El concejal de Urbanismo de Marbella declarará como imputado por no paralizar una obra a pie de playa

Evidentemente la corrupción urbanística actual en Marbella no es comparable a la existente hace unos años, lo cual no significa que el nuevo gobierno 'popular' no continúe con esa lacra social que ha transformado para mal la famosa ciudad. Ahora se trata de una serie de construcciones irregulares para un club realizadas sobre una superficie de más de 500 metros cuadrados a pie de playa. Gracias a un informe técnico se descubrió esta ilegalidad urbanística ya que no poseían licencia municipal para ello, pero el ayuntamiento no paralizó la obra con lo que el concejal quedó al descubierto. Además se encuentra dentro de la zona de protección del dominio público marítimo terrestre, al estar lindando con la playa y con zona de servidumbre de tránsito. Demasiadas ilegalidades sospechosas.
"SUR* : Un juzgado de Marbella ha abierto diligencias contra el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, tras una denuncia que lo acusa de no haber actuado contra una obra supuestamente ejecutada sin licencia para construir un club de playa. El edil ha sido citado a declarar para finales de este mes en calidad de imputado.

La causa tiene su origen en un informe elaborado por técnicos de la delegación de Urbanismo tras la inspección realizada el pasado 16 de abril sobre unas obras realizadas en la zona de ocio Funky Beach, en la playa de El Pinillo, para la instalación de pérgolas, la construcción de una estructura de unos 200 metros cuadrados y la excavación para una piscina, que finalmente también se acabó construyendo sobre una superficie de 560 metros cuadrados.

Tras esta inspección, dos semanas después se levantó un acta, y el Servicio de Disciplina Urbanística emitió sendos informes técnicos el 25 y el 30 de abril en los que se advertía de la presunta ilegalidad en la que se estaba incurriendo.

Un informe jurídico elaborado también en el área de urbanismo advirtió posteriormente de que si bien las obras de demolición detectadas en las inspecciones contaban con licencia de obras, la instalación de las pérgolas se había ejecutado sin permiso.

El suelo afectado por esta actuación se encuentra clasificado como no urbanizable de especial protección y además está afectado por el límite de edificación por afección de carreteras e incluido en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

Este informe jurídico caracterizaba las obras como una infracción continuada, y señalaba que se debía proceder a «ordenar la reposición de la realidad física alterada».

Según la documentación que obra en el juzgado donde se han abierto diligencias, en el área de municipal de Urbanismo se llegó a redactar una orden de paralización de las obras. Esta resolución, sin firma del concejal, es la base de la denuncia en la que se afirma que el edil no actuó con diligencia para acabar con una ilegalidad.

Denuncia

El documento llegó de forma anónima al grupo municipal socialista, cuyo representante legal presentó el pasado 11 de agosto una denuncia ante la Fiscalía en la que se asegura que Moro se abstuvo de cumplir con su deber como cargo público «beneficiando objetivamente a los propietarios del establecimiento infractor e incurriendo con ello en hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de cohecho y prevaricación». En opinión de los denunciantes, hay una inactividad flagrante por parte del concejal de Urbanismo. Posteriormente, el fiscal dio traslado al juzgado.

Consultado por este periódico, Pablo Moro aseguró ayer que su departamento tramitó no una sino dos órdenes de paralización de las obras, y que la querella tiene por ello «una base absurda». En relación al citado documento, al que no ha tenido acceso, sostiene que puede tratarse de una de las dos órdenes que firmó y que pudieron ser copiadas antes de que pusiera su rúbrica al pie.

El edil indicó que como consecuencia del seguimiento de estas obras que se hizo desde el departamento de Disciplina Urbanística, se ordenó una primera paralización, se demolió una parte de las obras y se permitió seguir adelante una vez que la actuación contó con los permisos necesarios.

Moro atribuyó la querella a la «guerra sucia» y al «vale todo» con que en su opinión trabaja el grupo socialista, y explicó que se ha dado traslado al juzgado de todo el expediente, por lo que aseguró queuna vez que el juez analice toda la información la causa se acabará archivando.


* SUR - HÉCTOR BARBOTTA - 13.10.14
Foto: El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, y la alcaldesa - sur

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La Fiscalía ve indicios de delito en una expropiación en Gernika

El exedil de Urbanismo, de EA, del Ayuntamiento de Gernika (Vizcaya) fue imputado por su actuación de expropiación ilegal de un solar en la pasada legislatura, hace ya 7 años. A pesar de que el caso ya lleva unos 3 años en manos de la Fiscalía, hasta ahora no se ha sabido nada de las indagaciones judiciales, algo que resulta incomprensible y muestra una ocultación deliberada a la opinión pública. Las maniobras del ejecutivo gernikarra no quedaron ahí, ya que el fiscal identifica la posible comisión de un delito de falsedad documental por la alteración de los documentos oficiales con los que trataron de encauzar el proceso expropiatorio. Un turbio asunto urbanístico del que se debería haber informado antes y con detalle.
"DEIA* : Ha permanecido oculto en el Ayuntamiento de Gernika durante años, lejos del debate político y sin que los afectados hayan aireado el asunto. Sin embargo, esta semana ha salido a la luz una opaca actuación urbanística de la administración local en Santa Ana Goian. Con el exedil de Urbanismo de EA entre 2007 y 2011, Julen Galarza, imputado en el caso, y la posibilidad de que el asunto salpique a más responsables municipales en un futuro, un escrito de la Fiscalía ha avalado la existencia de indicios de la comisión de sendos delitos de expropiación ilegal y falsedad documental.

La denuncia del ministerio público, datado en 2011 pero del que se ha tenido conocimiento ahora, relata los hechos que rodearon la expropiación efectiva -que no legal- de un solar en la pasada legislatura. El germen del asunto, sin embargo, hay que buscarlo en el proyecto de urbanización y la ejecución de las obras de una parcela contigua, que hoy en día alberga viviendas. Tras pasar por otras instancias judiciales, actualmente se instruyen diligencias previas por la vía penal en el Juzgado de la villa.

Sin que los afectados fueran advertidos previamente, la Fiscalía apunta que fue en octubre de 2007 cuando el Ayuntamiento de Gernika “ocupó” unos terrenos que ya tenían dueño, y no solo los precisos para construir un muro de contención entre ambas parcelas -como definía el proyecto primigenio-, sino para habilitar unos taludes ajardinados “que ocupaban un mayor espacio, y por ende suponían una mayor ocupación”. La obra que ocupaba dichos terrenos concluyó “a mediados de 2008”.

Pero no fue hasta diciembre de 2009 cuando el Ayuntamiento trató de dar un barniz de legalidad a la ocupación. Y es entonces cuando entra en juego otro documento clave en el caso: el anexo II del proyecto de urbanización que, aunque a hechos ya consumados, incluyó cambios en el plan constructivo. De forma paralela también echa a andar un expediente de expropiación forzosa. Un decreto de alcaldía, un trámite que debe de realizar de puño y letra un primer edil, da luz verde a ambos actos administrativos.

Esos hechos tendrían “encaje en la figura de delito de expropiación ilegal”, apunta el ministerio público. No en vano, “se aprecia indiciariamente en la realización de las obras sobre un terreno cuya titularidad no era propia -aunque sí conocida- y todo ello al margen del procedimiento previsto”, apunta sobre una actuación administrativa que, “en todo caso, se inició una vez culminadas dichas obras”. Es más, la documentación aportada por el propio Ayuntamiento de Gernika, que en aquellos momentos estaba en manos de EA y la izquierda abertzale, también reconocería esa situación. La denuncia avala los intentos de los afectados por buscar soluciones al problema. Una propuesta de convenio les “fue entregada” en marzo de 2009, “esto es, mucho después de finalizadas las obras y antes del decreto” de alcaldía que abrió un proceso expropiatorio que hoy en día está en tela de juicio.

Las maniobras del Ejecutivo gernikarra no quedaron ahí, ya que la Fiscalía identifica la posible comisión de un delito de falsedad documental por la alteración de los documentos oficiales con los que trataron de encauzar el proceso expropiatorio. Y es que “a fin de dotar de una cobertura de legalidad a lo realizado, se procedió a antedatar” el citado anexo del proyecto de urbanización, indicando que su redacción había tenido lugar en 2007 -es decir, antes de la conclusión de la obra- cuando en realidad su redacción y posterior aprobación definitiva aconteció en 2009.

Igualmente, y a la vista de la documentación aportada por el Ayuntamiento en el procedimiento civil y en el proceso contencioso-administrativo que durante los últimos años se han seguido en diferentes tribunales, el ministerio público advierte de la existencia dos anexos II al proyecto de urbanización. Con diferencias apreciables “a simple vista” entre uno y otro documento del plan constructivo, pero que portaba una misma identificación, la Fiscalía apunta que la modificación podrían tener un fin concreto: “expropiar unos terrenos concretos y su capacidad o superficie”, pudiendo dar de esta forma soporte a la actuación del Consistorio de la localidad foral.

Hasta la fecha, y a pesar de que han sido varias las personas con responsabilidades durante los últimos diez años en el Consistorio gernikarra que han declarado en los tribunales -entre ellas el que hasta 2007 fuera edil de Urbanismo, Juan Félix Arejita, con el PNV-, tan solo está imputado un exconcejal, Julen Galarza. Permaneció en su cargo desde 2007 a 2011 con EA y, al poco de arrancar la presente legislatura con Bildu, abandonó su puesto.


* Denia - Imanol Fradua - 12.10.14
Foto: Espacio de Santa Ana Goian de donde arranca el litigio judicial que mantiene el Ayuntamiento de Gernika. (I.Fradua)

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