Valencia.- El fiscal pide cárcel para los cabecillas de Gürtel y solo inhabilitación para los políticos

Reír por no llorar. El desprestigio de la justicia está llegando a tal punto que hay que hacer un esfuerzo grande para no reírse (o llorar) de unas decisiones injustas y claramente politizadas, que van en perjuicio evidente de la inmensa mayoría de ciudadanos que contemplan asombrados como, una vez tras otra, los poderes judiciales se saltan sus propias normativas en aras de un partidismo exagerado. En la gran trama mafiosa Gürtel de la Comunidad Valenciana solo son acusados con cárcel los empresarios privados, mientras todos los altos políticos del PP involucrados se van 'de rositas'. Al final alguno pequeño caerá, pero no los grandes capos de la era Camps, que implicaba no solo a consejerías de la Generalitat sino también a Diputaciones, grandes municipios, etc. Al menos una veintena de ellos debería pasar una larga temporada 'a la sombra', pero la cómplice justicia dice que no le da la gana hacerlo. Así estamos con la corrupción en este país.
"LEVANTE* : La Fiscalía reclama sendas condenas de diez años de cárcel para los tres cabecillas de la trama Gürtel y penas de inhabilitación para los políticos procesados por los contratos adjudicados al grupo de Correa en las consellerias de Presidencia, Sanidad, Bienestar Social y Cultura y Deporte durante la etapa de Francisco Camps al frente del Consell. Anticorrupción exime de entrar en prisión a los políticos con mayores responsabilidades, como exconsellers o exsecretarios autonómicos o ex directores generales.

Reclama, por contra, condenas de hasta siete años de cárcel paras siete técnicos y cargos de menor perfil. Entre los gestores públicos que se enfrentan a penas de cárcel está la gerente de la Fundación la Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, para la que el fiscal pide cinco años y medio de prisión.

El fiscal Anticorrupción presentó ayer en el TSJ de Valencia su escrito de acusación contra los 27 procesados en la pieza quinta del caso Gürtel, que se centra en los contratos de la Generalitat con el grupo Correa a través de las empresas públicas Vaersa, Sepiva, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Sociedad Valenciana SAU, la Fundación la Luz de las Imágenes, la Sociedad Proyecto Cultural de Castelló o el Consell Valencià de l'Esport.

Según la Fiscalía, las adjudicaciones bajo sospecha pueden constituir los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsificación en documento mercantil, falsificación de documento oficial y malversación de caudales públicos. Anticorrupción acusa a 6 miembros del grupo Correa y a 21 personas vinculadas con la Generalitat entre diputados, exconseller ex altos cargos y funcionarios. El fiscal pide las penas de prisión más altas para el líder de la trama, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y su delegado comercial en Valencia, Álvaro Pérez «El Bigotes». Los tres están acusados de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, y podrían ser condenados a diez años de cárcel. Correa, Crespo y Pérez también están acusados en la pieza de los contratos de Fitur. El fiscal reclama por los contratos del certamen turístico diez años a Correa y El Bigotes y once para Crespo. Los otros tres integrantes de la red de Correa Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños podrían ser condenados a sendas penas de 7 años y 11 meses de prisión. Para el empleado de Orange Market José Manuel Vidal se piden 6 meses de cárcel.

Los principales políticos procesados se han librado de las peticiones de cárcel ya que no firmaron las resoluciones y solo están acusados de delitos de prevaricación administrativa. El fiscal pide nueve años de inhabilitación para la exconsellera de Bienestar Social Alicia de Miguel, ocho años de inhabilitación para el exconseller de Sanidad Manuel Cervera y siete años de inhabilitación para su sucesor en el cargo, Luis Rosado. Anticorrupción reclama para el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado David Serra nueve años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis.

El fiscal reclama dieciséis años de inhabilitación para la que fue directora de Promoción Institucional Dora Ibars por el montaje del pabellón de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de la Guía de la Comunicación y Memorias USB en 2004. Anticorrupción solicita prisión para siete técnicos y cargos medios. Se trata del ex director de Vaersa Miguel Bellver (siete años); el responsable de comunicación de Vaersa, Antonio Sanjuán (siete años); la jefa de sección de Territorio, Patricia Callaghan (tres años); el exasesor de Vaersa Fernando Tomás Font de Mora (tres años); el exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós (cuatro años y siete meses); la directora de la Luz de las Imágenes (cinco años y seis meses); y el exjefe de gabinete del Sepiva Enrique José Bort (cuatro años).


* Levante - R. FERRANDO/F. ARABÍ - 27.9.14
Foto: Valencia, trama Gürtel con Camps - elpais



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