Andalucía.- PSOE e IU llegan a un acuerdo para la regularización de 25.000 casas ilegales

Lo que se temía en Andalucía ha llegado finalmente, la coalición política que gobierna en la Junta ha vuelto a permitir nuevas 'regularizaciones' de viviendas ilegales. Si ya hace 2 años sacó un Decreto aprobando la legalización de unas 300.000 viviendas en suelo no urbanizable, ahora abunda en el tema con nuevas legalizaciones, modificando para ello la Ley de Ordenación andaluza. La caradura política no tiene límites, aunque tenga que saltarse toda la normativa urbanística existente, dejando así en papel mojado todo lo que a partir de ahora suceda ya que existe este precedente imperdonable. Demasiadas presiones de los delincuentes urbanísticos y una manga ancha delictiva (tal vez con sobres por medio), han llevado a consumar este grave atentado contra el Territorio que, una vez más, pagarán las generaciones futuras. Esperemos que pronto se renueve esta bazofia política que permite tales desmanes públicos 'interesadamente'.
"ELPAÍS* : PSOE e IU han cerrado un acuerdo para modificar la ley urbanística andaluza. Se trata de permitir la regularización de unas 25.000 casas ilegales que no pudieron acogerse al decreto que la Junta aprobó en 2012 para normalizar la situación de decenas de miles de viviendas levantadas en suelos no urbanizables. La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, anunció en el debate del estado de la comunidad una modificación de la LOUA para dar una salida a esas 25.000 edificaciones.

Pero sus socios de IU votaron en contra de la propuesta en el Parlamento.

Desde un principio, los dirigentes de la federación de izquierdas dejaron entrever que era un problema más de formas de que fondo, con lo que había recorrido para el acuerdo. Y así ha sido. Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el próximo martes un anteproyecto de ley para modificar la LOUA. Permitirá la regularización de las casas levantadas en pequeñas parcelaciones —divisiones de suelos no urbanizables— que hasta ahora tenían imposible normalizar su situación debido al artículo 185 de la ley urbanística andaluza, que declara imprescindible la parcelación de un terreno rústico.

En la negociación, IU ha pedido que la modificación de la normativa haga mención expresa a que sólo podrán regularizar su situación las edificaciones de carácter residencial, según informan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento y la Consejería de Fomento (en manos de IU) han sido los que han negociado el cambio de la LOUA, que se cerró el viernes pasado.

En el anteproyecto que se aprobará la semana que viene también se obligará a los Ayuntamientos a que en los próximos dos años den los pasos necesarios, que se fijaban en el decreto de 2012, para identificar y regularizar la situación de las urbanizaciones ilegales que existan en su término municipal. El decreto de hace dos años ha tenido una bajísima aplicación, entre otros motivos, por la lentitud de los Consistorios a la hora de aplicar los cambios en su normativa. Para que se iniciara el proceso hacía falta que los Ayuntamientos incluyeran en su planeamiento los asentamientos y hábitats diseminados. De los 772 municipios andaluces, 108 han empezado ese trámite.

Los avances, como se llama ese trámite, están listos sólo en 60 localidades. En el cambio acordado ahora entre PSOE e IU Se fija que si transcurridos dos años los alcaldes no tienen listos los avances, la Junta "podrá asumir esa competencia municipal", detallaron ayer fuentes del Gobierno andaluz.

Fuera de todo ese proceso se quedaron las parcelaciones aisladas, que son las que ahora encontrarán una salida. El problema afecta de forma especial al levante almeriense y a la comarca de la Axarquía malagueña. Y muchas de esas casas estaban en manos de británicos, lo que ha provocado que la embajada del Reino Unido haya mantenido varias reuniones con la Junta para abordar este asunto.


* El País - Manuel Planelles - 4.10.14
Foto: Axarquía (Málaga), vista diseminados - wikimedia.org

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El juez levanta la imputación de doce excargos de Adif por el accidente de Santiago

Otra vez la lamentable actuación judicial, teñida de política partidista, sale a la luz en el caso del accidente del AVE (Alvia) Ourense-Santiago donde murieron unas 80 personas en julio de 2013. La justicia ha sentenciado que el único imputado sea el maquinista del tren, mientras salva a 12 imputados de la empresa pública ADIF y, por supuesto, a los responsables políticos del ministerio de Fomento, con la ministra A.Pastor a la cabeza. La gravedad de este accidente queda diluida así en un despiste del maquinista, frente a la evidente responsabilidad técnica de un tramo mal señalizado, en pésimas condiciones y que nunca debería haber entrado en funcionamiento en ese estado. Pero así suele ocurrir siempre en este país y los poderosos políticos se siguen salvando de sus hechos chapuceros, por no decir delictivos, frente a la gran mayoría que lo observa indignada.
"ELDIARIO* : El maquinista del Alvia que descarriló en 2013 en Santiago vuelve a ser el único imputado por esta tragedia ferroviaria, toda vez que la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce ex cargos de Adif, informaron fuentes judiciales.

Ninguna de estas personas que formaban parte de la cúpula de esta empresa pública en 2011, cuando se puso en servicio la línea entre Santiago y Ourense en la que se accidentó el tren que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, llegó a prestar declaración ante el magistrado instructor de la causa.

Los argumentos esgrimidos por todos ellos para no declarar fueron que todavía permanecían sin resolver por la Audiencia Provincial los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra sus imputaciones, y que sus letrados no contaron con el tiempo necesario para leer el sumario.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo es en este momento, y de nuevo, el único imputado, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, ya en otra ocasión, exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.

El auto con el que el órgano de apelación levantó entonces la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.


* El Diario - EFE - 8.10.14
Foto: Santiago de Compostela, tren curva accidente - EFE

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