Unos 80.000 vecinos de Madrid siguen a la espera de reformas prometidas en sus barrios

Otra ciudad que tampoco destaca por un urbanismo solidario y sostenible es la de Madrid, como es fácil de comprobar a poco que se mire en la periferia. Más de 80.000 vecinos de una decena de barrios padecen un abandono administrativo que les condena a padecer malas condiciones de habitabilidad en sus viviendas, entornos degradados y a convivir con la marginalidad. Así lo han denunciado los propios vecinos de la FRAVM y lo corroboran algunos profesionales. Probablemente ante las nuevas elecciones municipales habrá promesas de todo tipo, pero hay que constatar que esto ya ha ocurrido más veces y las promesas se quedan en humo año tras año, al tener poco interés los sucesivos gobiernos municipales en resolver estas cuestiones solidarias.
"ÁNGEL CALLEJA* : "El centro es un escaparate. El Ayuntamiento se preocupa de que esté arreglado, pero cuando vas a la periferia te encuentras los barrios abandonados, las infraviviendas y las chabolas". Para Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la ciudad "cohesionada" que Ana Botella vende no existe.

Según el recuento de la FRAVM, más de 80.000 vecinos de una decena de barrios padecen un abandono administrativo que les condena a padecer malas condiciones de habitabilidad en sus viviendas, entornos degradados y a convivir con la marginalidad.

En unos casos, los planes urbanísticos municipales para rehabilitar sus barrios se quedaron a medias, como ocurre en el Paseo de la Dirección o el antiguo Poblado Dirigido de Canillas. En el Barrio del Aeropuerto o la colonia Los Olivos apenas se ha pasado del papeleo.

A estos hay que unirles los núcleos que esperan que la administración regional responda a las promesas que les hizo en los tiempos de bonanza económica, como es el caso de la Colonia Experimental de Villaverde, la UVA de Hortaleza o la Cañada Real. "Además, la Comunidad adeuda las ayudas a la rehabilitación o la instalación de ascensores a miles de personas en Meseta de Orcasitas (Usera), San Agustín (Vallecas), San Ignacio de Loyola y Batán (Latina) o la Ciudad de los Ángeles (Villaverde)", añade Pérez. Aunque la mayoría de los casos se corresponden con alguna de las 145 "áreas vulnerables" a la exclusión social y económica identificados por el propio Ayuntamiento, la respuesta a las demandas es casi siempre la misma: en este momento, no hay dinero. Ahora bien, 48 millones del remanente de tesorería obtenido este año fueron a parar a obras en bibliotecas, centros municipales, calles o parques degradados.

"Ahora vienen las elecciones y oiremos promesas, por eso soy optimista en que las cosas van a salir adelante. Lo peor es que nos han mentido, ya no pueden hacernos más daño", se resigna Luis Romero, arquitecto y presidente de la asociación de propietarios del Paseo de la Dirección.

Barrios a la espera

Paseo de la Dirección (Tetuán) > 800 afectados directos y 10.000 vecinos en el entorno. Un paseo de dos kilómetros que bordea el Parque Rodríguez Sahagún. Su rehabilitación lleva prevista desde antes de los años 80. Gallardón adjudicó a la constructora Dragados (que cobraría mediante aprovechamientos urbanísticos) un plan para expropiar a familias que vivían en casas y edificios bajos, pero esta solo ha ejecutado un 20% debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Ana Botella ha desbloqueado las obras otorgando a la empresa el 90% de la edificabilidad de la zona a cambio de que construya un segundo edificio de realojo y acabe el ámbito, pero parte de las antiguas viviendas han sido ocupadas ilegalmente. El nuevo proyecto, que se iniciará "en unos días", según el Ayuntamiento, prevé 500 viviendas libres y 1.500 protegidas o de precio limitado, pero los vecinos ya no se fían.

UVA de Hortaleza (Hortaleza) > Esta Unidad Vecinal de Absorción se construyó en 1963 para acoger a los desalojados de los poblados de Ventas y La Elipa, que obstaculizaban la construcción de la M-30. El proyecto que en el pasado recibió un premio arquitectónico como "solución humana" al chabolismo es hoy una explanada de infraviviendas que convive junto a edificios nuevos. La Comunidad de Madrid prometió en 1994 que las derribaría y que entregaría casas nuevas a casi 1.200 personas, de las que solo la mitad han visto cumplido su sueño.

Colonia Experimental (Villaverde) > 200 implicados. Data de 1957, cuando la Obra Sindical del Hogar Franquista construyó 408 viviendas en 28 bloques. El Tribunal Superior de Justicia (TSJM) condenó en junio de 2005 al Instituto de la Vivienda a arreglar las deficiencias de seis de ellos, pero el Ejecutivo regional alega que carece de presupuesto y solo ha reformado uno de ellos. Los residentes padecen problemas de cimentación, de alcantarillado, basuras...

Barrio del Aeropuerto (Barajas) > 1.200 personas. Se levantó en los 60 para alojar a los peones y trabajadores del Aeropuerto de Barajas. Hoy está cercado por las carreteras M-14 y la A-2. En 2007, Gallardón se comprometió con los vecinos a sustituir 34 bloques con 567 viviendas por casas nuevas, equipamientos públicos, zonas verdes e instalaciones deportivas, pero nunca lo cumplió. Ahora espera que los vecinos paguen parte de los arreglos.

Colonia Los Olivos (Latina) > Unos 300 implicados directos y más de 4.000 indirectos. "El Ayuntamiento ha dado el primer paso para transformar la colonia", reza la nota de prensa del 6 de octubre de 2005. Urbanismo reconoce que las 329 viviendas que en su origen fueron "albergues para pobres" no cumplen los requisitos mínimos. Muchas de ellas han sido reocupadas pese a haberse tapiado por seguridad. La zona es conocida por las peleas y el menudeo de drogas. PSOE, IU y UPyD han denunciado la dejación municipal.

Poblado de Canillas (Hortaleza) > Del antiguo poblado de absorción donde obreros de la construcción, traperos y agricultores que abandonaban el campo convivían con militares y funcionarios solo queda un puñado de casas bajas. La última fase de realojos, que afecta a 63 familias y casi 200 personas, se encuentra paralizada desde 2010. Otros vecinos llevan más de 10 años disfrutando de sus nuevos pisos.

San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) > A pesar de que una parte del barrio se ha beneficiado de importantes trabajos de rehabilitación, los residentes continúan esperando un empujón estético y económico al resto del entorno, que comprende casi 8.000 viviendas de unos 18.000 vecinos. Actualmente es una de las zonas más baratas para encontrar piso en Madrid debido a su degradación.

Villaverde Bajo (Villaverde) > Comprende el sur del barrio de Los Rosales y el norte de Butarque donde viven unas 36.000 personas. La tipología de edificios de no más de tres alturas a los largo de calles estrechas en el entorno de las vías del Cercanías hace difícil el tratamiento de los espacios urbanos.

Cañada Real > Esperanza Aguirre anunció en marzo de 2009 que acabaría con la Cañada Real, el mayor asentamiento ilegal del sur de Europa, donde viven más de 8.000 personas, y que realojaría a todos los que tuvieran derecho, bien sobre el terreno, bien en pisos sociales. Casi cinco años después no se ha movido ni una piedra. En enero, los vecinos de este enclave que se extiende por Madrid, Coslada y Rivas tienen previsto iniciar acciones de protesta.


* 20 Minutos - AC - 29.12.14
Foto: Casas bajas, desalojadas primero y reocupadas después, en el Paseo de la Dirección (barrio Tetúan) - Jorge París

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Un juez investiga a la 'número 3' de Alicante por prevaricación urbanística

Habría qué preguntarse cómo los ciudadanos han permitido que la ciudad de Alicante sea un feudo de la mafia urbanística más dura del partido popular, con el perjuicio que eso ha generado para el municipio. Tras los años salvajes del imputado alcalde Alperi y la vergonzosa continuación de su discípula dimitida Castedo, la trama delictiva sigue con los imputados números dos y tres de la lista de alcaldables, A.Llorens y MG.Romeu. Esta última, como edil de Urbanismo, hizo caso omiso de la sentencia judicial del TSJCV al validar unos proyectos que habían sido rechazados por exceso de edificabilidad en 2006 en la playa de S.Juan.
"ELMUNDO* : Las denuncias instaladas en los juzgados golpean con fuerza contra la cúpula del Ayuntamiento de Alicante. Si el vicealcalde Andrés Llorens tiene un pie en el banquillo, ahora es la concejal de Urbanismo y número tres del Consistorio, Marta García Romeu, la que está en una situación judicial muy comprometida. Un juez de Alicante ha admitido a trámite una querella en su contra por prevaricación urbanística al considerar que hay indicios suficientes para investigar un asunto que pivota sobre unas obras sin licencia.

Estas pesquisas pueden situar a la edil al borde de la imputación.

En concreto, el magistrado investiga por qué Marta García Romeu firmó dos decretos en 2013 que validaban unos trabajos que el propio Ayuntamiento de Alicante y el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) habían rechazado porque había exceso de edificabilidad. El asunto es un tanto técnico y obedece, a grandes rasgos, al restablecimiento de la legalidad urbanística. En el año 2006, los vecinos de un edificio de la Playa de San Juan denunciaron las obras en uno de sus bajos. Caprabo solicitó al Consistorio una licencia de obra para construir un supermercado. Pero el bloque, según la querella, ya tenía entonces exceso de edificabilidad. Por eso, se paralizó la ejecución de la licencia. Sin embargo, Caprabo, siempre según el escrito al que ha dado curso el juez, ya había demolido la infraestructura.

El Ayuntamiento alegó entonces que que el promotor no había solicitado el derribo y entonces Caprabo pidió esa licencia. Sin embargo, los técnicos municipales reiteraron que no procedía; que nada se podía hacer puesto que el edificio tenía exceso de edificabilidad y, por tanto, lo que planteaba la empresa quedaba fuera de ordenación.

Además, los técnicos solicitaban a la sociedad que restableciera la parcela para dejarla en buen estado. El promotor decidió entonces demandar al Ayuntamiento de Alicante. En ese momento, la comunidad de propietarios y el Consistorio iban de la mano, pues los vecinos lo apoyaban. Fue una primera victoria, pues el juzgado desestimó el recurso del empresario que, sin embargo, no se dio por vencido. Elevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia valenciano, cuyos magistrados confirmaron la decisión del juez alicantino.

Pese a todo, relata la querella, la empresa siguió con las obras y realizó una segunda planta, algo que motivó una nueva denuncia de los vecinos. El Consistorio emitió dos decretos en el año 2013 de paralización y demolición de los trabajos pero lo hizo respecto de esa segunda altura. Incomprensiblemente concluyó que la primera estaba respaldada por una licencia, cuando precisamente fue sobre esa planta baja sobre la que se pronunciaron los técnicos municipales, el juez de Alicante y el Alto Tribunal autonómico.

Ambos decretos de 2013 fueron redactados por un técnico y rubricados por Marta García Romeu. Los vecinos presentaron una querella contra el trabajador municipal y contra la edil de Urbanismo al considerar que habían incurrido en un delito de prevaricación urbanística.

El pasado 10 de noviembre y tras estudiar el escrito, el magistrado decidió abrir diligencias de investigación. Ya ha pedido al Ayuntamiento que remita los expedientes administrativos.


* El Mundo - Gema Peñalosa - 27.12.14
Foto: Alicante, ayuntamiento - alicante-ayto.es

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