C.Valenciana.- El PP tiene medio centenar de imputados en cargos municipales

La corrupción urbanística entre los gobernantes del PP de la C.Valenciana es tan elevada que valdría titularla como aquella película del genial Berlanga: "Todos a la Cárcel". Algunos han caído ya ante la presión ciudadana, pero otros se resisten a abandonar su poltrona con lo que son poco creíbles las palabras de los dirigentes del partido acerca de una regeneración democrática. El resultado final lo pagan los propios vecinos de los municipios afectados que ven como sus localidades resultan perjudicadas urbanísticamente y no se satisface el principio de 'bien común' en su calidad cotidiana de vida. La lista de imputados es larga y a continuación solo se nombran los más conocidos.
"ELPAÍS* : La salida de los dos últimos imputados que resistían en las Cortes Valencianas le valió al presidente autonómico, Alberto Fabra, para sacar pecho por limpiar el Parlamento de diputados involucrados en causas de corrupción. El partido ha llegado a tener en el hemiciclo a 10 de sus miembros bajo acusación. “Tenía el compromiso de no tener imputados y no ha sido nada fácil”, dijo Fabra. La línea roja que ha aplicado en las Cortes se desdibuja cuando se desciende al ámbito municipal.

Once alcaldes del PP permanecen como cargo público pese a estar imputados en diferentes causas, no todas por delitos relacionados con la corrupción. Otros 40 concejales conservan sus puestos bajo la misma condición al verse envueltos en alguna causa o por haber avalado con su votación en pleno decisiones del partido que ahora investigan los jueces.

El PP se ha deshecho en Alicante de Sonia Castedo, que ha dimitido por sus imputaciones en los casos de corrupción urbanística Brugal y Rabassa. Otro gran caso, el de Emarsa, forzó en su día la dimisión del que fuera alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo. En Castellón, el alcalde Alfonso Bataller respira tranquilo tras archivarse su imputación en Gürtel. No está inculpado pero no puede descartarse que vuelva a estarlo Alfonso Grau, el vicealcalde de Valencia, por el caso Nóos, después de que el juez José Castro haya admitido a trámite el recurso de los socialistas reclamando su imputación.

En Alicante, el foco de la Justicia apunta al actual alcalde interino, Andrés Llorens, procesado en un juicio por la concesión de unas obras después de estar acabadas. El fiscal jefe pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación. El edil de Hacienda, Juan Seva, está a la espera de sentencia por la ruina del club de baloncesto Lucentum, del que el Ayuntamiento es socio mayoritario.

En Novelda continúa al frente de la alcaldía la popular Milagrosa Martínez, apartada de las Cortes, y para la que la fiscalía solicita 11 años de cárcel por su implicación en una de las piezas del caso Gürtel. Martínez llegó a ser consejera y presidenta del parlamento valenciano.

El caso Brugal ha sido el detonante de múltiples causas que se han esparcido por toda la provincia alicantina. En Orihuela, los dos últimos alcaldes del PP, José Manuel Medina y Mónica Lorente, están imputados por supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de residuos. Esta última mantiene su puesto de diputada provincial y concejal en el Consistorio. Lorente se enfrenta a tres casos, dos de ellos del Brugal. La mitad de la bancada municipal del PP de Orihuela está imputada en alguna causa (seis de 12). La edil se niega a dimitir y su desafío a las líneas rojas de Fabra fue avalado por la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, que defendió que la imputación no era motivo suficiente para ser excluido de las listas.

El negocio de la basura ha acabado también en Torrevieja con encausados. El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno Suárez, está pendiente de la apertura de juicio oral por permitir el uso de la planta de transferencias de basuras sin licencia. Otros dos ediles están en el ojo del huracán por el abuso de los teléfonos móviles municipales. Están imputados además el alcalde y el equipo de gobierno por presunto delito electoral. En La Nucía, el alcalde y todo su equipo están inculpados por pagar sueldos a quienes aprobaron una oposición anulada por el Tribunal de Justicia.

La provincia de Valencia cuenta, por su parte, con otros dos alcaldes imputados: el de Cullera, Ernesto Sanjuán (por autorizar el castillo de fuegos artificiales que desató un incendio) y la de Paterna, Elena Martínez (por irregularidades en la promoción de la Zona Franca), informa Ignacio Zafra.

En Castellón aparecen encausados cinco alcaldes. Francisco Martínez, regidor de la Vall d’Alba, es investigado por delitos relacionados con la corrupción tras descubrirse que, como diputado provincial, proyectó una depuradora en Borriol sobre terrenos familiares por los que iba a recibir 51.000 euros. Martínez fue destituido de forma fulminante como número dos de la Diputación en base a la doctrina Moliner (no habrá imputados por delitos de corrupción en los que se sospeche que pudo haber enriquecimiento personal en uso de su cargo), y tuvo que abandonar la institución provincial tras ser imputado, pero sigue de alcalde.

El alcalde de La Vall d’Uixó, Óscar Clavell, es objeto de una querella de la fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. Ejercía de alcalde accidental cuando autorizó el pago 706.789 euros a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y basuras a pesar de que los informes técnicos eran contrarios.

La alcaldesa de Benicàssim y diputada provincial, Susana Marqués, está imputada (junto a sus ocho ediles) por presunta prevaricación al pagar con fondos públicos la deuda de una sociedad de capital mixto. El regidor de Nules, Mario García, y el delegado de Urbanismo, tienen una causa abierta por presunta prevaricación al permitir edificaciones irregulares en una zona de protección especial.

El último alcalde que se suma a la lista es Rafael Calvo, regidor de Segorbe y tesorero del PP valenciano. Calvo acudió a declarar en diciembre por un presunto delito de prevaricación administrativa o desobediencia a la autoridad judicial por la aprobación de una ordenanza taurina que otorgaba los cadafales sin licitación previa. Junto a él está imputado el equipo de gobierno, entre ellos, Miguel Barrachina, vicepresidente provincial y secretario general del PP en Castellón.

Los barones provinciales de Alicante y Castellón, José Ciscar y Javier Moliner, ya han anunciado que apartarán a los imputados. El de Valencia, Alfonso Rus, ha manifestado en varias ocasiones que la imputación no es motivo de dimisión.


* El País - LORENA ORTEGA / RUBÉN ESQUITINO - 10.1.15
Foto: Valencia, Diputación - newslacostera.com

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Un polígono industrial fallido hunde las arcas del Ayuntamiento de O Pino

Continúan los municipios hundidos en la deuda por la especulación urbanística de sus gobernantes. Ahora es en el coruñés de O Pino donde se pagaron unos justiprecios ridículos por la expropiación de unos terrenos en lo que iba ser un gran polígono industrial. La tristemente conocida constructora 'Fadesa' era la beneficiaria de la operación ilegal, como más de 12 años (doce) más tarde ha sentenciado el tribunal de justicia, que obliga a estas alturas al Ayuntamiento a pagar el precio real de los terrenos no abonado en su día. Como se ve una serie de despropósitos urbanísticos que ahora deberán sufrir los vecinos del pueblo.
"ELPAÍS* : El desarrollo de suelo industrial de un millón de metros cuadrados que promovió el Ayuntamiento de O Pino (A Coruña) en 2003 ha quedado en un mero proyecto pero además ruinoso. En un fallo inapelable, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga ahora al gobierno municipal a pagar casi dos millones de euros (con costas e intereses de demora) a propietarios que recurrieron el justiprecio de las expropiaciones acordadas hace diez años para que la empresa Fadesa Inmobiliaria ejecutase el polígono industrial.

Después de un largo proceso judicial para los afectados, y mientras Fadesa se declaraba en concurso de acreedores, la justicia ha ido fallando a favor de los propietarios y ha desestimado el precio del metro cuadrado que dieron los técnicos municipales. El tribunal ha aceptado la propuesta del Xurado de Expropiación de Galicia que triplica la valoración del suelo expropiado que había acordado el Ayuntamiento en 2006.

Este pago inaplazable para el gobierno de O Pino, tras conocerse la sentencia de ejecución definitiva en octubre pasado, representa apenas un 1% de las expropiaciones que reclaman otros propietarios. Un escenario económicamente inasumible para el Ayuntamiento cuyo presupuesto es de 2,8 millones y que le llevaría a una situación de bancarrota.

De hecho, los beneficiarios de la sentencia del TSXG son propietarios de solo 70.000 metros cuadrados de un terreno en litigio que alcanza el millón de metros. Los restantes dueños reclamaron en su día el justiprecio pero no se admitió por extemporánea por lo que han promovido otra reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento que está en trámite de resolución en los tribunales.

El gran fiasco nació en 2002, cuando el pleno acordó incorporar al proyecto de Plan General que se estaba diseñando un sector para suelo industrial en terrenos de las parroquias de Castrofeito y Pereira, en las inmediaciones del aeropuerto santiagués de Lavacolla. Un año después se aprobó el planeamiento urbanístico que ya contemplaba el sistema de expropiación del suelo delimitado para uso industrial y comercial en el polígono. Las razones, en palabras del alcalde, el popular Manuel Taboada, eran que “la expropiación garantizaría de un modo más eficaz la urgente realización del polígono”.

En 2004 se cerró el acuerdo municipal para adjudicar el contrato para redacción y ejecución del plan parcial del polígono industrial a la entidad Fadesa Inmobiliaria, la única empresa que se presentó a concurso. Poco después vendrían los primeros problemas para el Ayuntamiento, cuando los propietarios de los terrenos interpusieron recursos de reposición contra la valoración de las expropiaciones de seis euros por metro cuadrado.

Este trámite fue resuelto con un acuerdo de la alcaldía por el que se rechazaron más del 90% de los escritos que impugnaban el precio fijado por metro cuadrado, alegando que eran “extemporáneos”, por lo que no se remitieron los expedientes al Xurado de Expropiación de Galicia. Al final solo se admitió a trámite la oposición de cinco propietarios que acabaron ganando la batalla al Ayuntamiento.

El arquitecto contratado por el Ayuntamiento para valorar los terrenos, Pablo Martín Fernández Castro, emitió seis meses después un informe favorable a sustituir el aval —que como garantía obligatoria debía prestar Fadesa en cumplimiento del pliego del concurso— por una carga hipotecaria, y tasaba el valor del suelo urbanizado en el citado polígono a 100,53 euros, dieciséis veces más.

Este mismo técnico, que también emitió los informes favorables al proyecto de expropiación y urbanización, fue nombrado arquitecto municipal en diciembre de 2009. Contra el alcalde y el arquitecto se abrieron diligencias en el juzgado de Arzúa por una denuncia contra la actuación de ambos en la fijación del justiprecio y por las obras de mejora ofertadas en el concurso de saneamiento y abastecimiento de Pereira y Castrofeito. Manuel Taboada y Pablo Martín tendrán que declarar de nuevo en el juzgado el 15 de febrero por esta causa.

Pagar por Fadesa

El juzgado de lo mercantil de A Coruña, en un auto de 24 de julio de 2008, declaró en concurso de acreedores a Martinsa-Fadesa, por lo que la construcción del polígono industrial de O Pino se vino abajo, dejando los terrenos como estaban y aparcando todos sus compromisos de obras de mejora por valor de 1,6 millones en las parroquias limítrofes. Personada al igual que el Ayuntamiento en el contencioso por el justiprecio de los terrenos, el tribunal dejó claro quién tendría que pagar los platos rotos.
“Debe ser la Administración expropiante, el Ayuntamiento de O Pino, la que asuma el pago en calidad de responsable subsidiario y sin perjuicio de los derechos que adquiera si paga por otro”, dice el fallo de la Sala presidida por el magistrado Ignacio Aranguren Pérez. “Porque no podemos olvidar que es el Ayuntamiento la Administración que expropia y no puede rehuir su obligación de pagar en defecto de aquel [Fadesa], justificándolo al amparo de una situación concursal de la beneficiaria que, como hemos visto, cualquiera que sea su futuro, nulo efecto debe producir para los afectados, más allá del retraso evidente en el cobro del justiprecio”, añade el tribunal.
Concluye la sentencia firme subrayando que el Ayuntamiento” es el garante porque tiene en todo momento el control del procedimiento expropiatorio: decide expropiar, lo hace por el procedimiento de urgencia y decide ejecutar el proyecto”.


* El País - Elisa Lois - 16.1.15
Foto: Estado en el que se encuentran actualmente los terrenos donde se iba a construir el polígono industrial de O Pino. / OSCAR CORRAL

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