Galicia.- La Lei do Solo nace sin consenso como las 10 reformas anteriores

Desde 2002 en que se redactó la anterior Ley de Suelo, el urbanismo gallego ha sufrido una inestabilidad sin precedentes, debida a las numerosas reformas que se han ido introduciendo políticamente. Pues ahora aparece una nueva Ley y ocurre más de lo mismo. La incapacidad para llegar a acuerdos en un asunto tan fundamental como el Urbanismo es un lastre demasiado pesado para una autonomía tan fragmentada como la gallega, con 199 ayuntamientos menores de 5.000 habitantes que ocupan el 65% del territorio. El mayor conflicto está basado en la necesidad o no de que esos pequeños municipios tengan un Plan Básico dictado por la Xunta, ya que ahora va a resultar obligatorio, cuando algunos de esos municipios no parecen necesitarlo por su escasa actividad. El lío está servido.
"ELPAÍS* : La nueva Lei do Solo, llamada a dar estabilidad al urbanismo gallego tras 10 reformas parciales de la norma anterior, de 2002, nace también sin consenso, como la inmensa mayoría de los cambios que el PP y el bipartito PSOE-BNG fueron introduciendo en la última década. El nuevo texto incluye una novedosa figura, la del plan básico, dictado desde la Xunta para los municipios de menos de 5.000 habitantes incapaces de elaborar por sí solos un plan de urbanismo completo, único cambio que el PSOE acogía en principio favorablemente ya que liberaría también a sus alcaldes de la presión de sus vecinos y la trasladaría al Gobierno gallego.

Pero como en el resto de la nueva ley, tampoco en ese punto hay acuerdo ya que los socialistas quieren que sea cada ayuntamiento el que voluntariamente pida a la Xunta que le elabore ese plan básico mientras que en el texto que ayer expuso al público el Gobierno gallego se reserva para sí la capacidad de “promover” esos documentos aunque no se lo pidan los municipios.

En Galicia hay 199 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes que ocupan el 65% del territorio. La inmensa mayoría carece de plan de ordenación y tampoco registra una gran presión urbanística que les anime a elaborar uno. Otros, precisamente porque sí tienen esa presión, llevan años empantanados en la redacción de esos planes. Así que en principio alcaldes de todo color político ven bien que sea la Xunta la que asuma ese trabajo. Pero la discrepancia aparece en si lo debe hacer por iniciativa propia o solo si se lo pide el ayuntamiento en cuestión. Hace seis meses, el portavoz popular en materia de urbanismo, Román Rodríguez, se mostraba favorable a que fuese cada ayuntamiento el que solicitase a la Xunta un plan básico y su homólogo socialista, Xosé Sánchez Bugallo, mostró su apoyo a esa nueva figura. Pero el texto final que la Xunta ha expuesto al público amenaza con torpedear ese acercamiento. “La consellería competente en materia de urbanismo promoverá la redacción de los planes básicos”, dice el documento, que a continuación limita la actuación municipal a presentar alegaciones a ese plan autonómico.

Esa redacción ha cogido por sorpresa al grupo parlamentario popular mientras que ha provocado el rechazo inmediato del PSdeG. “Es una ley expropiatoria de competencias municipales”, dijo ayer Bugallo, que solo aceptaría ese trasvase de competencias de los ayuntamientos a la Xunta si es “voluntariamente”. En AGE y BNG esa figura nunca ha gustado ya que consideran que al dejar en manos de la Xunta los planes urbanísticos se dificulta la transparencia y la participación de los ciudadanos.

Al margen de esa medida, el PSdeG critica especialmente que la nueva ley desprotege el suelo rústico, todo aquel que aún no ha sufrido transformación urbanística y que debe ser preservado así, y en especial el que está destinado a actividades agropecuarias. Por el contrario, la Xunta y el PP destacan que la simplificación normativa de la nueva ley facilitará el desarrollo en esos terrenos de actividades económicas compatibles con la preservación de sus valores. En general, el socialista Bugallo considera que la norma no aporta grandes novedades sobre la ya existente sino que es un “hacer que hacemos” por parte de la Xunta, a la que pide que simplifique la redacción de los planes de urbanismo para que no supongan un obstáculo para los municipios.

La norma aún puede cambiar notablemente ya que, tras la actual exposición al público y las correcciones que pueda introducir la Xunta, el texto deberá ser debatido en el Parlamento antes de su aprobación. El Gobierno gallego, en todo caso, prevé que entre en vigor esta legislatura.


* El País - Davis Reinero - 13.10.14
Foto: Galicia, paisaje - flickr



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Piden cárcel para el exalcalde de Agrón por posible prevaricación urbanística

Otro caso más de urbanismo ilegal en la provincia de Granada. La fiscalía pide 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación para el exalcalde independiente de Agrón, G.López Romero, por un delito continuado de prevaricación urbanística. Se trata de la concesión de una licencia para construir un edificio, en 2006, sin informes técnicos positivos y sin proyecto visado como es reglamentario. Demasiadas irregularidades que vienen a demostrar la poca importancia que se le concede al Urbanismo desde muchos municipios, donde todo depende de decisiones de los políticos de turno, sabedores, además, de la lentitud y dejadez de la justicia para atajar estas ilegalidades 'de libro'.
"IDEAL* : La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzgará el próximo 28 de octubre el exalcalde de Agrón (Granada), Guillermo López Romero (Independientes por Agrón), por presuntamente permitir la construcción de un edificio que contravenía la normativa al respecto a sabiendas de su ilegalidad.

La Fiscalía le atribuye un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que le solicita tres años de prisión, diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y multa de 7.200 euros; o alternativamente un delito de prevaricación urbanística, con dos años de prisión y ocho de inhabilitación; o prevaricación ordinaria, con una pena de ocho años de inhabilitación.

En principio, el procesado iba a ser enjuiciado el 10 de diciembre del año pasado, pero la vista tuvo que ser aplazada 'sine die' al renunciar su abogado a representarlo, lo que llevó a la Audiencia a tener que esperar a una nueva designación de letrado para fijar nueva fecha, que finalmente se ha señalado para casi un año después.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el inculpado, en su condición de alcalde, concedió, en fecha 28 de diciembre de 2006, licencia para la construcción en dos calles del municipio una edificación con tipología de vivienda plurifamiliar (siete viviendas y trasteros), con bajo y dos alturas en una de ellas, y con bajo y tres alturas en la otra vía, a favor de la promotora 'La casona de Agrón'.

Lo hizo, según el fiscal, "sin el preceptivo informe jurídico" sobre la adecuación de la licencia a la legalidad urbanística vigente, contraviniendo así la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y sin la correspondiente presentación por parte de la promotora del proyecto básico y de ejecución oportunamente visado y firmado por el Colegio Oficial de Arquitectos, "a sabiendas de que con ello contravenía las garantías y normas aplicables".

Además, el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Diputación de Granada informó de la no adecuación del proyecto de edificación a la legalidad urbanística, recomendando como medida cautelar la paralización de las obras que se estaban ejecutando, en tanto no se adoptaran las medidas correctoras pertinentes destinadas a la restauración de la normativa.

Por ello, el alcalde acordó mediante decreto el 18 de febrero de 2008 la paralización de las obras, "imponiendo verbalmente" al mismo tiempo tanto al secretario del Ayuntamiento como a una auxiliar administrativa la no notificación de esa orden a los interesados.


* Ideal - EP - 28.9.14
Foto: Agrón (Granada)- ideal

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