendas es el tercer bloque ocupado por la PAHC hace más de un año, propiedad de la Sareb y sito en la calle Sant Ferran número 109 del municipio catalán. El inmueble consta de 40 pisos que cumplen la función de realojar a un total de 146 personas, 58 de ellas menores, y se encontraba en peligro de desalojo.

En la pasada reunión a tres bandas entre la PAHC Sabadell, el Ayuntamiento de Sabadell y la Generalitat de Catalunya, ya se exigió que el bloque fuera cedido a la Generalitat. Ahora, después de la cesión, la Sareb queda totalmente fuera de las negociaciones, que se llevarán a cabo entre administraciones locales y autonómicas y la Agència de l’Habitatge de Catalunya, que hasta ahora hacía de interlocutora para la PAHC Sabadell.

La Agencia efectuará los trámites correspondientes para que la Generalitat acredite que las familias que viven en el inmueble cumplen los requisitos necesarios para ser beneficiarios del alquiler social, que se situaría entre los 150 y los 400 euros mensuales. Sin embargo, la PAHC ha anunciado que el umbral del 30% de los ingresos es innegociable y que las familias sin ingresos no pagarán los alquileres.

El portavoz de la PAHC de Sabadell ha afirmado que la Obra Social PAH "es la única respuesta posible para gargarizar una política real y reconocida por el derecho a la vivienda" y que "esta victoria debe servir de precedente para el resto de PAH del territorio".


* Diagonal - La Directa - Cristina Castaño Gómez - 9.9.14
Foto: Imagen de la fachada del bloque ocupado en Sabadell - diagonal

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