Fiscalía pide imputar al jefe de Urbanismo de Alicante en Brugal

El jefe de Urbanismo de Alicante, JL.Ortuño, ha sido uno de los capos en los casos de corrupción en los que está inmersa la ciudad bajo el mandato de la 'popular', recién cesada, S.Castedo. Es pieza clave en el caso 'Brugal' y, en concreto, en el Plan Rabassa por favorecer al mafioso empresario E.Ortiz. Y es que, evidentemente, toda corrupción urbanística tiene que tener detrás a unos técnicos (políticos) que avalen y den vía libre a la especulación más salvaje del territorio. No obstante, una vez más, hay que constatar la tardanza judicial inexplicable ya que se trata de un importante asunto urbano de hace ahora 5 años (cinco).
"ELPAÍS* : El fiscal Anticorrupción Felipe Briones pidió ayer la imputación en el caso Rabassa, una de las investigaciones del caso Brugal, por tráfico de influencias y prevaricación del jefe de servicio del Urbanismo de Alicante, José Luis Ortuño. El fiscal le considera “cooperador necesario” en la supuesta trama de intereses que se habría orquestado desde el Consistorio para favorecer al empresario Enrique Ortiz en la actuación urbanística del barrio de Rabassa, donde se pretendió la construcción de más de 13.000 viviendas y la implantación de una macrotienda Ikea.

El escrito presentado por el ministerio fiscal, basado en el informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, establece que Ortuño fue el técnico que dio luz verde a la construcción del plan urbanístico impulsado por el constructor y la exalcaldesa Sonia Castedo, también imputada por prevaricación y tráfico de influencias junto al Gerente de Urbanismo, Enrique Sanus y la jefa de los servicios jurídicos de Urbanismo, Isabel Campos.

Ortuño entró como primer testigo del caso en el juzgado de instrucción número 6 de Alicante y salió con un pie en la imputación después de que el juez Juan Carlos Cerón suspendiera su declaración para tomar en consideración el escrito del fiscal. La imputación cerraría el círculo de la supuesta trama para favorecer a Ortiz desde las dependencias de Urbanismo. Sin la firma de Ortuño, sostiene el fiscal, no hubiera sido posible modificar el diseño del área de Rabassa para encajar la tienda de Ikea.

En el informe policial se constata que en enero de 2010 existió una voluntad por sacar adelante un proyecto que estaba suspendido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano al no tener garantizadas ni el agua para las miles de viviendas previstas, además de haber sido elaborado al margen del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

Rabassa ha sido la tumba política de Castedo, que declarará el próximo día 16. En los inicios del proyecto, que se remontan hasta el 2008, el plan iba a albergar esta macrourbanización contra la que se movilizaron asociaciones medioambientales y hasta se creó una plataforma ciudadana. Desde el Ayuntamiento se intentó endulzar el proyecto anunciando que de esas 13.500 viviendas, 8.000 serían de protección oficial.

La policía, a lo largo de toda la investigación, ha sospechado que el proyecto urbanístico era una pantalla para instalar Ikea en Rabassa. En los anexos del informe policial constaba un contrato firmado por la multinacional sueca con Ortiz para que este cobrara una una suma superior a los 90 millones por la instalación de una tienda de muebles contra la que también se ha expresado el comercio local. Según se entiende en las escuchas policiales que sostienen el caso, Ortiz cobró esa cantidad.

El caso Rabassa es una pieza separada de la instrucción que lleva a cabo otro juzgado alicantino, centrado en una investigación sobre la totalidad del urbanismo alicantino. Ambas causas nacen con el caso Brugal, que proviene de unas supuestas corruptelas en Orihuela entorno a la gestión de la basura y que llegaron hasta el urbanismo de Alicante.


* El País - RUBÉN ESQUITINO - 9.1.15
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org

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El exfiscal Villarejo dice que la justicia es “complaciente” con la corrupción

El exfiscal general Anticorrupción entre 1995-2003, que fue cesado por Aznar, tiene una larga trayectoria en la lucha contra la corrupción en este país, sus opiniones son, por lo tanto, certeras e instructivas desde su posición apartada ya de cargos laborales. Ha criticado innumerables veces la complicidad y debilidad judicial con la creciente corrupción, como ha vuelto a hacer días pasados sobre el asunto mafioso de la familia Pujol en Cataluña. El caso del vaciado delictivo y la quiebra de Banca Catalana es uno de los más turbios ocurridos durante el mandato del expresident.
"ELPAÍS* : "Culpables, millonarios, e impunes". El exfiscal Carlos Jiménez Villarejo ha hecho suyo este viernes en el Parlament el título de un escrito jurídico reciente para describir la corrupción política y económica y sus consecuencias. "El poder judicial es complaciente y débil" con esas prácticas, ha asegurado el que fuera fiscal jefe de Cataluña y de la Fiscalía Anticorrupción, durante su intervención en la comisión que investiga el fraude fiscal de Jordi Pujol.

Villarejo ha recordado la ristra de asuntos de corrupción que ha investigado durante su carrera profesional, muchos de ellos vinculados al Gobierno de la Generalitat gobernada por Jordi Pujol, y ha dicho que la Fiscalía General del Estado vetó las investigaciones. El motivo era el "blindaje político", según sus palabras, que imperaba entonces entre el PSOE y CiU, socios políticos en el Congreso bajo el Gobierno de Felipe González.

"¿Jordi Pujol es un corrupto?", le ha preguntado el diputado de ICV Marc Vidal al exfiscal. "¿Cómo podemos calificar si no a Jordi Pujol que después de producir la quiebra de Banca Catalana con su gestión ocupó la Generalitat durante 23 años y se rodeó de personas que no eran un ejemplo de limpieza de la función pública?", ha respondido Jiménez Villarejo.

A renglón seguido se ha referido al caso Pretoria, que está a punto de sentar en el banquillo al exconsejero de Economía Macià Alavedra o a Lluís Prenafeta, exsecretario general de la Presidencia. O al caso de los avales de la CARIC para la reconversión industrial a fondo perdidos otorgados por la Generalitat, o las incompatibilidades profesionales que afectaron a Prenafeta.

Villarejo, que fue el fiscal que interrogó a Pujol tras la querella por el caso Banca Catalana, ha reiterado lo que ya dijo su compañero cuando acudió al Parlament: que Jordi Pujol cometió delito por contribuir al vaciado patrimonial de la entidad bancaria con una caja B, de espaldas a los accionistas y al Banco de España.

Pese a ello, el exfiscal ha denunciado la "actitud comprensiva" que tuvieron los jueces con esa actividad delictiva de Jordi Pujol, pues consideraron que el vaciado de Banca Catalana que protagonizaron los 24 directivos de la entidad, no fue sino un "desajuste contable".

"Los magistrados sabían perfectamente lo que hacían, incluso los que no se miraron el sumario", ha insistido Villarejo. "No tuvieron la más mínima curiosidad por saber qué fue de aquel proceso", ha dicho el exfiscal de los jueces para referirse a la actitud que tuvieron con el caso Banca Catalana. El exfiscal ha recordado que se prepararon copias con un resumen de la causa y que un grupo de jueces que no ha cuantificado, ni siquiera recogieron esos documentos. El Pleno de la Audiencia Territorial exculpó al presidente de la Generalitat por 33 votos contra ocho en noviembre de 1986.

Diversos diputados le han preguntado a Villarejo si existía relación entre la fortuna oculta por Jordi Pujol y su gestión como directivo de Banca Catalana. "No tengo elementos ni para negarlo ni para afirmarlo", ha respondido el exfiscal, si bien al cabo de una hora ha recomendado la lectura del sumario del caso para conocer al detalle el enriquecimiento que benefició al expresidente de la Generalitat y al resto de directivos.

La comparecencia de Villarejo ha durado más de tres horas y ha finalizado con una dura intervención de la diputada de CiU Mertixell Borràs, sobre la trayectoria profesional del exfiscal y que ha concluido afeándole que rechaza el derecho a decidir. Borràs ha llegado a preguntar al exfiscal porqué no dimitió de su cargo cuando la Fiscalía del Estado le vetó el recurso contra la exculpación de Jordi Pujol por el caso Banca Catalana, e incluso porqué no se querelló contra los jueces por prevaricación.

El exfiscal ha respondido que siempre ha intentado mantener la coherencia profesional, que pensaba continuar en la fiscalía porque pensaba que era la mejor manera de servir a los intereses de los ciudadanos en múltiples frentes y que "nunca, nadie", durante su carrera profesional ha cuestionado su trabajo.


* El País - Pere Ríos - 16.1.15
Foto: Jordi pujol, banca catalana- news

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