Arona.- El exalcalde repite hoy en el Juzgado como imputado por el ´caso Relinche´

El urbanismo en el importante municipio turístico de Arona (Tenerife) está en la picota desde hace bastantes años (mirar en el buscador interno de este Blog). La situación ha llegado a ser asfixiante debido al empecinamiento de los últimos alcaldes de 'CoaliciónCanaria' en mantener una situación insostenible desde todos los puntos de vista. Ahora el exalcalde, G.Reverón, ha vuelto a declarar en calidad de imputado por intentar mantenerse en el cargo pese a una sentencia que lo inhabilitaba. Es decir, ya ni siquiera vale una condena por corrupción urbanística para que los alcaldes y altos cargos municipales dimitan o se vayan, ahora es necesario que las fuerzas de seguridad acudan al domicilio del sentenciado y llevarlo de nuevo a la justicia condescendiente. Mucho más fácil era cazarlos con lazo y meterlos directamente en chirona una larga temporada.
"LAOPINIÓN* : El exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón, tuvo que declarar ayer en calidad de imputado por intentar mantenerse en el cargo pese a una sentencia que lo inhabilitaba, pero su presencia ante la Justicia se repite otra vez hoy porque también está siendo investigado por conceder una licencia para una supuesta cuadra de caballos. Está previsto que el regidor local durante nueve años y medio en el municipio sureño se presente sobre las 09:30 horas junto a otras personas involucradas, como el actual concejal de Presidencia y Medio Ambiente, Antonio Sosa.

Por la primera causa están imputados un total de 15 políticos: 12 de los 13 concejales que forman hoy el Gobierno local, los dos ediles de Centro de Arona y González Reverón. Los hechos tuvieron lugar en 2012 y se centran en un presunto caso de prevaricación continuada.

El caso Okupa surge cuando el antiguo mandatario nacionalista fue condenado en junio de ese año por enchufar a dos funcionarias en el Consistorio y, aún así, se mantuvo en el cargo cinco meses avalado por el apoyo de su partido y el del grupo de la oposición, mientras que el resto –Ciudadanos por Arona (CxA), el PP y el PSOE– abandonó todos los plenos donde se trató su condena para no caer en una presunta ilegalidad. Para justificar su continuidad en el Ayuntamiento, el Ejecutivo municipal solicitó dos informes externos en los que poder escudarse, uno de los principales argumentos utilizados por los imputados para defender su comportamiento.

Por lo pronto, ya ayer se cerró el ciclo de declaraciones de las 15 personas que están siendo investigadas por la Justicia, pero aún falta algunos testigos, como el denunciante, José Antonio Reverón (de CxA), y la secretaria municipal, quien elaboró un informe en el que advertía de que el exregidor tenía que dejar su cargo público. Junto a González Reverón, que estuvo dentro de la sala en torno a una hora y media, también fue llamado uno de los nueve testigos, el concejal del PP Dionisio Rocha.

En el caso Okupa, los abogados Felipe Campos, representante del edil que llevó el caso ante la Fiscalía, y José Pérez Ventura, por Izquierda Unida, se encargan de la acusación popular.

A esta causa se suma el caso Relinche, por el que tiene que ir a declarar hoy en calidad de imputados el antiguo alcalde de Arona y el actual concejal de Medio Ambiente. La Justicia investiga si el exregidor y el edil, que antes era el responsable de Urbanismo, permitieron la construcción de un supuesto chalet en suelo rústico con un permiso para una cuadrada de caballos.

Un vecino de la zona denunció hace tres años la ejecución de las obras asegurando que el dueño de la edificación, aún sin terminar, es familiar de José Alberto González Reverón. La acusación defendió que el Ayuntamiento solo dio permiso para levantar en el terreno una cuadra de caballos sin tener licencia de actividad clasificada y, según él, a una distancia muy inferior a la legalmente establecida para este tipo de instalaciones.

Aseveró, además, que la Corporación local también concedió a este mismo allegado la prescripción urbanística de la primera planta de su vivienda "mientras no lo estaba", a lo que se suma la posterior construcción de una segunda planta, excediendo la volumetría y camuflando el techo, según el denunciante.

Por lo que defendió el vecino, es la segunda obra supuestamente irregular que forma parte de este caso y que el Consistorio aronero le autoriza a la misma persona. El denunciante, asimismo, dejó claro en su momento que en varias ocasiones le advirtió al Consistorio de que los trabajos que se estaban llevando a cabo no se ajustaban a la licencia concedida y que, en el caso de la cuadra, en vez de ser un establo consideraba que era un chalet de dos plantas.

Según él, tanto González Reverón como Antonio Sosa eran "conscientes" de las presuntas ilegalidades. Pero a estas dos actuaciones también se suma otra llevaba a cabo "con una licencia menor cuando era mayor", afirmó.

Por otro lado, tanto el exalcalde como ese mismo concejal también están acusados por el caso Arona, una presunta trama de corrupción que gira en torno a unos 80 contratos a dedo y 200 licencias ilegales. Aunque estaba previsto que fuera la Sección Sexta de la Audiencia Provincial quien lo juzgara, ha comunicado que se abstiene, por lo que tendrá que adjudicarse de nuevo.


* La Opinión Tenerife - Ylenia Lorenzo - 17.9.14
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google



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Madrid.- El legado de Botella condiciona el futuro económico y urbanístico de la capital

La situación económica de Madrid sigue siendo de 'juzgado de guardia', debido a los excesos urbanísticos de los últimos años. El exalcalde Gallardón dejó una deuda de más de 6.000 millones tras 9 años en el gobierno municipal, y su sucesora Botella no solo no la ha disminuido, sino que la ha acrecentado, ya que en los tres años de su mandato ha pagado a los bancos casi 4.000 millones de euros, sin lograr bajar un solo euro la deuda heredada. La alcaldesa 'popular' dice que no repetirá, pero dejará un legado preocupante, con muchas obras pendientes que deberán pagarse y, sobre todo, un nuevo Plan General municipal 'privatizador' que deberá solucionar los PAUs paralizados y traerá nuevos conflictos para la ciudad, ya que pretende desproteger numerosas edificaciones que caerán en las garras de los amiguetes de turno. Una perspectiva urbanística caótica y complicada para el próximo alcalde de la capital.
"ELPAÍS* : “Esto es un anuncio, pero todavía no es una despedida. Quedan muchos meses de trabajo y muchos proyectos por culminar”, dijo el martes la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. El anuncio fue su descarte como candidata del Partido Popular en las elecciones municipales de 2015. Los meses de trabajo que le quedan son apenas ocho, pero suficientes para “culminar” un puñado de proyectos que no sólo hipotecarán la gestión de su sucesor sino que modelarán la ciudad durante años.

“Tengo en la cabeza el futuro de Madrid, independientemente de quién lo encabece”, dijo Botella hace meses. Su sucesor tendrá que convivir mucho tiempo con ese futuro.

La deuda no baja. El Ayuntamiento debe 6.204 millones. Pese a dedicar uno de cada tres euros a amortizarla, y a que en los últimos tres años ha pagado a los bancos casi 4.000 millones de euros (su presupuesto anual), la deuda actual es la misma que dejó Alberto Ruiz- Gallardón cuando se marchó al Ministerio de Justicia, en diciembre de 2011, tras gastarse 10.500 millones (la mayoría, a crédito) en obras durante sus nueve años de mandato. Pese a que Botella ha centrado su gestión en reducir la deuda, está no ha dejado de crecer por flecos pendientes de su predecesor: empresas en quiebra, facturas impagadas, etcétera.

Parques y bibliotecas. Para evitar su colapso, el Ministerio de Hacienda rescató en tres ocasiones al Ayuntamiento. En contrapartida, lo tiene en la práctica intervenido: no puede gastar ni un euro extra sin su consentimiento. Y así seguirá hasta 2022. Pero, a partir del año que viene Hacienda prevé una mejora de ingresos que, con el nivel de gasto actual, dotaría a Madrid de 2.400 millones adicionales en ocho años.

Un polideportivo, un centro de mayores o una biblioteca cuestan unos siete millones. Una escuela infantil, tres. Un parque como Madrid Río, 370 millones. Pese al déficit de dotaciones de barrio (colegios, centros de salud, piscinas...), Botella decidió prescindir de esos ingresos extraordinarios, usándolos para amortiguar la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles. Su sucesor aún puede cambiar eso, pero se encontrará ya con 150 millones menos al año por la eliminación de la tasa de basuras.

Jardineros y barrenderos. Botella puso el año pasado los servicios municipales (alumbrado, limpieza viaria, parques, asfaltado, etcétera) en manos de empresas privadas con contratos de más de una década que, sin embargo, concentran buena parte de su inversión en los primeros meses. Gracias a ello, por ejemplo, se están reasfaltando las calles desde hace unos meses. Este esfuerzo extraordinario, explicable por el abandono anterior y muy útil políticamente a un año de las elecciones, dejará paso a una década de servicios adjudicados con fuertes recortes: menos barrenderos y jardineros en calles y parques, y manos atadas para solucionarlo.

Por si fuera poco, Botella ha aplazado hasta después de las elecciones el nuevo contrato de basuras, que, para no descuadrar las cuentas, debería rebajar su coste, con el riesgo que eso supone: una huelga como la de los barrenderos de hace un año.

Urbanismo y burbuja. El Plan de Ordenación Urbana define el crecimiento y salud de una ciudad. El anterior, aprobado en 1997, fue desastroso —lo admite hasta el PP—, que dejó Madrid en manos de las constructoras. El resultado: barrios enteros planificados y abandonados, una burbuja que dificultó el acceso a la vivienda pese a planearse medio millón más, y el deterioro de industria y comercio en favor del ladrillo como motor económico.

Botella ultima ahora el nuevo plan, que debe solucionar, entre otras cosas, los desarrollos (PAU) paralizados, la falta de dotaciones de barrio y el fracaso de la rehabilitación del centro. Fijará además, qué edificios seguirán protegidos y cuáles podrán derribarse. El Ayuntamiento ya ha avanzado que será un plan “liberalizador”, que permitirá convertir grandes edificios públicos (como Torrespaña o los juzgados de la plaza de Castilla) en oficinas y tiendas.

Obras pendientes. Botella podrá inaugurar el mercado de Barceló y el Museo Municipal, pero dejará a medias el mercado de la Cebada y legará la reforma de la plaza de España, la reconversión de los recintos de la Casa de Campo en sede policial (15,4 millones hasta 2017), el traslado de un parque de bomberos (2,7 millones hasta 2015) para hacer un hotel de lujo en la plaza Mayor, y la nueva sede de Asuntos Sociales (6,1 millones). Sigue empantanada la catedral de Nuevas Tecnologías y la obra del paseo de la Dirección.

Elefantes blancos. Madrid tiene elefantes blancos (edificios inútiles) pese a no haber tenido Juegos Olímpicos. Harían falta 1.500 millones para acabar lo que quedó a medias, y lo que se terminó (la Caja Mágica costó 294 millones) apenas sirve de nada. El Centro Acuático acumula siete años de retraso y un 40% de sobrecoste. Es un esqueleto a medias que nunca se terminará tal y como se diseñó. Y queda por solucionar (o sea, vender) el agujero del Centro de Convenciones de la Castellana, que ya ha costado 100 millones.

Turismo, vivienda y mendigos

El nuevo alcalde se encontrará en 2015 una Empresa Municipal de la Vivienda esquilmada: Botella paralizó la construcción de pisos sociales, y los que ya hay se están vendiendo a fondos de inversión a precio de saldo para sortear la quiebra de la sociedad. No mucho mejor marcha la empresa municipal de cultura y turismo. En lo que le queda de mandato, la alcaldesa podría privatizar el teatro Fernán-Gómez.

Y ya ha decidido poner en manos de un ente de mayoría privada la estrategia turística de Madrid. No tendrá tiempo, eso sí, de decidir el futuro de la empresa funeraria, que tiene como fecha de extinción el mes de septiembre de 2016.
En materia de seguridad, Botella ha abierto el proceso para elegir al nuevo inspector jefe de la Policía Municipal (el anterior, que dimitió hace días tras ser imputado en el caso Madrid Arena, estuvo siete años en el cargo), y dejará al próximo alcalde el pago de la previsible indemnización por responsabilidad civil por la tragedia. Además de la multa millonaria que la UE planea imponer por rebasar los límites de contaminación desde 2010.

Queda en el aire para estos meses el futuro del museo que el arquitecto Emilio Ambasz quiere levantar en un edificio municipal del paseo de Recoletos. Y la reforma integral de la plaza de España, que Botella pretende iniciar este mismo año aunque será costeada y llevada a cabo a partir de 2015.

Está por ver además si autoriza antes de dejar el cargo la reconversión del Palacio de Música en tienda de ropa.
El nuevo alcalde heredará, además, dos investigaciones judiciales por el abandono por parte del Ayuntamiento de sendos edificios históricos protegidos de su propiedad. Y tendrá que pensar además qué hacer con uno de ellos (el otro ya ha sido derribado), el palacio de la Duquesa de Sueca, arruinado por la desidia municipal, y sin destino conocido.
El sucesor de Botella se encontrará además con que buena parte de los aparcamientos públicos para residentes se han vendido a los vecinos que tienen ahora sus plazas en concesión. La alcaldesa aprobará también, en sus últimos meses de mandato, una ordenanza de convivencia que prohibirá la mendicidad junto a colegios y mercados y multará a los clientes de prostitutas.

Lo que no podrá cumplir de ninguna forma es la promesa que hizo Gallardón en mayo de 2011 de crear 150.000 empleos. Botella la refrendó al llegar a la alcaldía, pero hasta el momento ha crecido el paro.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 11.9.14
Foto: Alcaldesa Botella y exalcalde Gallardón - ayuntamiento



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