El urbanismo pendiente de Santa Cruz de Tenerife

La confusión y los casos urbanísticos delictivos continúan en Santa Cruz, como si de otra cruz se tratara. En Ifara y Residencial Anaga existen en la actualidad 6 sentencias firmes de derribo que no se acaban de cumplir. Una de las viviendas en cuestión es propiedad del diputado nacional del PP, ML.Torres Herrera. Lógicamente, la mayoría de ciudadanos y la Plataforma contra el PGO de la capital tinerfeña consideran que existe parcialidad a la hora de hacer cumplir las sentencias de derribo. El problema viene ya de años atrás y además, después, se han seguido cometiendo más ilegalidades urbanas, con lo que ya llueve sobre mojado en este enclave céntrico y cotizado de la ciudad. Pero la corrupción municipal, junto a la débil y poco diligente justicia, están consiguiendo que el proceso de los derribos se eternice y no se vea el final de este turbio túnel urbanístico.
"CANARIASAHORA* : Nadie sabe muy bien dónde empieza el barrio de Ifara y dónde el de Residencial Anaga. Y la misma confusión parece existir entre promotores y responsables de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife a la hora de hacer cumplir la ley. En este ámbito se concentran desde hace años seis sentencias firmes de derribo que no se acaban de ejecutar.

Los problemas surgen por tratarse de un enclave en pendiente muy codiciado por unas vistas que los propietarios pagan a precio de oro. Sin embargo la construcción de otros edificios en sus propias narices y sin respetar las normas han implicado que en ocasiones este privilegio se vea mermado o reducido a cero. A partir de aquí surgen las denuncias y los fallos que en su mayor parte quedan luego en el aire.

La Plataforma en contra del Plan General de la capital tinerfeña ha criticado en varias ocasiones lo que está ocurriendo e incluso considera que no es casual que algunas de las viviendas sobre las que hay sentencias firmes sin cumplir sean de familiares de los antiguos redactores del Plan o de un diputado nacional del Partido Popular (PP). Durante los últimos años se han sucedido batallas judiciales que en todos los casos han ido a favor de los denunciantes y en contra de los denunciados. La posición de la Gerencia de Urbanismo no ha resultado demasiado clara y en no pocas ocasiones los juzgados han emitido sentencias dándole severos tirones de oreja o bien acusando al Ayuntamiento de clara inactividad a la hora de hacer cumplir la legalidad. En todos los casos se trata de irregularidades urbanísticas que tienen su origen a finales de la década de los años noventa.

Caso paradigmático es el fallo judicial sin posibilidades de recurso del Tribunal Supremo (TS) que obliga al derribo de cinco metros del edificio La Ninfa en Ifara. Años después de dictarse, se ha hecho lo posible e imposible para no darle cumplimiento. Y ha sido así hasta tal punto que en la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz ha imputado a los anteriores concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, y el ex gerente de Urbanismo, José Tomás Martín, por presuntamente incumplir el sentido de aquella resolución judicial. El fallo es inminente después de años de espera.

En concreto, mientras la sentencia del TS era clara al apuntar el derribo de cinco metros de este edificio por invadir un aparcamiento, finalmente el Ayuntamiento hizo una interpretación muy particular y procedió a cederle unos metros más al edificio o, lo que es lo mismo, a forzar la parcela sobre la que se levanta. El TS rechazó el recurso de casación interpuesto en su momento por Urbanismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordenaba esta demolición y que databa de diez años antes. Aunque el fallo es contundente también en un momento dado la Sala admite que no se les escapa "la posible dificultad técnica" de la demolición.

Por ello el Tribunal pidió al Ayuntamiento que a través de su servicio técnico presentase un proyecto de demolición, con especificaciones sobre la forma de realizarla, alcance y posibles efectos en la estructura del edificio. Durante años se produjo un baile de cifras sobre los metros que estaban afectados y que oscilaban desde los diez hasta los dos, pasando por cinco, que fue la cifra que finalmente dio por válida el TS tras realizar un peritaje. El Supremo descartó que se le hubiera causado indefensión a Urbanismo y además condenó a este organismo al pago de tres mil euros. Por si fuera poco este edificio es denunciado por los vecinos de la parte inferior ante la cíclica caída de piedras, sobre todo cuando llueve.

En Residencial Anaga los problemas se concentran en la calle Cornisa y más concretamente en los números 16, 17, 18 y 19 sobre las que penden sentencias firmes de demolición. Estas licencias fueron otorgadas por el actual diputado nacional del PP, Pablo Matos, cuando ejercía como concejal de Urbanismo. En el número 19 se encuentra el chalet de Manuel Luis Torres Herrera, destacado miembro del PP que ejerció de viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando se acabó esta casa a finales de los años noventa y diputado nacional en la actualidad.

Los problemas se iniciaron a principios de esta década, cuando el TSJC no sólo ratificó la necesidad de restaurar el orden urbanístico infringido sino que dio un tirón de orejas al Ayuntamiento por su pasividad a la hora de hacer respetar la legalidad en este ámbito. La correspondiente denuncia la presentó la empresa Administradora Patrimonial Radazul SL y un vecino. A mediados de la década se empieza a intentar encontrar alguna alternativa para legalizar estas obras.

La Unidad municipal de Edificación y Disciplina informó a principios de 1998 del proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas y un sótano. A finales del año Matos había considerado que el edificio estaba de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Parcial y le otorgó la licencia. Sin embargo, dos años después se realiza un informe donde se detecta el incumplimiento en uno de los muros del edificio. Se estima que tanto este error como otros del inmueble no son legalizables.

Urbanismo pudo comprobar que efectivamente la edificación no se ajustaba a lo establecido en el Plan Parcial del Centro Residencial Anaga y al PGO en vigor. Para legalizar la obra, además, es necesario llevar a cabo la demolición de los muros ejecutados que no se ajustan a la licencia concedida. En concreto, este lindero supera en cinco metros lo permitido. De forma automática se determinó que el inmueble estaba fuera de ordenación, dado que la edificación ejecutada no se ajustaba a lo establecido en los distintos planes.

Tanto en este caso como en otros más que se suceden también en el ámbito de Residencial Anaga, la Gerencia de Urbanismo había introducido en la versión del PGO de 2008 una cláusula indicando que, una vez aprobado el planeamiento, "se podrá instar la legalización del inmueble, siempre y cuando dicha opción sea posible conforme a las nuevas determinaciones de ordenación urbana".

Sobre una vivienda situada en la parcela 17 se emitió en su momento una sentencia que también apuntaba a la existencia de irregularidades en el edificio al entender que estaba fuera de ordenación ya que no se ajustaba a lo contenido en el PGO de Santa Cruz. Sin embargo otro fallo determinó que debía ejecutarse la demolición del inmueble, al menos en la parte que no cumple con la normativa. "Todo ello para llevar a su puro y debido efecto el cumplimiento de la declaración contenida en la sentencia" emitida entonces.

El caso de la parcela 18 en este ámbito repite casi matemáticamente los mismos perfiles. La licencia se solicitó en el año 1998. Se trataba de una vivienda unifamiliar de tres plantas y sótano y se concedió la correspondiente licencia. Sin embargo poco después se inició un expediente de Disciplina Urbanística para legalizar las obras que no estaban amparadas por la licencia municipal. Por esa misma época se presentó la primera denuncia.

Ya entonces Urbanismo estaba escaldada y alertó que se habían emitido sentencias por casos parecidos que habían concluido ordenando demoliciones. Y es que se comprobó que se habían realizado modificaciones sobre la licencia original. Poco después el Juzgado emite una sentencia que va en el mismo sentido que las anteriores de este ámbito. Así se repite el procedimiento para comprobar si se ha respetado la legalidad y la orden de dejar sin efectos los acuerdos plenarios para legalizar el inmueble.

Paradigmático es también lo ocurrido con la vivienda situada en la parcela 16 de Residencial Anaga. En este caso, la licencia se solicitó en el año 1996 y se trataba de un inmueble de dos plantas con sótano, ocupando una superficie total de 528 metros cuadrados. En principio la Gerencia de Urbanismo concedió la correspondiente licencia. Sin embargo posteriormente se llevaron a cabo unas obras de ampliación que fueron informadas desfavorablemente. De forma paralela se presenta una denuncia ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 que obliga a comprobar la situación del inmueble en cuanto a los muros de contención, alturas, volumetrías y ocupación de la parcela. La propia Gerencia comprobó que efectivamente se había infringido la normativa.

Dos demoliciones por el camino

Dos dolorosas demoliciones son las que se han quedado por el camino en la historia de Residencial Anaga. La primera es la de la vivienda conocida como la casa Roja y la otra, el edificio Mogán. En el primer caso se trataba de un chalet que incumplió determinadas normas en la altura de los muros. Fue denunciado por los vecinos y finalmente los tribunales le dieron la razón. Sus propietarios iniciaron entonces una denuncia pública al considerar que habían sido objeto de discriminación. Lo cierto es que todos los fallos admitieron que efectivamente se concedió en su momento una licencia que luego no se ajustó a las normas de este entorno.

La Gerencia de Urbanismo se comprometió a abonarles una indemnización, pagarles la redacción del nuevo proyecto, les entregó unos 150.000 euros para construir la nueva casa y otra licencia. Curiosamente, aunque todo el mundo daba por hecho que iban a ganar en los tribunales lo cierto es que su incursión en este terreno no resultó demasiado favorable. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) indicaron que la responsabilidad del Ayuntamiento se limitó hasta el momento en el que anunciaron la paralización de las obras. De esta manera la cantidad a abonar era notablemente inferior que si se hubiese tenido en cuenta todo el procedimiento.

En este entorno se situaba también el edificio Mogán que igualmente bloqueaba las vistas de sus vecinos. El Ayuntamiento procedió a su derribo y a través de una sentencia del TSJC le abonó a su propietario más de 300.000 euros a lo que habría que sumar otro tanto de intereses. Esta cantidad, no obstante, resultaba notablemente inferior a los tres millones que reclamaban los propietarios, la empresa Brevala SA pero muy superior a los doscientos mil euros que había calculado el Ayuntamiento. El derribo se hizo efectivo en el año 2006.

Geriátrico

Como un “calvario judicial” definió el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la lucha que durante años entablaron los vecinos de Ifara en contra de un geriátrico. El Consejo Consultivo de Canarias emitió recientemente su preceptivo informe en el que avala la anulación de las licencias que permitieron la construcción de este edificio por incumplirse las determinaciones del Plan General de Ordenación (PGO) y superarse con creces la edificabilidad. Hasta ahora todas las batallas judiciales han sido ganadas por los vecinos pero de poco ha servido ya que al final las sentencias no se han llegado a cumplir. Por ello el TSJC a principios de año reprochó a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz por su desinterés en aplicar los fallos judiciales.

Los vecinos han venido defendiendo desde hace años que la mitad del inmueble tendrá que ser demolido y así lo han avalado también los tribunales, informes del propio Ayuntamiento y luego el Consejo Consultivo. En todos los casos se ha determinado que las licencias otorgadas en el año 2003 para construir este inmueble son "disconformes" con el PGO. Con el fin de legalizar el edificio se otorgaron posteriormente otras autorizaciones en 2008 y 2009 que también deben ser anuladas según el Consejo. En caso de concretarse el derribo, el Ayuntamiento de Santa Cruz podría verse obligado a desembolsar cantidades millonarias a la empresa propietaria, Residencias Atlántidas S.A.

Pero cuando parecía que por fin los elementos se ponían del lado de los vecinos desde la Gerencia de Urbanismo se acaba de emitir un informe en el que se viene a decir que el dictamen del Consultivo carece de validez. La abogada interpreta que sería absurdo ir contra una resolución dictada por la propia Gerencia y limita los problemas a la planta alta del inmueble. Pero se niega en todo momento que se pueda hablar de ilegalidad alguna.


* El Diario - Canarias Ahora - Noé Ramón - 19.10.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, perfil centro - canarias ahora



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Antequera.- El anillo fantasma: un audaz proyecto ferroviario… en vía muerta

Continuando con los despilfarros delictivos en infraestructuras, un caso ejemplar es el del anillo ferroviario del AVE en Antequera (Málaga), una especie de circuito de pruebas donde se iban a alcanzar las mayores velocidades del planeta. Una idea desmesurada que se basaba, sobre todo, en fondos europeos para su realización, ya que la iniciativa privada no estaba muy interesada. Pero, una vez más, las contradicciones y el juego sucio político echó por tierra el proyecto destinado a dar un empujón a una comarca bastante deprimida. La Junta de Andalucía trató de buscar una solución utilizando otros tramos ferroviarios alternativos, pero el Gobierno 'popular' se negó tajantemente, con lo que la suerte estaba echada para los 380 millones del coste inicial de la obra y los 7.000 empleos prometidos (4.800 directos).
"ANA ISABEL CERRO* : El príncipe azul resultó ser una rana. El anillo ferroviario de Antequera iba a ser el mayor circuito de pruebas de trenes del mundo. No uno de los mayores, sino el mayor. En él se iban a alcanzar 500 kilómetros por hora, ríase de los apenas 250 de los anillos de Wildernrath o Transrapid Emsland (Alemania), Valenciennes (Francia), Pueblo (Colorado, EEUU), Old Dalby (Gran Bretaña), Shcherbinka (Rusia) o Velim (Chequia). Porque nadie le tose a España cuando se habla de AVE. El anillo, tal y como lo presentó el Gobierno en 2010, cuando aprobó el proyecto, iba a crear más de 7.000 empleos. No unos miles, ni siquiera alrededor de 7.000, sino exactamente 7.204, de los que 4.800 serían directos y 2.404 indirectos.

En fin, una maravilla: empleo, I+D+i, liderazgo mundial en AVE, economía del conocimiento con valor añadido… Se agotan los adjetivos para definir el proyecto, perfecto salvo por un detalle: no existe. Y de momento no tiene visos de convertirse en realidad. Es más, el anillo lleva camino de convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno central.

EL SOCIO QUE NUNCA LLEGÓ

Ni el PSOE, padre del proyecto cuando dirigía el Ministerio de Fomento, ni el PP, actual partido en el Gobierno y que siempre lo ha defendido, dan por enterrado el megaproyecto. El Gobierno no dice ni mu, si acaso (y a media voz) mantiene viva la expectativa a la espera de que aparezca un supuesto socio privado que salvaría los muebles en el último minuto.

Oficialmente, el anillo de Antequera sigue siendo un proyecto viable que está “en fase de expropiaciones”, lo cual explicaría su aparente parálisis. Es incómodo dar carpetazo a un proyecto cuya inversión iba a ser en principio de 344,45 millones, aunque más tarde la previsión creció (ya se sabe que prever inversiones es muy resultón y además sale barato) hasta los 380. Y más incómodo aún en una comarca, la de Antequera, castigada ya en el ámbito ferroviario por el bajo ritmo inversor del tramo Algeciras-Bobadilla del Corredor Mediterráneo.

Pero los hechos, no sólo el silencio del Gobierno, hablan tozudamente por sí solos del desinterés en el proyecto: en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al anillo le corresponde un cero rotundo. Un cero que por otra parte no supone ninguna sorpresa.

Y he aquí quizás la gran particularidad del caso del anillo ferroviario. Todo el mundo sabe que es inviable, porque para desarrollarse necesita el interés de las empresas privadas, y dicho interés actualmente no existe. La mejor prueba es que en la licitación del proyecto en 2013 no se presentó ninguna empresa. Demasiadas incógnitas, mucho riesgo. Nulo interés de las entidades financieras en avalar un jaleo semejante.

DOS PÁJAROS DE UN TIRO

Bueno, no todo el mundo ha permanecido de brazos cruzados ante la evidencia del fracaso del proyecto. El Gobierno andaluz ha intentado poner en la presente legislatura una cierta dosis de realismo. Lo ha hecho sin verbalizar que el proyecto está muerto, sobre todo porque el partido mayoritario en el Ejecutivo autonómico, el PSOE, está ligado en origen al anillo ferroviario y formalmente lo sigue reivindicando al Gobierno Rajoy, aunque ya con evidente falta de entusiasmo, con el aire mecánico de quien rellena el expediente.

El pasado mes de febrero, la Consejería de Fomento y Vivienda ofreció formalmente al Ministerio de Fomento el tramo Marchena-Antequera del AVE, construido por la Junta de Andalucía entre 2004 y 2008, y paralizado la legislatura pasada cuando el monstruo de la crisis dio definitivamente la cara. La idea era la siguiente: que el Gobierno, ya que no puede impulsar el anillo ferrovario, utilice el tramo Marchena-Antequera para ofrecer allí los ensayos, licitando el proyecto en esta plataforma, ya construida y que permite velocidades similares a las del anillo.

El departamento que dirige Elena Cortés (Izquierda Unida) pretendía con el ofrecimiento matar dos pájaros de un tiro: de un lado, dar utilidad al tramo del AVE andaluz, en el que se invirtieron 270 millones durante la década pasada y que es a día de hoy absolutamente inútil, y de otro lado evitar la pérdida de los más de 250 millones de euros que la Unión Europea ha asignado a España en concepto de I+D+i a través del anillo ferroviario de Antequera. Dichos fondos, de no estar ejecutado el proyecto el 31 de diciembre de 2015, se perderán, por corresponder al marco Feder 2007-2013.

QUÉ HACER PARA NO PERDER 250 MILLONES

La propuesta tuvo su intríngulis político en el seno del Gobierno andaluz, ya que hubo quien la interpretó como una enmienda indirecta de IU al proyecto de AVE andaluz del PSOE. Una especie de pellizco con mala uva entre socios. En Fomento y Vivienda niegan esta lectura. “Nuestro ofrecimiento es simplemente un acto de eficiencia. Evitamos perder fondos europeos y damos utilidad a una infraestructura ya construida. Miramos hacia delante, no hacia atrás”, argumenta Manuel García Peláez, delegado territorial de Fomento y Vivienda en Málaga.

La respuesta del PP y del propio Gobierno fue nítida desde que se conoció la propuesta en febrero de este año: no. Pese a que el tramo ofrecido coincide en dimensiones con el del anillo (77 kilómetros frente a 75) y permite velocidades superiores a 400 kilómetros por hora, el Gobierno desechó la idea de entrada y volvió a señalar que el anillo de los sueños no podía sustituirse por un parche. No hubo argumentación técnica alguna. Simplemente no, porque el anillo aún es posible, respondieron. Es más, Pastor llegó a afirmar que el Ministerio seguía en sus trece de licitar el proyecto ”lo antes posible”. Hace siete meses de eso. Y nada.

Desde que quedó negro sobre blanco que la propuesta de la Junta caía en saco roto, en marzo de 2014, no se ha movido un papel. No hay noticia de interés privado. Incluso la oposición social al anillo ha rebajado el tono, sabedora de que ha ganado de facto la batalla. Dicha plataforma, integrada fundamentalmente por agricultores y ecologistas y que cuenta con el apoyo de IU, siempre ha sostenido que el proyecto resta más de lo que suma. Sin haber impuesto de forma explícita sus tesis, sí han terminando venciendo de forma silenciosa con cada plazo incumplido por el proyecto. A día de hoy, es matemáticamente imposible que el Gobierno concluya el anillo el 31 de diciembre de 2015 aunque lo licitara hoy mismo y lo adjudicara en tiempo récord.

Un inmenso cadáver ferroviario

“Es un acto de irresponsabilidad que el Gobierno haya rechazado el ofrecimiento de la Consejería, que permitía que llegase a Andalucía el dinero europeo y generar empleo en el ámbito ferroviario aprovechando una infraestructura ya construida”, señala Manuel García Peláez, delegado territorial de Fomento y Vivienda en Málaga.

El PP ha preferido encastillarse en el ‘no‘ y, en una vuelta de tuerca, exige al Gobierno andaluz la terminación del tramo Sevilla-Antequera, al que pertenece el tramo ofrecido. Pero lo cierto es que aquel llamado AVE andaluz en quela Junta se embarcó en tiempos de bonanza no va a continuar, al menos a corto plazo. Es más, aparte de la propuesta de Cortés para dar uso al inmenso cadáver ferroviario, la única noticia que ha dado el AVE andaluz esta legislatura ha sido la devolución del crédito europeo a la Junta de 180 millones.

El día de la devolución la Junta se tragó un sapo tamaño AVE. Ahora el Gobierno central parece no querer tragarse un sapo tamaño anillo ferroviario. Y por eso guarda silencio, resistiéndose a enterrar formalmente el proyecto, y menos con las municipales a ojos vista. Pero no lo va a tener fácil. La Unión Europea, que cuando pone a funcionar su fría burocracia acreedora no se para en diplomacias electoralistas, ha hecho llegar al Gobierno central una petición de información, según ha publicado Málaga Hoy. Un “qué tal va mi anillo” que también contiene una advertencia: sin anillo, no hay millonada europea. “Ya advertimos que el empecinamiento del Gobierno y su negativa a nuestro ofrecimiento supondría perder más de 250 millones”, señala García Peláez, que insiste en que “la propuesta sigue en pie”. Quizás es lo único que sigue en pie en esta historia de castillos de naipes derribados el viento.


* Andaluces Diario - AI.Cerro - 18.10.14
Foto: Antequera (Málaga), proyecto anillo AVE - andaluces



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